El negocio de la seguridad

Hay más vigilantes privados que policías

Oficialmente estiman que hay unos 5.000 personas que trabajan haciendo vigilancia en forma privada, en unas 65 agencias de seguridad. Mientras que la Policía de San Juan tiene 3.800 hombres. Por Gustavo Martínez.
domingo, 01 de abril de 2012 · 09:56

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

Según datos oficiales, hasta el 2006 se habían registrado 40 agencias de seguridad privada que habían empleado legalmente de 2.300 a 2.600 hombres. Pero en el 2010 se sumaron otras 25 agencias de seguridad, según lo que había detectado la AFIP en un control que hizo en la provincia, después de que la Cámara Empresarial del sector informara que había agencias no inscriptas para su funcionamiento. Ante esta situación, en Seguridad de la provincia estiman oficialmente que hoy en día no debe haber menos de 5.000 personas trabajando como vigilantes. Este número supera ampliamente a las personas habilitadas públicamente para garantizar la seguridad, ya que en toda la Policía de San Juan hay 3.800 hombres.

Es que el temor a ser víctima de algún hecho delictivo en la casa, en las calles del barrio, en la empresa, en el negocio o en los bienes, hizo de las agencias de seguridad un negocio explosivo en los últimos años. Pero pocos saben que quien contrata no tiene ningún respaldo legal que le garantice que a quien le están pagando para que los cuide reúna las condiciones mínimas de seguridad. Sucede que hoy en día en la provincia nadie controla a las agencias de seguridad privada ni a los miles de vigilantes que emplean por la falta de reglamentación de una ley sancionada el 30 de noviembre de 2006, que lleva el número 7.775.

En el Ministerio de Gobierno informaron que la parte jurídica de ese despacho y el de la Policía de San Juan están dando los últimos detalles para aprobar esa reglamentación, en la cual vienen trabajando desde el 2011. El anteproyecto con la reglamentación llegó a esa dependencia a fines de noviembre del año pasado, después de ser elaborado por la comisión que debía reglamentar esa legislación de 2006, formada por asesores letrados, oficiales superiores y jefes de la Policía.

Hasta el 2006 la seguridad privada venía siendo controlada porque estaba regulada por un decreto ley de la época de la dictadura militar. Pero la nueva ley del 2006 dejó sin efecto esa normativa. De las 40 agencias que estaban inscriptas en un registro oficial hasta ese año, el 90 por ciento funcionaban y eran controladas.

Por un lado, al vigilador se lo habilitaba en la Policía con una credencial que lo identificaba, previo chequeo que no tuviera antecedentes penales con condenas abiertas.

Además, las agencias de seguridad debían informar los objetivos, es decir, los lugares para los que eran contratadas para hacer vigilancia.

Así, la Policía podía ir a esos lugares y corroborar si estaban trabajando en el sitio informado, si el vigilante tenía credencial que lo habilitara y, además, si ocurría algún delito en ese lugar, la fuerza de seguridad pública estaba al tanto de que allí había un vigilador que les podía ayudar. Eso daba también tranquilidad a quien contrataba el servicio privado. Hay antecedentes de que en varias oportunidades los vigilantes evitaron que se produzca un delito con su sola presencia. Y también muchas veces colaboraron con la Policía a la hora de resolver un hecho delictivo, ya sea atestiguando o colaborando con la fuerza de seguridad pública.

Otro punto que se controlaba era la selección y la capacitación del vigilante privado, ya que las agencias estaban obligadas a tener un ex integrante de alguna fuerza de seguridad pública para hacer la selección y la instrucción del personal. La Policía controlaba quién era esa persona técnica habilitada para ese fin. Ese ex miembro de una fuerza era la persona con capacidad para enseñar al vigilador cómo hacer su trabajo y, además, era la persona idónea a la hora de seleccionar al personal con los criterios que le inculcaron en su paso por la seguridad pública: vocación, honestidad y responsabilidad. Para esto, las agencias más responsables llegan a realizar hasta “una encuesta ambiental, vecinal y laboral”, según precisó Morán.

Pero desde el 30 de noviembre del 2006, cuando la nueva ley dejó sin efecto la normativa vigente y, ante la falta de reglamentación de esa nueva legislación, todo ese sistema quedó paralizado. Incluso, muchas de las agencias privadas que hoy en día están inscriptas en la AFIP para poder trabajar en blanco impositivamente,  están registradas como empresas de seguridad, limpieza y mantenimiento. Los más cercanos a ese negocio, tanto en la parte gubernamental como en la privada, eso permite que muchos terminen haciendo seguridad en forma encubierta, poniendo un portero o a personal de mantenimiento haciendo las veces de vigilante.

“A los que tenemos la empresa en regla, nos interesa que en forma urgente todo funcione legalmente, porque si no la población está corriendo un riesgo al contratar ese servicio”, informó el comisario mayor retirado, Raúl Morán, dueño de la agencia El Guardián, la más importante de la provincia.

Según Morán, “aquí  no hay más de 10 empresas en condiciones legales de trabajar. Esto es desconocido por el que contrata este servicio. A la hora de un accidente, cuando se requiere una ART y seguros, surgen los problemas”.

Contrariando a los números que estiman oficialmente, Morán cree que en estos momentos en la provincia no hay más de 30 agencias de seguridad que dan trabajo a unos 2.500 hombres.
De todas maneras, el número oficial de vigiladores que hay en la provincia se sabrá una vez que esté reglamentada la ley 7.775.

Para tener una dimensión del negocio, en el país se estima que hay 850 agencias de seguridad que facturan unos 2.000 millones de pesos anuales. En América Latina, en los últimos 15 años, este negocio creció un 11 por ciento. En San Juan no se pueden tener esas precisiones hasta que no esté diferenciado el negocio de la seguridad privada del de limpieza o el mantenimiento.

El policía y el vigilante

Un efectivo de la Policía de San Juan no puede trabajar legalmente para una agencia de seguridad privada, debido a que la Anses le anula la jubilación. Lo que sí puede hacer un policía es trabajar como contratado de una agencia, siempre que sea retirado de la fuerza de seguridad pública.

Un policía que hace adicionales en la parte privada gana 550 pesos por 24 horas de trabajo. Quien lo contrate se asegura que tendrá un personal armado, con respaldo del Estado y con las leyes laborales vigentes (ART y seguros).

Lo que le juega en contra a este servicio que ofrece la Policía de San Juan es el alto costo para el privado, ya que la agencia de seguridad es más barata. En este lugar, un vigilante común gana 2.400 pesos mensuales, según el convenio colectivo de trabajo, con jornadas de 8 a 12 horas diarias.

El vigilante privado provincial no está habilitado a portar más que un garrote y un equipo de comunicación que le permita pedir ayuda ante un hecho delictivo.

“Las empresas privadas tienen un principio protector del derecho humano, no hay abuso de poder y autoridad”, dice Morán, para diferenciar un sistema del otro.

El monitoreo privado, en la mira

Los responsables de la seguridad en la provincia tienen una espina clavada con el negocio que ofrecen las empresas que hacen monitoreo electrónico, auditivo y mediante circuito de televisión. Es que muchas ofrecen a sus clientes un servicio que conecta la alarma que le vende al sistema del 911, es decir que, en cuanto se activa la misma, suena en la policía.

Así, esas empresas se aseguran de lucrar con un servicio que termina prestando la fuerza de seguridad pública. Desde Seguridad del gobierno quieren que las empresas paguen por ese servicio. El texto de la ley sancionada en el 2006 –aún no reglamentada- dice: “La autoridad de aplicación de esta ley es la que establecerá los importes que las empresas prestadoras de estos servicios deberán abonar a la Policía de San Juan por el control de equipamiento, habilitación y supervisiones periódicas. La reglamentación establecerá los requisitos que deberán cumplir los sistemas de alarma en entidades bancarias, financieras o de cualquier otro tipo”.

Algunos puntos de la ley sin aplicar

La ley 7.775 tenía algunos puntos que, si se reglamentan, provocarán un cambio en el sistema actual.

Tal vez el más polémico será la obligación de utilizar el mismo uniforme en todos los casos, ya sean patovicas, serenos o vigilantes. Lo único que los diferenciará a unos de otros, será el escudo de la empresa para la cual trabajan. Hoy en día cada empresa de seguridad tiene su propio uniforme.

Otro cambio importante sería, por ejemplo, el de los patovicas. Es que en esa legislación se incluyen como una categoría más dentro de los guardias de cualquier agencia de seguridad. Dice, además, que no podrán desempeñarse como patovicas los policías en actividad. Hoy en día muchos agentes también cumplen esta función en sus horas libres.

Respecto del transporte y la custodia de bienes, la ley dice que deberán usar movilidades identificadas convenientemente y que difieran, en su diseño, de las que utilizan las fuerzas de seguridad públicas. Y deberán estar entrenados para brindar primeros auxilios.

También dice que, como la anterior legislación, los guardias tendrán la obligación de portar una credencial, que sólo se le entregará luego de comprobar que no fue exonerado de la policía u otra fuerza de seguridad.

Se exigirá que tengan el secundario completo –hasta el 2006 sólo se pedía el primario- y que no presente antecedentes policiales en general.

Por último, en esa ley sin reglamentar dice que el Gobernador de la Provincia podrá disponer del personal de las agencias de seguridad en casos de emergencia y catástrofe.