El caso de los niños haitianos que generó una fuerte conmoción en Chile sumó un nuevo capítulo judicial. Diputados del partido Renovación Nacional (RN) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, para que se investigue su actuación en el ingreso de menores de edad provenientes de Haití.
La acción judicial solicita que la Fiscalía investigue un presunto delito de prevaricación administrativa, luego de que la Contraloría General de la República cuestionara un memorándum emitido en 2024 que, según los denunciantes, habría flexibilizado los requisitos exigidos para el ingreso de niños, niñas y adolescentes al país.
El diputado Andrés Celis, uno de los impulsores de la denuncia, sostuvo que el exfuncionario "flexibilizó documentos y certificados de manera intencional", permitiendo incluso la utilización de documentación vencida o que no cumplía con las exigencias establecidas en la legislación migratoria.
Según los parlamentarios, esa decisión habría vulnerado la Ley de Migraciones y el principio de legalidad previsto en la Constitución chilena. Por ese motivo, solicitaron que el Ministerio Público determine si existieron responsabilidades penales en la emisión del memorándum.
Celis explicó que el delito de prevaricación administrativa puede contemplar penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas e incluso prisión, dependiendo de lo que establezca la investigación judicial.
Por su parte, el diputado Eduardo Durán afirmó que las consecuencias del caso trascienden el plano administrativo.
"El actuar negligente del exdirector de Migraciones puso en riesgo, sin duda, el Estado de Derecho y eventualmente la seguridad de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano", aseguró.
La denuncia se presenta mientras continúa la investigación sobre el ingreso de menores haitianos a Chile, una causa que tomó notoriedad pública luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en los procedimientos migratorios y que actualmente también es objeto de distintas investigaciones administrativas y judiciales.
El Ministerio Público deberá ahora resolver si abre una investigación penal para determinar si la actuación del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones configuró algún delito y si corresponde avanzar con la formalización de cargos.