Expediente expropiaciones

La dura pulseada entre dos abogados

Por un lado, Santiago Graffigna, el letrado que aparece en la mayoría de los casos bajo sospecha. Por el otro, Horacio Alday, ex socio de Graffigna. Están en juicio entre ellos. Por Sebastián Saharrea.
sábado, 26 de mayo de 2012 · 09:48

¿Cuándo terminó la vinculación entre Graffigna y Alday? No es sólo un dato cronológico sino que en esa respuesta está el orden de responsabilidades en la investigación por el escándalo de las expropiaciones, en la que una jueza intenta averiguar si hay -como se supone- una red de abogados, jueces y funcionarios dedicados a estafar a la provincia con precios inflados de los terrenos. Ya se fugaron unos $200 millones.

Si fue en 1998, como sostiene el convenio suscripto entre ambos socios cuatro años más tarde para dividir el capital en común, entonces la responsabilidad de las causas polémicas por expropiación deberían recaer sobre Graffigna, porque la mayoría fue iniciada después de esa fecha. Pero la lupa está puesta en acciones posteriores entre ambos en estas mismas causas, como el cobro de Alday años después de capital y honorarios por esos juicios en común, que desataron después una resonante disputa entre quienes compartían el estudio. De esos cruces salieron desconfianzas cruzadas, escritos en los juzgados peleando por los pagos, denuncias por estafa y fuertes declaraciones en los medios cuando estalló el escándalo por las expropiaciones.

Siempre con Alday desmarcándose de Graffigna en las causas bajo sospecha. Pero con algunas acciones en las que aparecen juntos, relacionadas con el cobro de dinero por los juicios que formaban parte del capital común del estudio que compartían y que luego de la disolución fueron llevados adelante por Graffigna pero cobrados también por Alday.

Alday y Graffigna compartieron durante años un bufete dedicado, entre otras cosas, a causas de expropiaciones. En el año 1997, Alday saltó a la primera línea de los medios provinciales y nacionales cuando montó junto al estudio de abogados de Moreno Ocampo –hoy fiscal del Tribunal Penal Internacional en La Haya- una cámara oculta en la que el entonces juez civil Carlos Reinoso ofrecía un acuerdo extrajudicial en un diferendo entre parte por el pago de un camión por 20.000 pesos/dólares.

Reinoso fue destituido y Alday cargo en el ambiente de Tribunales con el peso de haber sido quien montó el operativo mediático. Se le hizo complicado seguir trabajando en el foro local y así fue que sobrevino la separación con su entonces socio Graffigna. Cuentan allegados a Alday, que él había salido de vacaciones y que cuando llegó, Graffigna ya se había ido.

Sobrevino entonces un proceso de separación de bienes, que no eran los escritorios sino las causas que había iniciado en común o para las que habían reunido documentación y aún no se habían iniciado. Graffigna y Alday, juntos o separados, habían conseguido los poderes de los propietarios de los terrenos en Cuesta del Viento cuyos posteriores juicios de expropiación integran la investigación por el escándalo de los sobreprecios.

A partir de ese momento, Alday y Graffigna se separaron pero siguieron relacionados en los juicios que mantenían en común. En diciembre de 2002 -4 años después de la separación de edificio-, ambos abogados firmaron un convenio en el que enumeraron todas las causas en común que tenían y se repartieron los derechos de cobro.

Fuentes allegadas a Alday indicaron que ese acuerdo fue por un 20% de lo que correspondiese por capital y un 30% de lo que correspondiese por honorarios, en una cantidad de juicios iniciados o por iniciarse cuya cantidad nadie precisó. Esos juicios fueron seguidos o presentados por Graffigna, pero cobrados además por Alday. Y fue la piedra de las diferencias y de más fricciones entre ellos.

Otras fuentes señalan que en varios juicios de Cuesta del Viento, Graffigna había acordado una cuota litis –acuerdo entre el abogado y su cliente- del 35%, de donde debía descontarse lo que le correspondía a Aday. Pero que Graffigna cobraba esos juicios, descontaba el 35% y a lo que quedaba le sacaba la parte de Alday, con lo que al cliente le llegaba el 48%. Esa habría sido una diferencia importante entre ambos que profundizó los roces, además de despertar incomodidad en los clientes.

 Desde entonces, la relación se planteó con cruces violentos entre ambos, pero con Alday participando en el cobro de algunos procesos llevados adelante por Graffigna y facturándolos a su nombre. Incluso, hay otro recuerdo en Tribunales en el caso de una familia dueña de un terreno en Cuesta del Viento cuyos integrantes fallecieron de cáncer y sólo quedaba una mujer viva. Las fuentes señalan que fue Alday quien pidió una audiencia a la Sala III para pedirles que aceleraran el cobro por esa razón de salud. Luego, hubo una querella.

La relación atravesó en esos años por una tempestad. En varias ocasiones, Alday se presentó ante el juez civil que correspondiera a quejarse por la liquidación de los juicios compartidos. En el caso de expropiación de José Bórbore, denunció ante el juez Machi que hubo “manejos y situaciones confusas” en la liquidación de honorarios porque no se le notificaban las regulaciones del expediente en manos de Graffigna. O en el caso “Guajardo, José Viterbo”, una expropiación de Cuesta del Viento, en la que se quejó por nota en 2005 que “los autos no se encuentran nunca en el juzgado” y que por eso no puede cobrar su porcentaje convenido. Alday sostiene que Graffigna diligenciaba sólo los expedientes donde no estaba Alday. Terminaron en una querella por estafa que Alday presentó contra Graffigna por $60.000, según sus abogados.

Hasta que se llega a la ya famosa cesión de Graffigna al abogado Raúl Alonso –en nombre de Horacio Alday- por el caso “Ruiz, Guillermo”. Ese documento fue publicado por Tiempo de San Juan hace dos semanas y tiene valor en el medio de esta relación, porque vincula a Graffigna con Alday 7 años después del acuerdo de separación entre ellos.

Esa nota revela que hubo una cesión de Graffigna al abogado Alonso en 2009, que Alonso nunca citó como su mandante a Alday sino a Marcelo Parra, y que quien termina aprobando la gestión es Alday. Esa misma cesión prescinde de cobrar un 25% de lo que debía percibir Graffigna del Estado provincial por la vereda que costó $25 millones. Y plantea dudas: ¿porqué le cede Graffigna a Alonso, que en realidad no era Alonso sino Alday?, ¿qué había atrás de esa cesión, qué podía hacer Alonso, porqué se cedía al Estado junto antes de que ingresara la megadenuncia que interrumpiría los pagos?

En una nota enviada a Tiempo de San Juan después de esa publicación, Alday dijo que ese pago era por un acuerdo entre él y Graffigna por el pago de éste último de los procesos que compartieron en el estudio, específicamente 7 de los que están en el convenio de 2002. Y Alonso explicó que se utilizó a una tercera persona porque Graffigna lo quería hacer así, que el fiscal Mario Díaz estaba al tanto, y que la cesión del 25% al Estado se hizo porque siempre lo hacían y porque él pertenecía al “proyecto político” (ver página 6). Al cierre de esta edición, los letrados de Graffigna no habían respondido a la consulta de Tiempo de San Juan por ésta cuestión.

A Graffigna y Alday les llegó al mismo tiempo el pedido de captura por la causa conexa a la megacausa, donde se investiga si hubo coacción sobre una familia que debía cobrar por su terrenito en Cuesta del Viento. Alday recibió una falta de mérito, mientras Graffigna estuvo dos meses preso y con el nuevo fallo de la Corte volvió a quedar procesado.

La misma jueza, María Inés Rosellot, será la que tendrá que decidir en la investigación de la megacausa si cree que la sociedad se desintegró en 2002 o si siguió varios años más. De allí depende el futuro de cada uno.

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