La Cámara de Diputados archivó el pedido de juicio político contra Hebe Casado por el conflicto con Francia

Con 33 votos del oficialismo y sus aliados, la Cámara Baja rechazó la presentación impulsada por el jurista Miguel Mathus Escorihuela y un sector del radicalismo.

Miércoles, 22 de julio de 2026 a las 20:55

La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó y mandó al archivo el pedido de juicio político promovido contra la vicegobernadora Hebe Casado por la causal de "desorden de conducta". La presentación, que buscaba juzgar su responsabilidad en el conflicto diplomático generado tras sus declaraciones sobre la selección francesa de fútbol, no logró prosperar en el recinto tras el contundente rechazo del bloque oficialista y sus aliados.

El proyecto de resolución fue desestimado con 33 votos en contra aportados por Cambia Mendoza, con el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO. En contraposición, 11 integrantes de los bloques opositores votaron por habilitar el procedimiento institucional, mientras que se registraron tres ausencias durante la votación.

El planteo inicial había sido formulado por el jurista Miguel Mathus Escorihuela junto a un grupo de 12 dirigentes disidentes de la Unión Cívica Radical. En su escrito, los denunciantes sostenían que las expresiones de la presidenta del Senado afectaron directamente las relaciones internacionales de la provincia y provocaron un daño institucional de gravedad, luego de que la Embajada de Francia en Argentina decidiera declararla "persona non grata".

Durante la discusión en la Cámara Baja, los distintos bloques opositores coincidieron en la necesidad de dar curso al análisis del expediente en comisión y fundamentaron el impacto que la polémica generó en la proyección internacional del territorio mendocino.

Desde la bancada de Fuerza Patria, el diputado Lucas Ilardo cuestionó la postura de la funcionaria al señalar su resistencia a pedir disculpas públicas y advirtió sobre el costo político, comercial y cultural que el episodio representa para Mendoza. Ilardo enfatizó que el problema de fondo no radicó en señalar el origen de los futbolistas franceses, sino en sugerir una falta de pertenencia legítima a su país de adopción, postura que consideró incompatible con los valores democráticos.

A su turno, el jefe del bloque de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, planteó que correspondía recibir en comisión a los constitucionalistas y dirigentes firmantes para escuchar sus argumentos antes de tomar la decisión de archivar la nota. Asimismo, remarcó la extensa trayectoria de vínculos culturales que une a Mendoza con la nación europea y sostuvo que el conflicto requería una instancia de diálogo e instrucción institucional para ser subsanado.

Por parte del Partido Justicialista, el titular de la bancada, Germán Gómez, advirtió sobre los perjuicios materiales y morales que la situación genera para la provincia en sus relaciones con la Unión Europea. Gómez recordó que la declaración consular de "persona non grata" limita de manera concreta la agenda oficial de la vicegobernadora, impidiéndole participar en actividades institucionales vinculadas a representaciones de ese bloque diplomático, por lo que remarcó la responsabilidad que asume el oficialismo al cerrar la vía del juicio político.

La defensa del oficialismo y el cierre del expediente

La postura del frente Cambia Mendoza fue expuesta por el diputado César Cattaneo, quien fundamentó el rechazo de la solicitud al sostener que el Poder Ejecutivo provincial ya había resuelto el diferendo por los canales institucionales pertinentes.

Cattaneo recordó que el gobernador Alfredo Cornejo fijó formalmente la postura de Mendoza ante las autoridades consulares francesas para ratificar la continuidad de las relaciones bilaterales y resguardar los lazos históricos.

En ese sentido, diferenció una publicación en redes sociales de una política de Estado y argumentó que los vínculos internacionales no se construyen ni se destruyen a partir de un posteo individual. Finalmente, advirtió que transformar a la Legislatura en un fuero encargado de juzgar declaraciones o frases personales implicaría desvirtuar la función legislativa para la cual fueron electos los representantes.

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