Sergio Uñac está dentro del grupo de gobernadores que en forma individual y conjunta fueron convocados por el gobierno nacional para intentar que el proyecto de ley sobre tarifas que presentó la oposición no se convierta en ley, y obligue al anunciado veto de Mauricio Macri, con el costo político correspondiente.
El proyecto dispone que las tarifas se retrotraigan en sus valores a noviembre de 2017, y que de ahí en más no puedan aumentar más que el promedio de incremento salarial surgido de las diferentes paritarias.
Sobre el particular, el gobernador Uñac apuntó que “hay conversaciones para tratar de encontrar un camino intermedio, que la gente pueda pagar y no desfinanciar al Estado”.
En el país hay “diferentes situaciones”, señaló Uñac. “En San Juan, Energía San Juan está privatizada; hay otros lugares donde las empresas corresponden a las mismas provincias y ellas son titulares, en este marco deberían devolver sumas de dinero que a algunas de ellas las dejarían en situación de quebranto, y después se está conversando por qué no AYSA, EDENOR y EDESUR se transfieren a Capital Federal y Buenos Aires, porque en realidad ese déficit o ese subsidio son aportados por el Gobierno Nacional hacia empresas que brindan servicios en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Me parece que hay una situación de desequilibrio, es esto lo que estamos conversando los gobernadores”, precisó.
“Es probable que si el proyecto va como está sea vetado, y nos vamos a quedar sin nada, por eso estamos intentando buscar un punto medio, vamos a ver si lo logramos, producto de las conversaciones”, se esperanzó.
“Con seguridad habrá costo político si lo vetan, pero el problema es que los usuarios van a seguir pagando este nivel de tarifas que duele mucho a la economía familiar. Diría que en algunos casos no se puede pagar. Estamos buscando un punto medio de un proyecto que tenga consenso mediano y absoluto mejor y que no se someta al veto, dejando al usuario pagando la misma tarifa que se está pagando ahora”, concluyó.