A través del Decreto 691, el Gobierno de Mendoza aprobó una nueva transferencia de cincuenta millones de pesos orientada a cubrir los gastos de administración, cuidado y mantenimiento de la residencia oficial del gobernador. Sin embargo, más allá de la magnitud de los recursos asignados, el procedimiento administrativo llamó la atención debido a un marcado desfasaje temporal: la norma lleva la firma del mandatario Alfredo Cornejo y de sus ministros Natalio Mema y Víctor Fayad desde mediados de abril de 2026, pero su publicación formal y vigencia legal se concretaron recién este viernes.
Este desembolso, destinado específicamente a cubrir las erogaciones del segundo trimestre del año en curso, se suma a una partida de idéntico valor que las autoridades realizaron a comienzos del ejercicio presupuestario.
De esta manera, el flujo de dinero estatal derivado hacia el Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de Residencia de Gobernación -herramienta financiera gestionada operativamente a través de Mendoza Fiduciaria Sociedad Anónima- alcanzó la suma de cien millones de pesos en la primera mitad del año.
Un dato particular es que los decretos omiten detallar los conceptos específicos o rubros en los cuales se aplican los fondos públicos, limitándose a justificar la transferencia mediante la sola existencia de disponibilidad en las partidas presupuestarias vigentes.
El destino del chalet ubicado en la calle Francia de la localidad de La Puntilla, en el departamento de Luján de Cuyo, arrastra una controversia de origen relacionada con la finalidad de su uso.
La propiedad, que cuenta con una superficie total que supera los cuatro mil metros cuadrados y más de setecientos metros cuadrados cubiertos, fue transferida formalmente al patrimonio del Estado provincial en el año 2017 como una donación de la familia Pescarmona.
El propósito inicial del sector privado apuntaba a dotar a la provincia de una vivienda institucional permanente para sus mandatarios, emulando el modelo de la Quinta de Olivos a nivel nacional. Pese a esa intención original, tanto Cornejo como Rodolfo Suarez han optado por mantener sus residencias particulares en ámbitos privados y familiares, despojando al inmueble de su función residencial fija.
Al quedar descartada como vivienda familiar de los gobernadores, la casona se reconvirtió operativamente en un estratégico centro operativo de la política. Así, los despachos y jardines de la casona han dejado de ser exclusivamente un espacio protocolar para visitas diplomáticas e internacionales, transformándose de manera habitual en el escenario elegido para reuniones de gabinete, negociaciones con intendentes y, de forma más polémica, almuerzos con referentes políticos de otras jurisdicciones o firmas de alianzas electorales de frentes oficialistas.