"La Policía Minera hizo una inspección y ya
no estaban los 600 o 700 neumáticos que la compañía Los Pelambres había
arrojado ilegalmente sobre la cordillera de los Andes en el departamento
Calingasta”, confirmó a Tiempo de San Juan el secretario de Gestión y Control
Ambiental Minero, Eduardo Machuca.
Pero esa es una parte de la contaminación
ambiental que generó en suelo argentino la compañía chilena Los Pelambres con
el botadero ilegal que creó fuera del límite internacional. El otro gran foco
de contaminación son las toneladas de roca residual (serían más de 50
toneladas). Retirar esa montaña de rocas residuales implicaría millones de
dólares.
"La cancillería de Argentina, junto a la de
Chile, deben decidir cómo harán para sacar esos escombros que están ilegalmente
del lado argentino”, precisó Machuca.
El funcionario provincial precisó que "el
domingo 29 de enero se cerrará el paso binacional que se había abierto para que
Pelambres pudiera retirar los escombros mineros. A partir de ese momento,
Gendarmería Nacional del lado argentino y Carabineros del lado chileno,
cuidarán de que nadie más entre o salga del país por ese paso”.
Por ahora es un enigma qué pasará con esa
montaña de roca residual que Los Pelambres tiró sobre el departamento
Calingasta, en San Juan.
Hay dos frentes. Uno es el de las
cancillerías. Cabe recordar que la compañía minera siempre sostuvo que el
gobierno de Chile les informó a ellos cuál era el límite y que ellos hicieron
la escombrera dentro del lado chileno. Dicen que luego les confirmaron desde el
gobierno que ese límite estaba mal y que la escombrera estaba del lado
argentino.
Por ese motivo, sumado a que Pelambres
sostiene que ese botadero no contamina, la compañía chilena se niega a retirar
la montaña de roca residual.
El otro frente de la escombrera está en la
justicia federal civil. La última acción fue la presentación ante el juez federal Miguel Ángel Gálvez ante la Fiscalía de
Estado de San Juan, mediante una ampliación de una medida cautelar que Guillermo De Sanctis hizo en la previa a ser nombrado en la Corte de Justicia.
Dice el pedido: "La medida de nuestro
interés se acota a que, intertanto en este proceso se decide el destino final
de la escombrera, la que se encuentra emplazada en nuestro territorio, ésta
quede absolutamente aséptica respecto de los elementos que la componen, en un
confinamiento ya sea geográficamente distinto, o de cualquier otro modo en que
aquellos no resulten ser siquiera potencialmente peligrosos”.
Esa presentación se hizo en los últimos
días de diciembre, después de que el gobernador Sergio Uñac dio por caído el
acuerdo que habían hecho con Los Pelambres porque su director general dijo
públicamente que no pensaban retirar la montaña de roca residual.
Como la Fiscalía de Estado de San Juan es
parte en ese proceso judicial civil, ahora la justicia está obligada a dar una
respuesta a esa medida cautelar, ya sea dándole lugar o negándola. Eso aún no
ocurre.
Mientras tanto, en la justicia penal
federal la causa contra los gerentes de Los Pelambres sigue viva. Ya declaró el
gerente general Robert Mayne-Nicholls, y en marzo lo harán otros dos altos
ejecutivos en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, donde
están imputados de violar la Ley de Residuos Peligrosos y de la contaminación
de aguas.