En Angaco sigue la tensión política este lunes con el enfrentamiento político entre los cinco concejales y el intendente José Castro. A media mañana aún el Concejo no recibía la notificación de la Justicia por la cual la jueza Adriana Tettamanti le dio la razón al jefe comunal y le restituyó el poder. La medida judicial salió el viernes promediando las 24 horas de haber sido dictada la resolución de los ediles suspendiendo en funciones a Castro, sospechado de usar maquinaria y obreros municipales en un predio privado en Chimbas. Pero este lunes, como el oficio judicial no había llegado, la presidenta del Concejo Valeria Vargas abrió la oficina como intendenta interina.
Según confirmó a Tiempo de San Juan el concejal José Risueño, impulsor de las medidas que se dieron dentro del Concejo Deliberante, con sus pares decidieron no apelar la medida de la jueza. Así, una vez hecha el acta de restitución en funciones y devueltas las llaves al intendente, quedarán en la misma situación que antes del jueves.
Risueño, que viene hace años enfrentado con Castro y últimamente recibió apoyo de los otros ediles que son dos más del PJ y dos macristas, se declaró “muy enojado” con la Justicia: “se debe tomar tiempo la Justicia para interpretar la norma, pero en este caso ni siquiera la ha leído y el fundamento era bueno. Anda diciendo Castro que le dieron la razón porque le vulneramos el derecho a defensa pero siempre lo tuvo y nunca contestó las resoluciones del Concejo”.
Según el concejal, entre el jueves y hoy no hicieron ningún control ni arqueo en el Ejecutivo para ver las cuentas, según se había anunciado que era la meta de la suspensión del intendente.
“No pudimos hacer nada, para qué, eso sería complicar más. Luego de resolver la jueza en tan poco tiempo no nos deja trabajar, seguiremos sin información hasta fin de año y esperando que se cierre la gestión lo más ordenada posible”, aseguró Risueño. Por lo pronto, dejaron las responsabilidades de Castro en manos de la Justicia ya que el viernes lo denunciaron penalmente por presunto uso irregular de patrimonio público.
Castro, tras perder su hermano Alejandro las elecciones, debe entregar el poder a Carlos Maza Pezé. Los concejales denunciaron también al jefe comunal ante el Tribunal de Cuentas por hacer modificaciones presupuestarias por cerca de 9 millones de pesos a espaldas del Concejo.