Pelambres: alerta amarilla, ante una indagatoria delicada

Para tener una dimensión de la cita que ocurrirá en el despacho del juez Leopoldo Rago Gallo vale conocer al ejecutivo imputado. Se trata del gerente general de Pelambres, una de las minas de cobre activas más importantes del mundo, ubicada a metros del límite con Argentina y que disparó el contencioso por depositar material y neumáticos del otro lado del límite. Sobre lo que argumentó haber solicitado permisos a la autoridad chilena, pero luego se reveló con una nueva delimitación del lugar donde está emplazado el basurero que es del lado argentino.

Pelambres pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals y el 40% restante a inversores japoneses. Y Antofagasta Minerals tiene el 65% de su composición accionaria en manos del grupo Luksic y el restante capital dividido en inversores ingleses, motivo por el cual cotiza en la Bolsa de Londres. Luksic es uno de los más fuertes consorcios empresarios chilenos, con importantes lazos políticos con el sector de Michelle Bachellet. Dueños desde el Banco de Chile y el Canal 13 chileno hasta bodegas, cerveceras y múltiples emprendimiento mineros, actividad sobre la que se fundó desde Antofagasta. Incluso, con muchas de sus empresas operando en la Argentina.

La presencia de uno de sus más altos ejecutivos, uno de los más importantes de Chile, sentado en el banquillo de los acusados en el juzgado federal de San Juan, será comprensiblemente un dato fuerte y con muchos significados. La indagatoria a Mayne Nicholls estaba prevista para este 20 de octubre, pero debió reprogramarse ante la demora en la notificación de parte de la justicia chilena, según explicaron en San Juan. Quedó fijada entonces para el 22 de noviembre a las 9, luego de la de los otros dos ejecutivos del Pelambres citados por la justicia federal argentina: Ignacio Cruz Zabala (debía declarar el 19 de octubre y quedó para el 20 de noviembre) y Alberto Cerdá Mery (iba a hacerlo el 20 de octubre y quedó para el 21 de noviembre).

Se abre ahora una serie de preguntas. Por ejemplo, que decisión tomarán los ejecutivos ante el llamado de la justicia argentina, si pueden declarar desde Chile, o qué ocurriría si no lo hacen. También, las consecuencias que produciría una decisión del juez Rago Gallo de imputarle delitos no excarcelables y resuelva detenerlos.

Los tres ejecutivos están acusados por la posible comisión de dos delitos. Uno, una posible infracción a la ley 24.051, que es la ley de residuos peligrosos. En su artículo 55, establece penas a quien "envenenare, adulterare, o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, y establece escalas por si fuese imprudencia, negligencia o impericia. Otro, la posible infracción a los 3 artículos del artículo 182 del Código Penal, que es el delito de usurpación sobre represas, aguas o derechos de agua.

En los dos casos, las penas son de hasta 2 años de prisión, por lo que resulta excarcelable. Claro que el juez puede aceptar un pedido de cambio de calificación, o puede considerar la peligrosidad y disponer la detención durante la indagatoria. Como ocurre en todos los casos para esta instancia.

Ante este tablero judicial, habrá que esperar la decisión de Mayne Nicholls. Tanto los abogados argentinos como los chilenos que están al tanto de la situación, coinciden que no puede darse el encuadre para el ejecutivo declare desde Chile, sino que tiene que venir a San Juan para hacerlo. Esa alternativa sólo cabe para casos de enfermedad o insolvencia.

Fuentes de la empresa Pelambres dijeron que no tienen duda de que su máximo ejecutivo cumplirá con el pedido de la justicia y vendrá a San Juan a declarar, aún ante los riesgos enunciados. Explicaron a Tiempo de San Juan que no tienen nada que ocultar y que la postura es que se presente. Lo que no hacen es ni siquiera calibrar las consecuencias que generaría una eventual decisión judicial de retenerlo.

En caso que no lo haga, lo que debería ocurrir es que se lo requiera nuevamente y, en caso en que persista la negativa, se lo declare en rebeldía. Lo que incluye un pedido de captura internacional a la Interpol, con alertas rojas al mismo estilo que con los iraníes acusados del atentado a la AMIA, por ejemplo. Un tablero que claramente no toleraría la relación bilateral.

La cita fue postergada casi un mes exacto, junto cuando la causa y sus repercusiones públicas cobraron ebullición ante la reactivación de la causa, la difusión de las primeras imágenes en el programa de Jorge Lanata por Canal 13, y la posibilidad de revisar el acuerdo al que llegaron la provincia de San Juan y la empresa Pelambres de remediar parcialmente el incidente, hasta que se produzca una decisión judicial de fondo.