La vitivinicultura, el motor productivo y la identidad misma del Valle de Uco, atraviesa una crisis estructural que pone en riesgo su futuro inmediato. Tras una intensa recorrida por la región, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, junto a la Sociedad Rural local y dirigentes reunidos en la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud, trazaron un panorama alarmante sobre la realidad que enfrentan los productores, donde la suba de los costos operativos destruyó por completo los márgenes de rentabilidad.
El núcleo del problema radica en una brecha económica cada vez más profunda: los precios que recibe el productor por su cosecha quedaron totalmente desfasados frente a una inflación de costos que no da tregua. Los datos relevados en la zona son contundentes y exponen un escenario de quebranto generalizado.
En la actualidad, llevar adelante una hectárea de vid en el Valle de Uco demanda una inversión cercana a los 7.050.000 pesos, mientras que los ingresos estimados por esa misma superficie apenas alcanzan los 4.400.000 pesos.
Esta ecuación matemática arroja una pérdida neta de 2.650.000 pesos por cada hectárea en producción. En términos porcentuales, el vitivinicultor apenas logra recuperar el 62% de lo invertido para producir, asumiendo un desbalance del 38% que absorbe de su propio bolsillo.
Desde las entidades rurales aclararon que este cálculo es analizado bajo un criterio de mínima, ya que contempla exclusivamente los costos operativos esenciales de una campaña -como la mano de obra, los insumos agrícolas, las labores de suelo, la energía, el combustible, la cosecha y el acarreo- sin computar el valor de la tierra, la amortización de los equipos, las inversiones en infraestructura ni la rentabilidad del capital.
La disparada de los precios en componentes clave como el combustible, las tarifas de energía eléctrica necesarias para el riego subterráneo y los insumos dolarizados terminaron por pulverizar la competitividad de la actividad. Desde la conducción de la entidad nacional advirtieron que esta penosa realidad de la vitivinicultura mendocina no es un hecho aislado, sino que se convirtió en el denominador común de numerosas economías regionales a lo largo y ancho del país, donde producir se volvió una actividad de alto riesgo financiero.
Esta persistente asfixia económica tiene consecuencias directas que van más allá de los números, ya que la falta de previsibilidad desalienta de forma inmediata cualquier inversión tecnológica o de mejora en las fincas, reduce la generación de empleo genuino y atenta directamente contra el arraigo de las familias en el interior productivo.
Frente a este complejo escenario, Confederaciones Rurales Argentinas insistió en la urgencia de avanzar hacia políticas públicas estructurales que devuelvan el equilibrio al sector. Los dirigentes señalaron que es indispensable un plan que reduzca de manera integral la pesada carga impositiva que soporta la producción, elimine los costos distorsivos de la cadena logística y genere herramientas financieras que otorguen previsibilidad.
Al cierre del encuentro en San Carlos, los voceros de la entidad concluyeron que no se puede naturalizar que el esfuerzo de trabajar la tierra durante todo un año signifique producir a pérdida, recordando que defender a los productores del interior es, en definitiva, defender el desarrollo de las comunidades argentinas.
