Mendoza buscará regular la seguridad informática en el ámbito estatal a través de un proyecto de ley. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a miembros de su gabinete, expuso ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado los alcances del escrito que busca crear un marco integral de ciberseguridad para la administración pública provincial.
La iniciativa apunta a proteger las tecnologías de la información, independiente de los cambios de gestión. Según argumentaron las autoridades durante la presentación, el proceso de digitalización de los trámites y servicios estatales requiere establecer exigencias legales de resguardo para la infraestructura que sostiene prestaciones esenciales como la salud, la seguridad, la educación, el transporte y la energía.
El texto normativo contempla la obligatoriedad para los organismos públicos de identificar sus sistemas sensibles, evaluar riesgos, aplicar protocolos de seguridad e informar formalmente cualquier vulnerabilidad o incidente que detecten.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el objetivo primordial es minimizar el impacto de posibles ataques informáticos para evitar la parálisis de servicios como el sistema de emergencias 911, las plataformas de señalización vial o las bases de datos de hospitales públicos. Asimismo, la propuesta busca mitigar el riesgo de filtraciones de datos personales e historias clínicas de los ciudadanos, un factor que, según expusieron los funcionarios, suele ser utilizado posteriormente como insumo para la comisión de estafas y ciberdelitos.
Desde el aspecto técnico y legal, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, aclaró ante los legisladores que la propuesta no modifica el Código Penal ni el Código Procesal Penal, ya que no persigue la persecución penal del delito informático en sí, sino que se circunscribe a la gestión preventiva y a la defensa de los sistemas pertenecientes al sector público provincial.
Estructura técnica y registro de incidentes
El proyecto prevé la creación de un Comité Ejecutivo conformado por especialistas del ámbito informático del Gobierno provincial. Este organismo tendrá a su cargo la elaboración de un diagnóstico general del estado de las redes estatales y el diseño de un Plan Provincial de Ciberseguridad.
A su vez, la norma contempla la asignación de una autoridad de aplicación operativa de carácter técnico, que estará desvinculada de la administración directa de las bases de datos de los poderes u organismos públicos. Su función se limitará a la fiscalización y al establecimiento de estándares de custodia digital.
Según se detalló en el Senado, la eventual aprobación del proyecto no implicará un gasto presupuestario inmediato ni una transformación automática de los sistemas informáticos. La ley fija un esquema de implementación por etapas que comenzará con la conformación del comité, la elaboración del diagnóstico y la posterior formulación del plan de acción.
Una vez definido el plan técnico, el Ejecutivo evaluará la necesidad de contrataciones, incorporación de tecnología o asignación de partidas presupuestarias específicas para ejecutar las medidas defensivas. El texto continuará en análisis en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales antes de ser remitido al recinto para su tratamiento.
