Historias del crimen

“La planchita”

Una investigación por cheques falsos, terminó en un supuesto pedido de coimas por parte de unos policías a un comerciante. Este los denunció y los efectivos cayeron presos. Fue en 2007 y el caso nunca llegó a juicio, aunque dos de los involucrados fueron echados de la fuerza.
domingo, 20 de enero de 2019 · 11:08

Por Walter Vilca

El refrán justo sería: “fueron por lana y salieron trasquilados”. Es que no hay otra frase más simple para contar lo que pasó en octubre de 2007 cuando unos policías supuestamente coimearon a un comerciante al que investigaban y se llevaron un fiasco. En el momento en que fueron a retirar la “planchita”, en cuya caja debía estar el dinero que exigían, aparecieron otros uniformados y los llevaron presos.

Según cuenta algunos viejos policías, ya venían notando actitudes sospechosas en parte del personal de Defraudaciones y Estafas y veían que no andaban en buenos pasos, como anticipando lo que podía suceder. Y un día pasó, allá por octubre de 2007, después de que esos policías abrieran una investigación contra un comerciante de apellido Picón, dueño de una mueblería en Santa Lucía, por una presunta estafa con cheques sin fondos en perjuicio de una mujer.

El mediodía del viernes 12 de octubre de 2007, los policías de esa sección de la Brigada de Investigaciones allanaron aquella mueblería situada en avenida Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía, en busca de posibles pruebas del delito. En el procedimiento encontraron fotocopias de cheques y registros de cuentas bancarias, pero no los documentos que esperaban hallar. Los efectivos le hicieron saber al dueño del negocio que había una causa en su contra y le recomendaron que buscara abogado porque podían detenerlo, pero también aprovecharon la situación para insinuarles otros propósitos. Le dijeron que les gustaban unas tablas de planchar que tenía a la venta en su negocio y preguntaron que si podían llevarlas. Eso sí, le explicaron que no contaban con dinero y estaban dispuesto a que acordaran la forma de pago o que él viera como “arreglaban”. Picón, asustado y entendiendo que era un apriete, no puso reparo y aceptó la propuesta. Fue entonces que los efectivos quedaron en volver más tarde y antes de marcharse, reiteraron que hablara con un abogado.

Picón entró a preocuparse y se contactó con un abogado, quien supuestamente se comunicó con el cabo Carlos Barrios –uno de lo que había hecho el allanamiento- de Defraudaciones y Estafa y éste aseguró que sobre el comerciante existía una orden de detención por una causa de presunta estafa.

Esa misma tarde, Barrios y otro la policía regresaron al negocio en busca de las tablas de planchar. Según el comerciante, fueron a dejarle el acta del allanamiento y de paso cargaron las dos tablas en un auto de la Brigada. No le dieron ni un peso, pero exigieron que les entregara una boleta como si las hubiesen pagado. Ese fue el primer paso de lo que después vendría.

El sábado los policías volvieron a la mueblería y otra vez lo presionaron para que “arreglaran” la causa. Picón, desesperado, recurrió a un amigo policía para que averiguara qué podía hacer. Este efectivo, de apellido Ortiz y perteneciente a la Seccional 2da en ese momento, hizo aparentemente algunos llamados a la Brigada y posteriormente le devolvió la comunicación. Fue al grano. Le explicó que los otros policías exigían 8.000 pesos para cajonear el sumario y despegarlo de la causa judicial, denunció el comerciante aquella vez.

En los días siguientes, esos policías de Defraudaciones y Estafas comenzaron a llamarlo y mandarle mensajes de textos al celular para amenazarlo con la causa y extorsionarlo para llegar a un acuerdo de dinero.  El comerciante insistió en que no contaba con plata y que era imposible llegar a esa cifra. Según él mismo contó, Barrios luego le propuso que pagara 300 pesos por semana, durante dos meses y medio, y todo quedaba solucionado. Eso supuestamente ocurrió la mañana del 17 de octubre de ese año. Durante la tarde, ese policía junto a su jefe, el oficial principal Daniel Merino, se apersonó nuevamente en el comercio como para sellar el trato y darle las garantías, según denunció Picón. Al verse acorralado, esa misma noche Picón recurrió a otros policías que conocía y los puso al tanto del “apriete” que estaba sufriendo. Esos uniformados no quisieron meterse en problemas, pero le recomendaron que no se dejara presionar y que directamente radicara la denuncia en la fiscalía de turno.

El jueves 18 de octubre, Picón tomó coraje y se entrevistó con el fiscal de instrucción Daniel Guillen para denunciar el pedido de coima por parte de los policías. El representante del Ministerio Fiscal vio la gravedad del hecho y pidió la intervención del juez José Atenágoras Vega, a cargo en esa época del Cuarto Juzgado de Instrucción. En una reunión casi en secreto, el fiscal junto al juez Vega y el Jefe de Policía de ese entonces, el comisario general (R) Miguel González, dialogaron con Picón para que les diera más detalles. Dio la casualidad que en esos momentos el comerciante recibió el llamado de uno de los policías que supuestamente lo extorsionaba. Fue así que los funcionarios le dijeron que prosiguiera con las conversaciones y que aceptara el trato que le proponían.

Picón les siguió el juego. El policía que estaba del otro lado del teléfono le anunció que pasada las 14 del viernes 19 de octubre irían a su negocio a buscar el primer pago de 300 pesos. Ese efectivo que hablaba también le dijo que, como se acercaba el Día de la Madre, quería una plancha y que pusiera el dinero dentro de la caja. Aunque el comerciante estaba realmente asustado por lo que podía suceder, dijo a todo que sí dispuesto a no echarse atrás. Paralelamente, otros policías con directivas expresas del juez Vega, del fiscal Guillen y del comisario González prepararon el redada y “marcaron” los billetes que Picón planeaba entregar como forma de pago. El operativo consistía en que los investigadores iban a ocultarse dentro del negocio, de modo que cuando llegaran los supuestos extorsionados los pescaran in fraganti.

Llegada la hora de ese viernes 19 de octubre de 2007, Picón temblaba de los nervios en su negocio esperando que aparecieran los policías de Defraudaciones y Estafas. Hasta que en un momento llegó el auto Volkswagen de la Brigada y el cabo Barrios entró al comercio. Con vos de simpático, dijo: vengo por la “planchita”, según las versiones policiales y judiciales. El comerciante asintió con la cabeza y le entregó la caja con el artefacto y el dinero en su interior. El policía se despidió amablemente, pero cuando cruzó la puerta del local, desde adentro le gritaron que se detuviera y que mantuviera silencio que era un procedimiento policial. Los que estuvieron ahí cuentan que Barrios miró al cielo y cerró los ojos como diciendo “tierra, trágame…” Para ese entonces, unos patrulleros policiales rodearon al Volkswagen de la sección Defraudaciones y Estafa, en cuyo interior estaba otro policía de apellido Marinero que esperaba al cabo Barrios en la calle.

Fue una escena de película, con los dos policías lamentándose y tratando de justificarse frente a sus propios compañeros de fuerza. Más tarde apresaron al oficial principal Daniel Merino, a un oficial de apellido Romero y a un suboficial de apellido Escudero, todos de Defraudaciones y Estafas. Otro que cayó fue el policía de apellido Ortiz, de la Seccional 2da, al que le achacaron encubrimiento, lo mismo que a un veedor judicial.

El caso fue un escándalo por la forma en que habían sorprendido a los policías. La imputación inicial fue la del delito de exacciones ilegales y todos esos policías fueron separados de sus funciones. Con el tiempo, algunos fueron despegando de la causa. Se comprobó que el chofer, de apellido Marinero, no sabía nada y que sólo había acompañado a Barrios. Con respecto al oficial y al otro suboficial, no hubo pruebas para atribuirle participación en la maniobra ilícita, al igual que al veedor judicial que había acompañado el primer procedimiento en la mueblería.

Los únicos comprometidos eran el cabo Barrios y el principal Merino, quienes meses después fueron procesados por extorsión en grado de tentativa. Al policía Ortiz, de la Seccional 2da, le dictaron el auto de procesamiento por falta a los deberes de funcionario público en razón de que sabía del supuesto pedido de coima y no denunció el hecho.

Hasta ahí se podría decir que la Justicia actuó como correspondía. Sin embargo, la Justicia también tiene sus tiempos y en ocasiones es muy lenta cuando quiere. Como en este caso, que si bien la causa fue elevada a juicio nunca llegó concretarse el debate. Los abogados de los dos imputados se las ingeniaron para presentar recursos y el caso se fue dilatando al punto que los años pasaron y todo quedó en la nada. Fuentes judiciales y policiales revelaron que los entonces jueces –que tenían el caso en sus manos y luego se jubilaron- de la Sala III jamás pusieron fecha al juicio y por ende la causa quedó paralizada hasta que fue dada por prescripta. Igual, los policías implicados tuvieron su castigo por el lado administrativo dentro de la fuerza. El oficial principal Daniel Merino y el cabo Carlos Barrios fueron echados de la fuerza, mientras que el agente Ortiz fue sancionado con días de arresto por su acto de inconducta.

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