El Gobierno de José Antonio Kast anunció que esta semana presentará un proyecto de ley para modificar el mecanismo de cálculo de la jornada laboral de 40 horas semanales, una de las principales reformas laborales aprobadas durante la administración de Gabriel Boric. La propuesta no modifica el cronograma que prevé alcanzar las 40 horas en 2028, pero sí busca cambiar la forma en que se computa la jornada.
Actualmente, la legislación permite calcular el promedio de horas sobre períodos relativamente acotados. La iniciativa del Ejecutivo pretende ampliar ese período de cálculo, de modo que las empresas puedan distribuir las horas de trabajo con mayor flexibilidad según las necesidades productivas, siempre respetando el promedio establecido por la ley.
La propuesta en medio de una crisis laboral
El anuncio llega en un contexto complejo para el mercado laboral chileno. La tasa de desempleo alcanzó el 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, el nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que la desocupación entre las mujeres llegó al 10,5%.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia para mejorar la adaptabilidad del mercado laboral y favorecer la creación de empleo. Según explicó, no se busca aumentar la jornada máxima legal, sino entregar mayor flexibilidad en la distribución de las horas trabajadas.
La propuesta recoge recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral, que sugirió mecanismos de mayor flexibilidad para sectores con alta estacionalidad o demanda variable, incluso contemplando semanas con más horas de trabajo compensadas posteriormente con jornadas más reducidas.
Críticas de la oposición
El anuncio generó un inmediato rechazo entre sectores de la oposición, que consideran que la modificación implica un retroceso respecto de la ley de las 40 horas aprobada en 2023.
Desde esos espacios sostienen que ampliar el período de cálculo podría traducirse en semanas con jornadas considerablemente más extensas, afectando el equilibrio entre vida laboral y personal. El Gobierno, en cambio, insiste en que el límite legal de 40 horas semanales no cambiará y que la reforma solo apunta a flexibilizar su aplicación.
