Debate abierto

Preparan una embestida judicial contra el aborto

Un grupo de abogados locales ya tiene redactado un amparo para cuando surja el primer caso de pedido de interrupción de embarazo por violación en San Juan. Posiciones a favor y en contra tras el polémico fallo de la Corte Suprema. El ministro Balverdi se llamó al silencio.
lunes, 09 de abril de 2012 · 16:23

Por Miriam Walter
mwalter@tiempodesanjuan.com

Antes de que aparezca el primer caso de pedido de aborto por violación sin consecuencias penales para el médico y la madre en virtud del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia, en San Juan ya hay en boxes una ofensiva judicial para tratar de impedir su aplicación en San Juan.  Un grupo de abogados locales que se declara defensor de los derechos del niño por nacer ya tiene redactado el amparo con el que intentarán frenar en Tribunales las prácticas abortivas en la provincia. También estudian una batería de medidas legales más complejas para la ofensiva que se viene.

“Vamos a tomar una medida judicial porque con la sola manifestación pública del ministro de Salud sobre la aplicación del aborto no punible en San Juan, está poniendo en riesgo inminente un derecho de incidencia colectiva”, sostuvo Myrian Andújar, docente de la Universidad Católica de Cuyo y miembro de la ONG Compromiso por la Familia y la Niñez (que reúne a gente de tres credos religiosos y laicos). Ella integra el grupo de “Abogados por la vida”, además de los letrados Carlos Munizaga, Hugo Yanzón, Gustavo Sánchez y Germán Grosso, entre otros.

“El fallo de la Corte, como todos los fallos, se refiere siempre a un caso concreto y en esta oportunidad cayó en abstracto porque se expidió cuando el aborto ya se había realizado, podría haberse excusado de resolver”, cuestionó Andújar. Además, agregó otros fundamentos que son bases del amparo. “Entendemos que la Corte se ha extralimitado porque está modificando una ley de la Nación que es el Código Penal y el aborto debe debatirse en el Congreso, donde están los representantes del pueblo. También se arroga facultades del Ejecutivo al instar a los gobiernos municipales o provinciales a que redacten guías para realizar abortos no punibles, conforme a lo dictaminado. Por eso, nosotros creemos que este fallo es para debatir que traslada el problema a las provincias. Acá el Gobernador debe decir qué hará, como dijeron 11 provincias por el sí y 2 por el no. Pero decirlo claramente, con un instrumento legal”, apuntó la abogada.

Andújar agregó que ya pidieron con la ONG una reunión con José Luis Gioja para plantearle la visión contra el aborto y que ya se juntaron con un nutrido grupo de médicos del sistema público que plantearon la objeción de conciencia para negarse a practicar el aborto.

¿Qué dicen en el Gobierno local? El ministro de Salud, Oscar Balverdi, se llamó al silencio: “cuando llegue el momento se hablará, yo no voy a seguir en esta política ridícula en la que están metiendo a los que estamos en Salud, que de última, somos los que tenemos los problemas en las manos. Basta, que discutan los dogmáticos, los fundamentalistas de un lado y de otro, los juristas, todo lo que quieran ellos”, dijo a Tiempo de San Juan.

Poco se sabe  sobre los detalles acerca del procedimiento a aplicar en la provincia cuando se presente un caso encuadrado en la resolución de la Corte Suprema que establece que no puede impedirse a una mujer violada ejercer su derecho de impedir el embarazo.

El fallo de la Corte, que busca “precisar” el artículo 86 del Código Penal emitido por unanimidad el pasado 13 de marzo, habilita a los médicos de todo el país a efectuar abortos sin consecuencias penales, con la simple presentación de una declaración jurada donde conste que la mujer ha sido violada, quien tampoco es pasible de ningún castigo.

¿Qué pasa en las provincias? La responsabilidad de la aplicación recae en los Ejecutivos de cada distrito. En el caso de San Juan,  Gioja ya expresó que aunque no le gusta la medida, se hará de efectivo cumplimiento porque es una normativa vigente. Aseguran oficialmente que hasta ahora no se ha dado ningún caso.

En julio de 2010, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en su web  la “Guía técnica para la Atención de los Abortos no punibles”, pero a las pocas horas el ministro de Salud de la Nación, que hoy sigue en funciones, Luis Manzur, salió a decir que nunca firmó la resolución que aprueba dicha guía. Ahora ese manual cobra fuerza, tras el fallo de la Corte, para el accionar en los centros públicos de salud.  Pero quedan muchas dudas sobre la aplicabilidad de la medida. Por ejemplo, ¿cómo se manejará la objeción de conciencia de los médicos? (ver aparte).

-POR EL NO
Myrian Andújar
Abogada
ONG Compromiso por la Familia y la Niñez

“Los fallos de la Corte no son ley, la provincia puede perfectamente decir que no, porque es una sentencia para un caso. Y jurisprudencia es hasta cierto punto porque esta misma Corte en otro caso dice totalmente lo contrario, como el de Elvira Sánchez, abuela de la dictadura, que le matan al nieto con la hija militante y ellos dicen que el derecho a la vida debe ser tutelado e indemnizado. Entonces no debemos salir a lo tonto a aplicar el aborto. Este fallo está exponiendo a los médicos a situaciones complicadas. Si el Gobierno cree que debe aplicarse, debe ponerle la firma. También preocupa que ya hay como 30 médicos que han planteado su objeción de conciencia, cuando una norma tiene tanta objeción ¿es justa o no’”.

-POR EL SÍ
Noemí Pujovich
Abogada
Movimiento Mujeres Sanjuaninas

“Con el fallo la Corte no se ha creado legislación, no significa que el aborto está legalizado. Acá se determina que una mujer violada tiene derecho a decidir sobre el aborto ante una situación traumática. Creemos que abre una puerta para la legalización del aborto porque nos obliga a entender de otra manera el tema. En el movimiento no hay una discusión cerrada, no hay ninguna persona que esté a favor del aborto, no es algo lindo, no pensamos en el aborto como método anticonceptivo sino como derecho en ciertas circunstancias. Esto no abre la compuerta para el aborto masivo, entenderlo así sería subestimar a las mujeres.  La objeción de conciencia es un derecho y el fallo lo respeta”.

Objeción de conciencia

En la guía del Ministerio de Salud se alude a la “objeción de conciencia”, que es uno de los ejes de debate en San Juan, donde más de una veintena de médicos del Hospital Rawson ya presentó por escrito su negación a practicar abortos, basados en reservas morales.

“Cualquier persona puede tener objeción de conciencia pero nosotros tenemos ciertas obligaciones cuando estamos trabajando. Yo puedo tener objeción de conciencia de atender a un violador que lo traen porque se está muriendo, lo que pasa es que no tengo más remedio que atenderlo”, dijo en rueda de prensa el ministro de Salud local, Oscar Balverdi, días atrás.

El manual, explicita que “todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica del aborto no punible. Sin embargo, la objeción de conciencia es siempre individual y no puede ser institucional, por lo que toda institución a la que se recurra para la práctica de un aborto no punible deberá en cualquier caso garantizar su realización.
En ningún caso, la sustitución de un profesional objetor de conciencia podrá realizarse
en un plazo mayor al de 5 días contados desde la constatación de un caso de aborto no
punible. Las mujeres deberán ser informadas sobre las objeciones de conciencia de su médico
tratante y/o del personal auxiliar desde la primera consulta que realicen”.

También se establece en el sexto punto del manual que “la evacuación de las medidas necesarias para la determinación de una causal de aborto no punible, y para su realización (consentimiento
informado, estudios médicos, estudios psicológicos, recursos técnicos, humanos y farmacológicos, constancia de denuncia, objeción de conciencia, y/o cualquier otra medida pertinente), no debería insumir un plazo mayor de 10 días siguientes a la solicitud de la mujer o quien estuviera autorizado a solicitarlo”.

No obstante, la guía luego enuncia con cierta ambigüedad que “los profesionales de la salud
podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o la psicología, cuando injustificadamente no se constate la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal de la Nación, cuando existan maniobras dilatorias en el proceso de constatación, cuando se suministre información falsa, y/o cuando exista negativa injustificada en practicar el aborto”.

¿Cuándo es una negativa injustificada en practicar un aborto y cuándo una objeción de conciencia? ¿Cómo actuará el Ministerio de Salud con los profesionales que  se nieguen a aplicar el aborto? El debate está abierto.

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