Tras ser denunciado por agresiones

José Peluc: Podrían investigar por coacción y amenaza al diputado

Después de “apretar” con sus fueros a un inquilino para que no pusiera una guardería de autos al lado de su casa, lo que terminó logrando, lo investiga un juez de Faltas. Pero sumó denuncias y podrían cambiar el caso al fuero penal. Por Gustavo Martínez.
domingo, 13 de mayo de 2012 · 09:57

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

“Él le dijo a la abogada que nos iba a alquilar la guardería que éramos unos negros de mierda. Nos trató de ladrones. Eso me hizo sentir muy mal, me sentí angustiado. Pero como no quiero tener problemas con una persona que tiene poder, con mi hermano decidimos no alquilar nada y perder la plata que habíamos invertido para poner la guardería”. La frase es de Angel Palacios (45), uno de los denunciantes contra el diputado basualdista José Peluc, quien intimó a este hombre y a la abogada a la que le iban alquilar el terreno para que no pusieran una guardería y un lavadero de autos al lado de su casa, diciéndoles que “iba hacer cerrar la playa; que era diputado y que iba a hacer pesar el poder de él; y que era amigo del juez de Faltas”, según consta en la denuncia.

A estas agresiones verbales que habría hecho Peluc, las cuales constituirían el delito de coacción, se le sumó otra declaración verbal que lo podrían hacer incursionar en otro delito: el de amenaza. Es que también le dijo al futuro inquilino que “me las aguanto con el que sea y con cualquiera”.

La denuncia de Palacios se sumó en la noche del lunes último a la de la abogada María Rosana Toranzo, quien también fue intimada por el legislador provincial en el estudio jurídico que funciona delante de done iba a estar la guardería, para que desistiera de poner una playa de autos en la calla Güemes al 452 Sur, en Capital, al lado de la casa que alquila Peluc.
Ambas denuncias fueron recibidas en la Seccional Primera, donde remitieron las actuaciones al Primer Juzgado de Faltas que dirige el juez Horacio Morando, por el presunto delito de una falta contravencional.

Sin embargo, la abogada Toranzo adelantó que “para mí esto no es una falta contravencional. Estoy estudiando el caso porque entiendo que claramente el diputado cometió un delito penal, como es la coacción y la amenaza”.

Atrás del estudio jurídico de Toranzo funciona una playa de estacionamiento mensual. Y la abogada había decidido alquilarle a Palacios el terreno para que la trabajara en forma diaria. Ambos se conocen por los trabajos de albañilería y pintura que hizo el hombre. En estos días, Palacios y su hermano habían invertido dinero en el lugar y realizado los trámites para poder abrir la playa en forma diaria: “En mantenimiento, limpieza y al pibe que nos ayuda nos hemos gastado con mi hermano unos 4.500 pesos. Para nosotros es muchísimo dinero. Mi hermano tiene 7 hijos que mantener. Yo me las rebusco con la albañilería, la plomería y como pintor. Habíamos encarado esto juntos”, informó Angel Palacios.

Por su parte, el diputado Peluc trató de minimizar el hecho cuando tomó estado público. Según le informó a Tiempo de San Juan: “En la mañana del sábado salgo de mi casa y habían puesto unos carteles en los árboles de la vereda que anunciaban un lavadero. Como imposibilitaban la buena visión al salir del garage, le pedí al hombre que estaba allí que los sacara, y me fui", contó. A lo que agregó: "Al volver a la noche, el inquilino de la playa de estacionamiento, vino a hablar conmigo. Pero yo estaba con otro hombre y el inquilino se dirigía a él porque ni me conoce la cara. Me dijo que por qué tenía problema con el estacionamiento y les expliqué que no era así, que tenía problema con los carteles del lavadero (funciona en el mismo lugar)".

Coacción
El Código Penal dice que es cuando se emplea “violencia física, psíquica o moral para obligar a una persona a decir o hacer algo contra su voluntad”. La legislación dice que “si el autor es un funcionario público en el ejercicio de su función, deberá aplicarse esta figura con el agravante de prevalimiento de cargo público”.

La pena prevista para este delito es de “prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.

Amenaza
El Código Penal dice que el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico”.

La pena es de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito.