A través de una resolución de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.R.E.) publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Mendoza aprobó la venta directa de un inmueble de su patrimonio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La operación inmobiliaria involucra a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), que adquirirá las oficinas y la cochera ubicadas en la calle San Martín 469/473 y 483 por un valor total de U$S 450.000, cifra coincidente con la tasación profesional realizada sobre el inmueble.
La transacción comercial se estructuró bajo un esquema de financiación en moneda extranjera y con escrituración diferida hasta la cancelación total de las obligaciones.
Las condiciones acordadas contemplan un anticipo de U$S 90.000. El remanente de U$S 360.000 se abonará en cuatro cuotas anuales de U$S 90.000. Dichas cuotas se liquidarán en pesos argentinos, calculados al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) al momento del efectivo pago.
La resolución también señala que la COMARB se hará cargo de forma inmediata de las deudas acumuladas por el inmueble en concepto de expensas, tributos y servicios, las cuales ascienden a la suma de $28.459.648,99.
En caso de mora, se aplicará de forma automática la tasa de cartera general del BNA y la Provincia retendrá la escrituración definitiva hasta que se complete el último pago.
Una venta de "Estado a Estado" para evitar la subasta
El inmueble en cuestión formaba parte de los activos residuales del ex Ente de Fondos Residuales (E.F.O.R.). Al encontrarse ocioso, sin un uso específico para la delegación provincial y con escasas probabilidades de colocarse de manera ventajosa en el mercado inmobiliario tradicional, el área técnica consideró la oferta sumamente conveniente para las arcas mendocinas.
Para concretar la operación, la Asesoría Letrada del Ministerio de Gobierno avaló apartarse de la regla general de enajenación mediante subasta pública. La excepción se encuadró legalmente en el artículo 144, inciso c), de la Ley de Administración Financiera N° 8.706, que faculta al Estado provincial a realizar contrataciones directas cuando las partes involucradas son organismos públicos o entidades con participación estatal, como lo es la COMARB en su carácter de ente interjurisdiccional.
De esta manera, la provincia no solo logra desprenderse de un costoso pasivo de mantenimiento mensual en Buenos Aires, sino que también asegura un ingreso genuino en divisas bajo condiciones financieras resguardadas.