El Gobierno nacional buscará este jueves destrabar uno de los proyectos que considera prioritarios para la segunda etapa de su gestión. Funcionarios de la Casa Rosada y legisladores oficialistas mantendrán una reunión para terminar de definir el texto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya discusión en el Senado ya fue postergada en tres oportunidades.
El encuentro reunirá a la senadora Patricia Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y equipos del Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger, con el objetivo de consensuar una versión definitiva que logre el respaldo necesario en la Cámara alta.
El objetivo: llegar con los votos al Senado
El tratamiento del proyecto fue reprogramado para el 6 de agosto, luego de que el oficialismo no consiguiera reunir los apoyos necesarios.
En la Casa Rosada aseguran que las negociaciones avanzaron en los últimos días y confían en alcanzar los consensos necesarios para convertir la iniciativa en ley tras el receso parlamentario.
La reunión también contará con la participación de los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez, además de representantes de bloques federales.
El punto que genera mayor resistencia
Uno de los artículos más cuestionados es el que habilita la compra de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras, aspecto que despertó objeciones de gobernadores y de sectores dialoguistas durante las negociaciones en el Senado.
Las diferencias también provocaron tensiones dentro del propio oficialismo. En las últimas semanas, la vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó reparos sobre ese punto y protagonizó un fuerte cruce político con Patricia Bullrich.
Un proyecto con varias modificaciones
La iniciativa acumula 15 versiones distintas, producto de las negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques parlamentarios.
Incluso, trascendió que el ministro Federico Sturzenegger había advertido sobre la posibilidad de impulsar un veto parcial si prosperaba una versión del proyecto con cambios que el Gobierno consideraba incompatibles con el espíritu original de la reforma.
Ahora, el Ejecutivo busca cerrar un texto consensuado que le permita superar las diferencias y obtener una nueva victoria legislativa durante el segundo semestre.