La permanencia en el cargo del intendente de Angaco, José Castro, se definirá este jueves en la sesión del Concejo Deliberante donde parece no haber más aliados para él. El cuerpo de cinco ediles decidirá dos medidas: si lo denuncia en la Justicia y si lo suspenden por 30 días en sus funciones. Tanto el oficialismo como la oposición piensan votar a favor del doble disciplinamiento, dijeron fuentes municipales, acusando a Castro de usar maquinarias y obreros municipales en un predio de un privado en Chimbas.
La reacción de los concejales se da luego de que uno de ellos, José Risueño (que formaba parte del grupo de tres oficialistas y hace un tiempo viene enfrentado con el intendente) hiciera el fin de semana último una exposición policial asegurando que se hizo presente en un terreno sobre calle Oro en Chimbas y constató trabajando allí a personal municipal con maquinaria municipal. El edil fue más allá y trasladó la situación al Concejo.
Según Risueño, no pide la destitución porque no tiene sentido con el poco tiempo que queda para que Castro deje el poder en manos de Carlos Maza Pezé. Lo que buscan los ediles es ganar tiempo para revisar las cuentas municipales ya que, al menos Risueño, considera que el intendente envía información falsa al Concejo. Incluso, ya hay una denuncia en el Tribunal de Cuentas sobre modificaciones presupuestarias que Castro habría hecho por decreto por casi 9 millones de pesos, cuando cualquier cambio debe ser aprobado por el Concejo.
El intendente ya no contaría con alfiles dentro del Concejo, debido a lo grosero del accionar de Castro, dijeron fuentes calificadas. El conflicto por los controles a los supuestos malos manejos del intendente viene desde hace años, y a Risueño se le habrían sumado Mario Pacheco y Valeria Garay que entraron con él por el PJ, además de los macristas Alberto Fernández y Sandra Escuela.
De hecho ya hay otra denuncia en sede penal de los concejales contra Castro donde le endilgan el uso de una secadora de frutos municipal en provecho de su propia empresa, causa sobre la que no ha habido novedades.
Si prospera la movida del Concejo, Castro tiene la posibilidad de ir a la Justicia ordinaria para apelar la medida pero queda suspendido inmediatamente se sancione la ordenanza en el recinto y se comunique oficialmente al Ejecutivo.