En una nueva jornada del juicio oral que se lleva adelante contra 27 acusados de integrar la organización criminal trasnacional conocida como "Templo Filadelfia", la Fiscalía Federal solicitó el decomiso de 48 inmuebles distribuidos en varios puntos del país, identificando a la provincia de Mendoza como uno de los distritos clave donde la red adquirió y utilizó propiedades para llevar a cabo sus operaciones ilícitas.
El fiscal general Alberto Gentili requirió formalmente ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín que los bienes raíces situados en suelo mendocino, junto a otras propiedades y 16 vehículos, sean recuperados por el Estado al determinarse que fueron producto de las actividades delictivas o se utilizaron de forma directa para la comisión de los crímenes.
De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura delictiva funcionó de forma ininterrumpida durante casi cinco décadas (entre 1972 y fines de 2020). Si bien mantenía su sede central en la localidad bonaerense de San Justo, el entramado criminal desplegó un esquema con ramificaciones a lo largo de los cuatro puntos cardinales de la Argentina y en países limítrofes como Brasil y Paraguay.
Mendoza formaba parte de esta red de anexos regionales donde se materializaban delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Traslados compulsivos y el rol de las sedes provinciales
Durante el desarrollo de los alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso detalladamente cómo la organización utilizaba su infraestructura física en el interior del país. Los anexos provinciales no operaban de manera aislada, sino como eslabones de una estructura jerarquizada dedicada al "control absoluto" de los cuerpos, deseos y planes de vida de al menos 25 víctimas en situación de alta vulnerabilidad.
Los testimonios ventilados en el debate, en el que ya declararon más de 200 testigos, revelaron que los líderes de la congregación disponían de traslados compulsivos y frecuentes de las víctimas hacia y desde las distintas filiales del país, una operatoria que incluía el paso por los centros instalados en Mendoza. Según la fiscalía, este circuito de rotación geográfica se aplicaba de forma deliberada como un castigo, método de humillación o herramienta de vigilancia para profundizar el aislamiento de los damnificados y asegurar la continuidad de la explotación.
Explotación y pedidos de penas
La finalidad última de la red en sus diferentes asentamientos consistía en usufructuar la fuerza de trabajo de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes en la absoluta clandestinidad, sin límites físicos ni contraprestación salarial alguna. Las víctimas eran sometidas a tareas domésticas forzadas, albañilería y la producción y venta ambulante de productos panificados bajo regímenes de hacinamiento, mala alimentación y falta de controles médicos.
Por la gravedad y la extensión temporal de estas prácticas, el fiscal Gentili solicitó una pena de 24 años de prisión para la principal investigada y líder del culto, Eva Petrona Pereyra (82), acusada además por abuso sexual agravado. Asimismo, requirió condenas de 21 años de cárcel para Rigoberto Mora Bogado y penas de 18 años para otros ocho miembros de la cúpula, mientras que para el resto de los coautores y partícipes necesarios se solicitaron penas que oscilan entre los 3 y los 15 años de prisión efectiva. El tribunal resolverá próximamente sobre las condenas y el destino final de los activos y complejos habitacionales detectados en Mendoza.