La histórica metalúrgica mendocina IMPSA vuelve a consolidarse como un actor de peso en el escenario de la infraestructura energética mundial. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la firma de un acuerdo estratégico con la multinacional argentina destinado a finalizar la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar.
El plan contempla, además, una serie de intervenciones de fondo en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con el objetivo prioritario de sumar un total de 2.640 megavatios a la red de ese país.
La noticia fue celebrada a nivel local por el gobernador Alfredo Cornejo, quien a través de una publicación en su cuenta oficial de X destacó que la firma representa una excelente noticia para Mendoza y la industria argentina en general.
El mandatario provincial remarcó que, tras un enorme esfuerzo abocado a la recuperación y recomposición de la firma, IMPSA pondrá a disposición su tecnología mendocina, su red de proveedores locales y su vasta experiencia -respaldada por más de 115 años de trayectoria y 180 proyectos desarrollados en 40 países- para llevar a cabo una obra de altísima complejidad técnica.
El "nuevo momento político" y la apertura al capital privado
El desembarco de IMPSA se produce en un escenario institucional que Delcy ha definido como un "nuevo momento político", caracterizado por una marcada apertura hacia la inversión privada y extranjera en áreas.
Para agilizar estos procesos y asegurar la transparencia frente al capital privado, la Asamblea Nacional venezolana sancionó una reforma integral a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
En paralelo, mediante un decreto, el Ejecutivo constituyó una comisión permanente dedicada exclusivamente a coordinar las licitaciones y la selección de contratistas internacionales para la ejecución de obras e infraestructura en el área.
Crisis, estatización y el camino hacia la privatización
A mediados de la década de 2010, IMPSA entró en una severa crisis financiera debido a deudas acumuladas y contratos fallidos en el exterior (principalmente en Brasil y Venezuela). Esto la llevó a un concurso de acreedores y a una profunda reestructuración de su deuda.
Para evitar la quiebra de la empresa y la pérdida de miles de puestos de trabajo calificados, en 2021 el Estado nacional, junto al Gobierno e Mendoza capitalizaron la empresa. Con esta inyección de fondos públicos, el Estado se convirtió en el accionista mayoritario de IMPSA (con el 85% de las acciones repartidas entre Nación y Provincia), desplazando el control histórico de la familia Pescarmona.
Tras un intenso proceso de recomposición, saneamiento financiero y ordenamiento interno llevado adelante en los últimos años, la firma recuperó su operatividad institucional.
El objetivo de las administraciones nacional y provincial pasó a ser la transferencia de las acciones públicas nuevamente hacia el sector privado, buscando un inversor internacional o nacional capaz de inyectar el capital necesario para expandir su capacidad productiva y competir con fuerza en los mercados globales de energía limpia y tecnología pesada.