Nuevo revés para el ex intendente: la Justicia anuló la asignación de cargos de Aranda

"En la resolución se cita que la Ordenanza N°11965 otorga facultades al Intendente a nombrar empleados de la administración municipal (art. 8). Más exige una serie de de requisitos que debe cumplir el personal y que no se habrían cumplido", sostuvo el juez civil Abel Soria del Juzgado Civil N.º 11.

El magistrado indicó el no cumplimiento con los requisitos propios de los actos administrativos, ante la ausencia de los expedientes que, según la propia Municipalidad de la Ciudad de San Juan, no existen. 

"El artículo 5) prevé, entre otras cosas, que “el personal deberá cumplir los siguientes requisitos: a)Estar desempeñando efectivamente funciones de manera ininterrumpidas, con una antigüedad mínima de 2 años en la repartición en donde ha sido designado. Este mismo criterio se aplicará para el personal transferido, cuya fecha operará desde el ingreso a la repartición; b) Efectuar la capacitación que por reglamentación, se establezca en relación directa a cada cargo, c) Haber demostrado experiencia, conocimiento y eficiencia para el trabajo, situación que deberá ser certificada por el director o responsable máximo de la unidad para la cual prestó y presta los servicios; d) acreditar educación formal, según corresponda a cada agrupamiento, conforme lo dispuesto en el marco jurídico vigente y lo que establezca la reglamentación del presente”, apuntó en la resolución. 

Todo comenzó con el recurso de amparo que se presentó ante el 11ª Juzgado Civil "cuando existían rumores de que Franco Aranda, antes de finalizar su gestión, iba a realizar nombramientos de forma inconstitucional en planta permanente", según dijo el letrado. 

La municipalidad negó esto poco después de que se conocieron las versiones, pero ahora el Sindicato dice haber encontrado pruebas. Según Del Cid, hallaron "la copia de 11 decretos, algo que es muy difícil porque la gestión de Aranda fue la antítesis de la transparencia, donde se comprobaron 98 nombramientos". Estos documentos son los que presentaron en la Justicia Penal, ya que demostrarían que Aranda hizo declaraciones falsas al negar que había incorporado gente.