Por el caso del médico forense acusado de abusar a una menor, detenido en el Penal de Chimbas, la defensa del imputado solicitó la prisión domiciliaria una vez más y argumentó con certificados médicos que no está en condiciones de permanecer tras las rejas. Fue por ello que los fiscales que intervienen en la investigación se opusieron al beneficio y, ante el choque de diferencias, la jueza de Garantías dejó todo en manos de una junta médica que evalúe la situación.
En ese contexto, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Paula Arredondo, arremetieron con un perito de parte a fin de garantizar la imparcialidad en el informe que se realice desde el gabinete de profesionales que analizarán la historia clínica de Eduardo Recabarren.
Como pocas veces sucede, un perito del MPF participará en el examen de una junta médica y esto sucede porque, si bien se concibe a la junta como un órgano judicial imparcial, se trata de un imputado bastante particular puesto que es un médico que podría estar relacionado con alguno de sus integrantes. Según fuentes allegadas, lo que se busca evitar es cualquier tipo de especulación sobre la resolución a la que arribe la junta médica.
En la audiencia del jueves, la defensora oficial del médico forense sospechado de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una nena presentó certificados médicos que sustentan las afecciones que Recabarren tiene, lo que en la primera audiencia -la de formalización- se había indicado.
La Dra. María Emilia Nielson manifestó en aquella oportunidad que su representado es diabético, hipertenso, presenta un adenoma prostático y cardiopatía. Por ello sugería que cumpliera con la prisión preventiva en su casa. Como respuesta, Gallastegui y Arredondo se opusieron a la domiciliaria y señalaron que no se había presentado certificados en los que se indicaran una internación en un centro de salud, por lo que no veían necesaria que se le concediera el beneficio.
Finalmente, el entonces juez de Garantías Diego Sánz resolvió que fuera a parar directo al Servicio Penitenciario, ya que de conceder la libertad se ponía en riesgo la investigación. Fue por ello que dictó la prisión preventiva por dos meses y estableción 10 meses de investigación penal preparatoria.
