El vertiginoso crecimiento de los monopatines eléctricos en las calles mendocinas abrió un nuevo debate en torno a la seguridad vial. Con el objetivo de ordenar su convivencia con peatones y automóviles, el diputado provincial Gustavo Perret (bloque PJ) presentó un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de la licencia de conducir para quienes utilicen este tipo de transportes sustentables.
La propuesta apunta directamente a modificar el artículo 22 de la Ley de Seguridad Vial. De aprobarse, los conductores de monopatines deberán contar con una licencia de conducir Clase A (en cualquiera de sus subcategorías habilitantes), equiparándolos con las exigencias actuales para motocicletas y ciclomotores.
Conocimiento de las normas y convivencia urbana
Entre los fundamentos de la iniciativa, se destaca que si bien la incorporación de estos vehículos representa una alternativa ágil y ecológica, su interacción diaria en el tránsito genera situaciones de riesgo que demandan una adecuada preparación.
"La exigencia de una licencia de conducir no persigue un fin meramente administrativo, sino que procura que los conductores acrediten conocimientos básicos sobre normas de tránsito, señalización, prioridades de paso, prevención de siniestros viales y convivencia en el espacio público", señala el texto presentado por Perret el pasado 19 de junio de 2026.
El proyecto aclara que Mendoza ya dio un paso previo con la Ley N.º 9333, la cual fijó límites de velocidad, edades mínimas y elementos de seguridad para los DMP, pero advierte que aún persiste un vacío legal respecto a la habilitación del conductor.
Para llevar tranquilidad a los usuarios, el autor del proyecto remarcó que la medida no implicará la creación de una nueva categoría de licencia ni sumará cargas administrativas extras para el Estado. Simplemente se busca incluir a los usuarios de monopatines en el régimen de habilitación técnica, física y psíquica que los municipios ya implementan para las motos.
El debate ahora quedará en manos de las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se evaluará el impacto de una norma que promete cambiar las reglas del juego para la nueva movilidad urbana.