Prepagas: al menos 3 pedidos de amparos en San Juan para frenar los aumentos, ¿qué pueden hacer los usuarios?

Se espera que en forma inminente el Juzgado Federal se expida respecto a esos amparos en la provincia. A nivel nacional, la justicia está dando curso a las presentaciones que vienen realizando los afiliados, y por ende limitando las subas de las cuotas.

Todos los pedidos de amparo se desencadenaron por uno de los capítulos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que autoriza el libre incremento del valor de las cuotas, tanto para las prepagas como para las afiliaciones voluntarias de las obras sociales. Desde ese momento, se están produciendo en forma mensual fuertes aumentos unilaterales que las empresas de medicina prepaga como Omint, Galeno, Swiss Medical, Osde y otras, vienen aplicando en las cuotas que deben abonarle sus afiliados.

Antes de eso, las empresas no podían aumentar las cuotas indiscriminadamente, porque había control estatal: solamente la Superintendencia de Servicios de Salud era la que debía autorizar los porcentajes de incremento de las cuotas que deben cobrar.

A raíz de esta situación, se han promovido diversos juicios de amparo (regidos por la ley 16.968) o juicios sumarísimos, en diversos Juzgados Federales de Primera Instancia del país en los que ya se han dictado medidas cautelares, disponiendo la suspensión de la aplicación de estos aumentos unilaterales por parte de las prepagas, y que éstas deben readecuar los precios de las cuotas de los meses de enero de 2024 y siguientes.

Las empresas de medicina prepaga han apelado esas medidas cautelares, por lo que habrá que ver más adelante qué es lo que resuelven las Cámara Federales de Apelación al respecto; es decir, si confirman y mantienen las medidas cautelares, o si las dejan sin efecto.

Los pasos a seguir

“Se ha liberado totalmente a las empresas de medicina prepaga en cuanto a la posibilidad de fijar, exclusivamente según su criterio, cuál es el importe de las cuotas mensuales a pagar”, admitió el doctor Fernando José Conte-Grand. Este abogado no atiende a privados en juicios de esta naturaleza, pero aceptó explicar a Tiempo de San Juan qué pueden hacer los sanjuaninos que están afectados por estos aumentos exorbitantes.

“El afiliado o asociado a una prepaga que esté en desacuerdo con lo que ella pretende cobrarle de cuota mensual, más aún si sus circunstancias económicas le dificultan afrontar su pago, debe hacerle conocer rápida y fehacientemente esto mediante una nota y/o el envío de una carta documento", explicó. "Si no obtiene respuestas o esta es adversa, puede promover un juicio de amparo o sumarísimo contra la empresa, el cual en San Juan se tramitará ante el Juzgado Federal Nº 1", agregó.

Si la persona no tiene recursos económicos suficientes para poder contratar y pagar los servicios de un abogado privado, en San Juan puede consultar si a ese juicio de amparo o sumarísimo se lo puede atender gratuitamente en la Defensoría Federal.

Qué se puede invocar

Conte-Grand contó cuáles son los argumentos que se han invocado en las demandas interpuestas contra las empresas de medicina privada.

• La inconstitucionalidad del DNU 70/2023: viola los derechos a la vida, a la salud, de propiedad y defensa, etc., garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que en nuestro país tienen jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ley 26.378-, Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores -ley 27.360-, Convención Americana de Derechos Humanos, etc.).
• El DNU es violatorio de lo que dispone la ley 26.682 que regula a las empresas de medicina prepaga-, que tiene carácter imperativo y de orden público; y también de lo que disponen la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor y la Ley 26.529 de derechos del paciente. En principio estas leyes solo pueden ser modificadas, sustituidas o derogadas por una ley del Congreso Nacional, y no por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación, que solo puede ser dictado por él ante situaciones y circunstancias verdadera y realmente muy graves, urgentes y excepcionales.
• El vínculo que une a la empresa prepaga con sus asociados es un contrato de adhesión y de consumo, también regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Siempre debe ser interpretado y aplicado en el sentido más favorable a la parte débil del vínculo, que es el consumidor de las prestaciones y servicios médicos, es decir, el afiliado o asociado a la prepaga, más aún si se trata de una persona con discapacidad certificada, que por esto es titular de todos los ineludibles y sustanciales derechos que le otorgan las leyes 22.431 y 24.901, entre muchas otras normas vigentes.
• El aumento unilateral y arbitrario impuesto por las prepagas en muchos casos no puede ser pagado por el afiliado, porque es una persona jubilada o pensionada, o porque tiene bajos ingresos y recursos; y esto lo coloca en la grave situación de tener que llegar a desafiliarse, o tener que buscar alternativas de prestaciones de salud prepaga más baratas, con todo lo dificultoso que es esto.