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Los Caracoles-Punta Negra: La increíble novela dramática detrás del final feliz

Con la inauguración de la última presa se cerró una compleja historia de 19 años plagada de capítulos negros llenos de incertidumbre. Crónica de cómo se terminó concretando una megaobra que parecía condenada por las maniobras, los juicios, los intereses y hasta los pasos de comedia. Por Sebastián Saharrea
sábado, 05 de septiembre de 2015 · 09:09

Casi dos décadas después de haber abierto los sobres de la licitación por lo que sería una de las obras monumentales llamadas en ese entonces "los diques” a secas, la inauguración del último de ellos –Punta Negra- el sábado pasado le pone broche a una historia increíble que dejó varias veces al emprendimiento al borde del naufragio. Y que conviene repasar.

Fueron años de más angustias que sonrisas. Que atravesaron por el medio la gran crisis nacional del 2001 y por lo tanto puso a sufrir a "los diques” la misma letanía que el país entero. Que se quedó sin fondos, como la Nación y, por lógica, la provincia. Que vio cómo destituían a un gobernador, Alfredo Avelín. Que cuando se desfinanció llegó hasta tener la idea de destinar los fondos de los diques a pagar los sueldos atrasados (4 meses), lo que de haberse concretado no hubiera habido ninguna inauguración el sábado. Que supo de sospechas de delito de estafa contra la provincia, lo que originó una célebre comisión investigadora.

Que sufrió por decreto la rescisión del contrato con el río a medio desviar y el riego delirante que eso implicaba. Que asistió a la pulseada con las empresas para que devuelvan el predio. Que fue agarrada del cuello por los lobbys para vender las turbinas. Que casi lo vuelven a adjudicar por un gobierno en retirada, lo que hubiera dejado un tembladeral de juicios en contra. Que estuvo más de dos años paralizada y generando un riesgo insólito en el manejo del río. Que llegó a un punto en que no había otra salida: avanzar para adelante o dinamitarla. Sí, dinamitarla, porque la situación en la que había quedado al momento de la parálisis ponía en peligro a la población aguas abajo, es decir a toda San Juan.

En cambio de dinamita hubo una gigantesca obra de ingeniería financiera y judicial que permitiría volver a avanzar con las obras y reincorporar a unos 1.300 trabajadores. Que incluyó un cambio de manos en el proyecto, nuevos constructores y un perdón implícito a varios protagonistas de los años del caos, con tal de evitar las acciones judiciales cruzadas y el mantenimiento de la parálisis. Doce años después, miles de gestiones de por medio, se cerró un capítulo que pudo haber pasado al olvido pero que conviene refrescar.

El sábado 29 de agosto se cortó la cinta y pareció un día normal. No lo fue, quedó atrás una historia de mil tensiones, varios puntos de no retorno de los que se pudo volver. Y unos 750 millones de dólares que terminaron costando las obras de Los Caracoles y Punta Negra, bastante más que los 145 millones de la misma moneda verde que llegaron originalmente por la emisión de bonos de 1997 con que la provincia subsidiaría una parte de las obras y formaron parte del célebre fondo fiduciario cuyo manejo entre 1998 y 2002 despertó todas las sospechas y terminó en varios capítulos judiciales, civiles y penales, ya resueltos aunque no sin sorpresas. Deuda provincial que, vale recordar, rescató la Nación y está consolidada, mientras el resto del dinero salió del gobierno nacional por un acuerdo político a contrarreloj.

La agitada crónica de estos últimos 19 años comienza en 1996, con la licitación de "los diques”. Fue un concurso internacional iniciado por el entonces gobernador Jorge Escobar en el que se produjo el primer mano a mano empresario potente en este asunto: la mendocina Cartellone contra el holding compuesto por el gigante AES más Panedile.

El esquema original fue el una concesión más un subsidio. Es decir que la empresa ganadora realizaba la inversión y se la cobraba con el producido de energía a lo largo de 30 años de esa obra, pero como con eso no alcanzaba para cubrir el costo la provincia debía completar con un subsidio. Ganaba entonces la que pedía un menor subsidio y esa fue AES-Panedile más una compañía mexicana: ICA. Además, Cartellone –que venía con las cucardas de haber realizado la presa mendocina Potrerillos- hizo una observación en el pliego porque propuso un cambio de sistema de construcción que era más barato (sobre lo que insistiría más tarde, como se verá), y además solicitó el manejo del agua. La provincia respondió que ese manejo no puede ser delegado y bajó la persiana a la oferta de la empresa mendocina.

Quedó a cargo entonces en noviembre de 1998 AES-Panedile-ICA y CPC (luego fusionadas): la primera como concesionario operador, es decir la que hacía el negocio energético, las segundas como constructoras. Y el subsidio que aportó la provincia fue de145 millones de dólares, que no los tenía en el bolsillo sino que salió a buscarlos al mercado financiero por medio de un endeudamiento en bonos. También participaba Energo, la empresa rusa contratada para hacer la turbina a medida, un asunto que también dispararía conflictos internacionales.

Se armó de ese modo lo que luego sería el huevo de la serpiente. La cara visible empresaria fue el líder de Panedile, Hugo Dragonetti, protagonista excluyente de los fogosos años políticos posteriores y todas sus instancias judiciales. Pero pese a esa exposición fenomenal y su desgaste consecuente fue el único de los integrantes de  esa formación inicial que llegó al final de la novela la semana pasada.

Mientras la provincia se endeudaba para realizar su aporte, las obras en el desvío del río comenzaron muy lentamente en abril de 1998. Lo lento respondía a que se iban realizando con fondos aportados por las empresas, a la espera del subsidio provincial que demoró en instrumentarse. Así pasaron los primeros meses de obra, hasta que la Legislatura provincial aprobó el endeudamiento y se emitieron los bonos en 1999.

El dinero de esa deuda en bonos finalmente arribó a San Juan el 4 de diciembre de 1999, en dos tramos de dos bancos distintos que fueron los encargados de conseguir los clientes que prestaran el dinero en tiempos de una convertibilidad que ya hacia agua. No fue fácil, pero llegó: 95 millones de dólares suscriptos por la banca GPMorgan y otros 50 millones de la misma moneda del Credite Suisse. Pero allí mismo fue cuando el diablo de los vaivenes políticos metió por primera vez la cola: 6 días después de la llegada de ese dinero, y cuando la crisis económica ya comenzaba a hacerse sentir en medio de un contexto de recesión y ajuste -y por lo tanto de falta de recursos- se produjo el cambio de gobierno: se terminó la gestión de Escobar, que había pensado y ejecutado los primeros pasos financieros de la obra, y empezó el de Alfredo Avelín, que fue el que tendría los principales sacudones y que sobre su final terminó rescindiendo el contrato y habilitando una puja por el dinero remanente y el contrato. Se sacaron los ojos.

El dinero fue depositado en ese diciembre en una cuenta a la vista del Banco San Juan y recién derivado al fideicomiso especialmente creado en marzo del año siguiente: no hay datos sobre si ese manejo de dinero deparó intereses, y quién los percibió. La mesa estaba servida para un coctel explosivo: una obra que comenzaba a realizarse con un subsidio millonario obtenido por la provincia mediante un endeudamiento en bonos, y una situación económica que lentamente se iba deteriorando más y más, tanto a nivel nacional como provincial. La obra comenzó la construcción en su fase más activa de esa época en esos días, pero no pasó mucho tiempo para que el subsidio en pesos-dólares se convirtiera en un botín de guerra en medio de la miseria creciente. Era como comer un asado en medio de un tendal de hambre y necesidades: todos lo miraban de reojo para hincarle el diente.

 

Llegó la crisis, Dragonetti al frente

 

Ese contraste entre el ritmo de obra con fondos en dólares y una crisis galopante y creciente, sumado a condiciones extrañas de los desembolsos, iba acumulando energía que no tardaría en explotar. Las primeras diferencias entre las empresas y el gobierno de Avelín surgieron en 2001, cuando comenzó a sentirse el freno económico en todos los aspectos que terminó con el gobierno del presidente De la Rúa a finales de ese año. Y el segundo cachetazo fue la pesificación de todas las cuentas en el país, incluido por supuesto el fondo fiduciario de los diques que pasó a estar signado en pesos con la decisión del entonces ministro de Economía de Duhalde, Jorge Remes Lenicov.

En ese año 2001, el gobierno de Avelín decidió modificar la concesión original creando el fondo fiduciario para el mejor control de los desembolsos del subsidio y estableciendo un sistema de hitos, que de todos modos no fue valorado más tarde por el juez cuando se quemaron los papeles con acusaciones cruzadas por el escaso avance de la obra. El contexto también conspiraba: el concesionario estaba obligado a conseguir fondos privados, pero el tembladeral que era el país se lo impedía. Por lo tanto, la única fuente de financiación (y de disputa) era el subsidio.

La crisis no tardaría en llevarse también al gobierno sanjuanino, de Alfredo Avelín, no sin que antes sobrevinieran los capítulos más surrealistas de esta historia increíble como si ocurrieran en la Macondo de García Márquez. La temperatura comenzó a subir con los reclamos de las empresas por las demoras del gobierno en desembolsar el subsidio y la falta de correspondencia de esos pagos con el avance de la obra, que en realidad de avance tenía poco.

Como la temperatura social se caldeaba cada vez más ante los sueldos impagos a la administración pública, que para marzo del 2002 alcanzaba la insólita cifra de 4 meses sin que los trabajadores recibieran sus ingresos y se quebrara la cadena de pagos en toda la provincia, el presidente de Panedile, Hugo Dragonetti, no tuvo mejor idea que impulsar la sorpresiva iniciativa de que se usara el fondo de los diques en préstamo para abonar la deuda con los estatales. Lo hizo como "una señal” en la previa del cumpleaños de Don Alfredo. Y aunque fue difícil que lo tomaran en serio, el empresario no demoró en intentar retroceder sobre sus pasos pero no hubo caso. El absurdo ya estaba montado, con un ingrediente adicional: notificados del "crédito Panedile”, los gremios salieron a presionar al gobierno para que aceptara el manotazo de los fondos del dique para pagar sueldos, mientras por la otra ventanilla la empresa era habilitada con los pagos.

Pero en esos días el gobernador Avelín se mantenía firme cerrando el grifo de los desembolsos y a la vez no paraba de pedirle a Dragonetti fondos, por ejemplo, para una ambulancia o para insumos hospitalarios. A los que Dragonetti respondía presuroso en forma afirmativa, al menos para congraciarse. Un colaborador cercano de aquellos días recuerda hoy los debates que tenían con el propio mandatario, a quien le decía que eso "era como pedir una coima”.

Eran días de altísimo perfil de Dragonetti en todas las mesas políticas. Ante esos problemas para recibir el subsidio, hasta llegó a liderar una protesta de la UOCRA en la mismísima puerta de Casa de Gobierno con las topadoras y todo, solicitando que se reactivara la actividad y los desembolsos del subsidio ya pesificado.

Pero las solicitadas del gremio que el propio empresario impulsaba tampoco hicieron mella en el ánimo oficial, y las obras en los diques bajaron la cortina definitivamente en junio de ese 2002 ante las diferencias de criterio: las empresas decían que el gobierno les retaceaba los desembolsos porque querían usar el botín para otros fines (como pagar parte del incendio social y político) y en el gobierno decían que le habían pagado más de lo que habían construido.

Se inició en ese momento el juicio político a Avelín, motivado por los salarios impagos. Y las empresas comenzaron a apostar al desgaste de Avelín y a negociar con su sucesor –el vice Wbaldino Acosta- las condiciones de una vuelta de tuerca. Sería ese el pasaporte para un nuevo infierno: la obra paralizada demandaba un gasto de 800.000 dólares y ya había juicios internacionales de las subcontratistas, y en los tribunales locales de parte de las contratistas. Y encima, la obra inconclusa en el río era una posible trampa mortal aguas abajo, desgracia que afortunadamente nunca ocurrió.

 

Recisión y después

 

El 11 de agosto de 2002 Alfredo Avelín firmó la sentencia final para la construcción de los diques disponiendo la rescisión del contrato por incumplimiento de las empresas. E inmediatamente se desató otra carrera: los juicios cruzados entre las empresas y el gobierno y la pulseada por el manejo de los fondos que habían quedado, para ese entonces unos 70 millones de dólares según las crónicas periodísticas de la época recogidas especialmente de las ediciones de Diario de Cuyo.

La atención marchó entonces a Tribunales, donde lo primero que hicieron las empresas fue solicitar una orden de no innovar para que no se entregara el dinero a Avelín, de quien seguían desconfiando. Para ese entonces, AES sólo quería poder irse mientras Panedile apostaba a retomar y por cuerda separada esperaban la inminente destitución de Avelín. Especulaban, todos lo hacían, con que el cambio de manos del Ejecutivo provincial cambiaría los ánimos.

Craso error. Porque cuando asumió Wbaldino Acosta luego de que el 24 de setiembre de 2002 resultara previsiblemente destituido Alfredo Avelín, lo primero que hizo el flamante mandatario tras  reunirse con su ministro de Economía, Enrique Conti, y sus asesores jurídicos  Yanello y Chávez (que hoy integra el Tribunal de Cuentas en representación del bloquismo) fue avalar la decisión e imponer sanciones a las empresas "incumplidoras”, es decir AES y Panedile.

En Tribunales la actividad iba aumentando. Por un lado el manejo de la plata del fondo y por el otro las acciones de las empresas desplazadas contra el gobierno. En el primero de los incidentes judiciales intervino la jueza del Primero Civil, Rosalba Marún de Sobelvio, denegando a Avelín el acceso a los fondos. Y en las acciones de Panedile y AES intervino el juez del Quinto Civil, Carlos Macchi, denegando la razón a esas empresas. Curiosamente, son los dos jueces desplazados por el escándalo de las expropiaciones (Marún procesada y Macchi denunciado), cuyas acciones en ese punto impidió que se evaporaran los fondos del subsidio para la construcción. Vueltas de la vida.

Con el inicio de la gestión de Wbaldino también cobró aún más relieve el trabajo de la Comisión Investigadora designada en la Legislatura para determinar si se habían cometido delitos en el manejo del dinero. La integraron entre otros la radical Delia Pappano, el también radical Diego Seguí, los entonces abelinistas (con "b” alta porque respondían al rivadaviense Jorge Abelín) Jorge Quattropani y Daniel Turón. Y produjo momentos recordados como los de mayor convulsión de los que se tenga memoria en los últimos años. Por caso, la visita de Dragonetti a la Legislatura en setiembre de 2002, a quien Delia solía llamar en voz alta como "Ladronetti”. Como para calibrar el volumen de esos trances.

El resultado de esa comisión fue la presentación de una acción penal contra los responsables de las empresas: Hugo Dragonetti por Panedile;  Fabián de Achával y Eduardo Mandl por AES. Se sumó a otras dos denuncias: una presentada por la Fundación de Ciudadanos Independientes (FUCI) que en ese momento manejaba muy alto perfil, y otra de un ciudadano de apellido Rizutti que acusó a las empresas de haberse quedado indebidamente con una suma de 2,7 millones de dólares.

La causa judicial avanzó con indagatorias a los acusados hasta que en setiembre de 2007 se conoció un documento del Tribunal de Cuentas indicando que la provincia pagó $235 millones a las empresas, y éstos justificaron gastos por $129 millones. Es decir, más de $100 millones de diferencia, o 40 millones de dólares para la fecha. Pero el juez que investigó, Leopoldo Zavalla Pringles, decretó la absolución de los tres acusados en diciembre de 2008.

¿Qué pasó? Lo que terminó pesando fue el carácter de la obra. Como se trataba de una concesión con subsidio, el juez consideró que el esquema no requería de certificación de avances de obras para los desembolsos sino de un cronograma fijado de antemano, que no se estaba cumpliendo. Por esa razón, los tres empresarios escaparon de la acusación de estafa que les había formulado la provincia. El fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, no apeló la decisión de Zaballa Pringles, que quedó firme.

 

Duhalde, un obstáculo para Wbaldino

 

Volviendo al relato cronológico de los agitados días de 2002 posteriores a la destitución de Avelín, la situación era de un nuevo tablero político y todos los interesados revoloteando para volver a hacerse con el contrato. Todo bien, pero había un problema: que la relación política entre el gobernador Wbaldino Acosta y Duhalde (a quien llamaba en la intimidad "el boliviano”) era de mala tirando para pésima, y eso no ayudaba a conseguir lo que hacía falta para volver a adjudicar, es decir la plata. Encima, el ministro de Economía ya era Lavagna, quien como se verá tuvo mucho que ver en el acuerdo final.

AES estaba resuelta a irse. Estaba enjuiciada con la provincia y también contra el país, porque este gigante energético estadounidense manejaba la distribución de energía en La Plata y se había presentado ante el Ciadi (el tribunal del Banco Mundial) por la pesificaciíon de tarifas. Entonces lo que hizo fue negociar su participación en el holding que a su criterio seguía teniendo el contrato de los diques sanjuaninos (pese a que estaba rescindido el contrato) con Cartellone, la mendocina que perdió justamente contra ellos la licitación original de 1996.

Hubo un momento, para marzo de 2003, que Cartellone ya había mudado todos los equipos a San Juan, segura de que recibiría el contrato nuevamente. Incluso ya había invitado también a otra empresa mendocina, IMPSA (de Pescarmona) para que se hiciera cargo de la construcción de las turbinas que hacían falta. El mandatario de entonces jugó fuerte a favor de que se concretara ese acuerdo para reactivar la construcción de los diques con Cartellone en el lugar de AES-Panedile, pero hubo un obstáculo insalvable: el ya poderoso ministro Lavagna. A Lavagna no le cerraba la manera porque se mantenían todos los juicios pendientes de resolución con las dos empresas anteriores, y además porque ya venía apostando fuerte por una compañía nacional: Techint.

Lo que ocurrió entonces fue que la Nación se terminó negando a aportar los fondos que hacían falta para la construcción, lo que en los papeles fue una especie de veto a las intenciones de Wbaldino. Mientras, se le daba forma una gigantesca e impresionante negociación económica, política y judicial que fue lo que abrió la puerta para se pudiera continuar.

 

Negociación a fondo o dinamita

 

El abril de 2003, cuando Cartellone traía los camiones a San Juan, Néstor Kirchner y Daniel Scioli firmaban un compromiso público en plena campaña, en un recordado acto sobre Av. Central, frente al hotel Nogaró, que en uno de sus puntos incluía la reactivación de los diques paralizados.

El 25 de mayo de ese año 2003 asumió Kirchner como presidente y se mantenía al ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, el mismo que había dado ya una señal. En San Juan seguía la campaña y en setiembre se impuso José Luis Gioja sobre Roberto Basualdo y el gobernador que buscaba su reelección, Wbaldino Acosta, quien salió tercero debió resignar su plan.

En ese proceso electoral, la situación de los diques era dramática. Había reclamos de todo tipo y color: diplomáticos de Rusia y México, en representación de sus empresas CPC y Energo afectadas por la rescisión del contrato; judiciales de las contratistas AES y Panedile; financieras de la propia AES que había accionado contra el país en el Ciadi por la pesificación de la tarifa eléctrica. Y encima, un desempleo galopante que había dejado a entre 1.000 y 1.300 empleados en la calle. Y un riesgo aún más grave: la obra inconclusa en el desvío del río había dejado una vía de escurrimiento con capacidad para 600 m/seg porque ya estaba colocada la ataguía. Pero cualquier crecida del río como las que se acostumbran en el verano suele hasta duplicar ese caudal, por lo que el mantenimiento de la situación era un verdadero peligro para toda la población ubicada aguas abajo, es decir todo San Juan.

Por eso lo primero que hizo José Luis Gioja una vez asumido el 10 de diciembre es dedicar suma urgencia a la solución, o directamente dinamitar lo que se había hecho para no correr semejante riesgo ambiental ante la posibilidad de un aluvión. El destino le hizo un giño a San Juan: el fenomenal aluvión como consecuencia de la ruptura de un dique artificial en la alta montaña calingastina se dio tres años más tarde, en 2005, cuando el paredón de Los Caracoles ya estaba levantado y pudo contener la furia del agua desatada que destruyó la ataguía. Si la obra no estaba realizada y el desvío se hubiera mantenido como quedó inconcluso en 2002, otra hubiese sido la historia. Bien diferente. Ese aluvión fue el 13 de noviembre de 2005 y afortunadamente no dejó más daños que una demora de un año en la reparación de lo que el agua se llevó.

Por ese mismo motivo fue que se pensó en lo de la dinamita sin que pareciera una locura. Pero en realidad, el nuevo equipo apuntó todos los cañones de su flamante gobierno a buscarle una puerta de salida a lo que en ese entonces parece imposible: solucionar el descalabro jurídico y económico  que representaba la paralización de las obras y la dificultad de reiniciarlas.

Allí fue donde se armó un equipo de acción rápida, de manera de dar al menos una señal. Lo integraban el flamante ministro de Infraestructura, José Strada, con la ayuda de los hermanos Alcoba –Francisco, actual ministro de Hacienda y hombre de suma confianza de Gioja, y Mara, asesora letrada del gobierno- y de un especialista en energía, Víctor Doña.

Lo principal para esos días era aprovechar el escaso viento a favor que podía tener el crédito de un nuevo gobierno y la perspectiva ínfima de que la cosa se podía enderezar. Por eso había que reaccionar rápido para no dejar pasar la oportunidad. Y apenas 42 días después de haber asumido, el 21 de enero de 2004, se dio lo que puede considerarse el primer paso de este gigantesco operativo de rescate: un pulmotor para un enfermo terminal.

Ese día se firmó en Buenos Aires un acta acuerdo entre todos los participantes de este baile: las empresas contratistas, las subcontratistas y el Estado. Se comprometieron a buscar una solución viable en no más de 4 meses, pero lo fundamental es que todas las partes se comprometieron también a declinar sus acciones judiciales y diplomáticas con tal de obtener una solución.

Las 10 partes que intervinieron en esta traumática historia consiguieron algo de lo que querían a cambio de resignar otras cosas. AES consiguió irse en paz del dolor de cabeza que para ellos que Los Caracoles-Punta Negra: negoció con el gobierno nacional y levantó su reclamo ante el Ciadi, dejó de ser el concesionario de la obra pero quedó como operador y mantenimiento de las tres presas sanjuaninas (Ulum y las futuras Los Caracoles y Punta Negra, por las que se cobra con energía). La mexicana CPC obtuvo una indemnización y levantó su reclamo diplomático a Argentina por haber violado acuerdos comerciales. Energo consiguió al final vender las turbinas para las dos presas. El gobierno provincial logró el compromiso nacional de financiar lo que quedaba de la obra (es decir casi toda). Y la Nación consiguió deshacerse del malestar diplomático que le habían causado los reclamos de tres países amigos (nada menos que EE.UU., Rusia y México) y avanzar con lo que serían las únicas represas construidas en su gestión. Y Panedile, con Hugo Dragonetti al frente, fue el único de los originales que se mantuvo con los pies adentro.

Hay interpretaciones varias al respecto. Están los que entienden que la presencia de Panedile era lo único que garantizaba la posibilidad de que no se convocara a una nueva licitación sino que se rediseñara la ya existente. Están también los que sostienen que la presencia de Panedile en esta reformulación fue condicionada a un rotundo cambio en el perfil de Dragonetti, quien debía bajar drásticamente sus apariciones. Algo que en los hechos ocurrió. Pero la negociación mantendría su tensión: De hecho, en pleno 2004 y con la negociación en marcha hubo reclamo nuevamente de Cartellone para que se abriera un nuevo concurso. Y la misma empresa llegó hasta a asegurar que había sido convocada nuevamente.

 

El acuerdo final

 

Una vez alcanzado el acuerdo inicial, durante esos 4 meses se terminó de abrochar el paquete, que incluyó un par de puntos centrales. El primero fue el cambio total de la naturaleza del negocio: dejó de ser una concesión en manos de privadas que se cobraban su inversión con energía y recibían un subsidio como ayuda (eso en teoría, obviamente, porque luego se desmadró), para ser ahora una obra pública por administración con un titular cambiado.

Se creó así la empresa EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) que pasó a ser "la dueña” del proyecto. La Legislatura provincial le dio vida en julio de 2004, con la intención de que sea ella la que administre el ritmo de la obra y el pago de los avances. Para financiarlo, se armó otro fondo: integrado por lo que quedaba del fiduciario inicial, lo que fue motivo de más de una discusión, más lo que fuera produciendo la actividad de las presas en construcción. Pero como esos recursos estarán disponibles una vez que comience la actividad plena de la generación en los diques, el gobierno nacional se comprometió a hacer los aportes que demandara el ritmo de la obra, los que luego deberán ser devueltos por Los Caracoles-Punta Negra en actividad.

La otra gran novedad del nuevo esquema fue la aparición del nuevo holding constructor a cargo del emprendimiento. Cosas del destino, surgió la posibilidad de que se incorporara nada menos que Techint, la misma compañía de la familia Rocca que mantiene una fuerte disputa con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

Pero en aquella época, Techint mantenía –y aún mantiene- una buena relación con el entonces hombre fuerte del gobierno nacional, el ministro de Economía Roberto Lavagna. Eyectado el ministro, hoy la cosa entre Techint y la Nación es de un fuerte tironeo: el más reciente ocurrió este mismo año, cuando CFK involucró a Techint como una usina de fogoneo de un mal clima financiero luego de una viaje presidencial a China y le recordó a la empresa que ella trabaja en El Tambolar (la siguiente presa sobre el río San Juan) gracias a aportes chinos.

Techint fue invitada a formar una UTE con Panedile para el desafío de completar los diques, y la realidad es que esas interferencias políticas entre la Nación y la empresa no afectaron en el ritmo de la obra. Por el contrario, los vaivenes lógicos en los poco más de 10 años que llevó la construcción de los diques planificados dos décadas atrás fueron muy leves, debiendo atravesar épocas de turbulencias financieras (como en 2009), en las que la provincia debió funcionar como bombero más de una vez aportando dinero para que se continuaran las obras, luego reintegradas por la Nación. Lo mismo que en otras obras públicas financiadas por la Nación (como la Ruta 150).

La novela siguió luego con capítulos más calmos y con final feliz. En setiembre de 2004 se comenzó nuevamente con la construcción, pero en lugar de "los diques” pasó a ser "el dique”. Porque se separaron las unidades y la continuidad se focalizó exclusivamente el Los Caracoles, la obra que fue finalizada en el 2009 y que ya tuvo períodos de generación de energía.

Con el producido de esa energía y el aporte de la Nación se comenzó en ese mismo año con Punta Negra, una obra a cargo de la misma UTE Techint-Panedile y prácticamente con la misma dotación de personal, de alrededor de 1.600 obreros y que tuvo su punto culminante el sábado pasado con el cierre de la compuerta y el inicio del embalse. La intención ahora es traspasar esa mano de obra para El Tambolar, presa que no estaba en los planes serios de nadie pero que ahora figura como bonus track de una hoja de ruta que empezó mal, siguió muy mal y llegó a estar pésimo, para ahora plantearse aun mejorando el cálculo inicial.

Nadie hubiera imaginado cuando comenzó esta historia de terror que casi 20 años después no sólo estarían listos los dos diques más manoseados de la historia sino que se le sumaría un tercero ya en plenos trabajos de desvío de río (El Tambolar, al que le resta cerrar el negocio de construcción con los chinos) y un cuarto en compromiso verbal como El Horcajo. Que encima esos diques resulten de propiedad de la provincia y que una vez completada la devolución de los fondos invertidos por la Nación con lo que generen las usinas dejará un saldo económico favorable por la producción energética.

Sólo haría falta que caiga nieve para haya agua. Sería demasiado.

 

 

 


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