el escándalo de los sobreprecios

Expropiaciones: la Corte tiene la palabra, con una fortuna en juego

El máximo tribunal de justicia provincial tiene 4 expedientes. El último entró hace 10 días. Debe expedirse en no más de 2 o 3 meses. Expectativa por un pronunciamiento clave, con más de $3.500 millones en el medio. Por Sebastián Saharrea.
sábado, 03 de marzo de 2012 · 10:05

Lo que se investiga es si existe una red delictiva encargada de estafar al Estado provincial mediante expropiaciones infladas por 80 millones de pesos que ya se abonaron y otros más de 3.500 millones que están en la puerta del horno. Y entre la causa principal y las conexas, la Corte de Justicia provincial ya tiene en su escritorio 4 expedientes sobre los cuales deberá fallar de manera inminente. El primero de ellos deberá ser en no más de 90 días y será un pronunciamiento que marcará el rumbo de lo que ocurra después para el futuro de la investigación.
La Corte, que desde esta semana quedó bajo la presidencia de Medina Palá, tiene sobre su escritorio desde hace tiempo las carpetas de un par de causas civiles por pago de expropiaciones apeladas por el gobierno. Una de ellas es la llamada causa Carabajal, por un terreno expropiado en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento, y la otra es la causa denominada Lobbe de Morón, que es ni más ni menos que la expropiación de los terrenos del Parque de Mayo.
Esta es la que más preocupación causa en el gobierno provincial porque es una sentencia firme, con fallo en segunda instancia por 400 millones de pesos. A eso hay que sumarle intereses desde el año 1929, la fecha en que se produjo la expropiación, lo que entrega una cifra astronómica en el caso que se deba abonar de alrededor de $3.500 millones. Por esa causa civil hay un recurso extraordinario en la Corte y será el máximo tribunal de justicia provincial el que decidirá si se abona o no.
A esas dos causas civiles se agregaron en los últimos días otras dos. La semana pasada, la Sala I de la Cámara Penal admitió y envió a la Corte el recurso de Casación introducido por la provincia en apelación a la causa en la que se declaró nulo el proceso al abogado Santiago Graffigna, quien había estado detenido. Es la causa por administración fraudulenta hoy contra Graffigna Santiago y Alday Horacio, en la que se investigaba si ambos abogados perjudicaron a un grupo de propietarios de terrenos inundados por Cuesta del Viento, de apellido Manrique y Luna.
Es una causa conexa a la investigación principal en la que se investigan todas las expropiaciones sospechosas en la provincia. La jueza de Instrucción María Inés Rosellot había dispuesto la detención de Graffinga y Alday. El primero quedó preso y Alday recibió una eximición de prisión. Pero la Cámara Penal declaró nulo el proceso. La apelación a esa decisión es la que ahora tiene en sus manos la Corte. Es la única causa de raíz penal vinculada al escándalo de las expropiaciones en mano del tribunal, el resto son civiles y contenciosas.
Esta última aterrizó en la Corte también hace pocos días. Tiene su origen en el desplazamiento de Norberto Baistrocchi de la Fiscalía de Estado, organismo en el cual trabajaba como uno de sus abogados. Baistrocchi fue cesanteado mediante un decreto firmado por el propio gobernador Gioja, y el abogado apeló judicialmente la medida.
La causa cayó en la jueza en lo Contencioso Administrativo de la provincia, María José Nacif. Pero Baistrocchi recusó a la magistrada con el argumento de que Nacif es cuñada del senador nacional Ruperto Godoy, a su vez allegado al gobierno que determinó su alejamiento. La Sala II, con el voto de los jueces Caballero y Moya, aceptó la recusación y apartaron a Nacif de la causa. Pero los letrados oficiales consideraron que también uno de los camaristas debió apartarse porque también estaba recusado.
Se trata de Moisés Moya, quien tiene una relación de cercanía con Santiago Graffigna, uno de los dos abogados apuntados en el caso de las expropiaciones que dio origen al apartamiento de Baistrocchi. Graffigna tiene una relación de crianza con Moya, y hasta cedió honorarios en favor de su hijo. Por lo tanto, los abogados oficiales pidieron la recusación de Moya en la decisión de apartar a la jueza Nacif y presentaron un recurso de reposición ante la Corte.
Esa es la decisión que deberá tomar el tribunal en el plazo inmediato. Esta resolución, como el recurso de Casación, debería salir en los próximos 2 o 3 meses, estiman las partes, mientras que las otras dos causas civiles pueden demorar un tiempo más.
Esas decisiones deberán producirse en medio del recambio de magistrados más importante de los últimos tiempos, que incluye a los cortistas. Y será determinante para evaluar el rumbo de la causa madre en el expediente más importante para el Poder Ejecutivo en Tribunales. En un momento en que el Poder Judicial aparece dividido: por un lado la Corte y su ámbito de influencia, y por el otro abogados y funcionarios judiciales que parecen dispuestos a desafiar su poder.


Lo que ya se pagó
$ 80 millones

Lo que tiene sentencia para pagar
$ 3.500 millones