El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias e incentivar el ingreso al sistema financiero de los denominados "dólares del colchón".
La propuesta, firmada por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, será tratada cuando el Congreso retome la actividad en agosto. El oficialismo apunta a conseguir su aprobación antes de fin de ese mes.
Se eliminan los límites para ingresar al régimen
Uno de los principales cambios del proyecto es que desaparecen los topes de ingresos y patrimonio que regían para adherir al régimen simplificado.
Hasta ahora solo podían incorporarse quienes registraran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones. Con la modificación, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por este sistema, sin esas restricciones.
Según el Gobierno, el objetivo es ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Cómo seguirán los controles de ARCA
El proyecto mantiene las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica.
Además, redefine el concepto de "discrepancia significativa", el criterio que habilita al organismo a revisar una declaración jurada simplificada. Esa condición se configurará cuando una fiscalización determine un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Operaciones bancarias y prevención del lavado
La iniciativa establece que quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
También prevé que esos fondos puedan acceder a los beneficios establecidos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027.
En paralelo, instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que considere la adhesión al régimen como un antecedente favorable en los controles de prevención del lavado de dinero, aunque aclara que las entidades financieras seguirán obligadas a cumplir con los controles de identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.
El debate político
La Libertad Avanza necesitará negociar con bloques aliados para avanzar con la iniciativa. El oficialismo cuenta con 95 diputados propios, por lo que buscará el respaldo de sectores del PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas.
Uno de los puntos que podría generar mayor discusión es que el proyecto permite que funcionarios públicos también puedan adherir al régimen, un aspecto que ya despertó cuestionamientos dentro de bloques dialoguistas.