A 21 años del caso Salas

Confirmado: investigarán penalmente a Mazzei

El Fiscal Federal General decidió abrir una causa por la supuesta comisión de tres delitos. ¿No está habilitado por el Foro de Abogados para litigar? Por Gustavo Martínez Puga.
jueves, 15 de diciembre de 2016 · 21:15

Tiempo de San Juan adelantó la semana pasada que el contador y abogado Santiago Abel Mazzei Mattar (44) estaba otra vez en la mira de la justicia, a 21 años del escándalo que lo tuvo como protagonista de una noticia nacional cuando su novia menor de edad, Marcela Salas, murió en circunstancias nunca esclarecidas en el interior de un hotel alojamiento de Santa Lucía. Ahora se confirmó que será investigado nuevamente. Esta vez, por la Justicia Federal, donde empezaron a tomar medidas por la posible comisión de tres delitos como abogado perjudicando a sus clientes en causas laborales.

La denuncia formal la hizo la Comisión Médica 26, la cual depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. Fue después de ver un repentino manejo voluminoso de causas por parte del estudio jurídico de Mazzei.

Tras citar a supuestas víctimas con problemas de salud por razones laborales, en la Comisión Médica recibieron testimonios de personas que decían que les habían falsificado la firma en el estudio jurídico de Mazzei. También dijeron a esa institución que supervisa los casos de demandas laborales contra las ART que habían sufrido una especie de "captación” por parte de Mazzei y de otra mujer a la que la gente identificó como "la doctora Carolina Vargas”.

En realidad, ésta última no es abogada y sería la secretaria de Mazzei.

Ahora el fiscal federal Francisco Maldonado decidió abrir una investigación contra Mazzei y Carolina Vargas por los presuntos delitos de defraudación, falsificación de firmas y usurpación de títulos.

La apertura de la investigación judicial del fiscal federal implicó solicitar "medidas de prueba”.

Esas medidas son pedir a la Comisión Médica 26 toda la documentación que tenga sobre el caso que denunció; quiénes son los testigos que dijeron que les falsificaron la firma para citarlos a declaración testimonial, entre otras medidas.

En caso de que el fiscal entienda que Mazzei podría haber cometido un delito, recién ahí lo imputará y lo citará a declaración indagatoria. Ese paso legal aún no se cumple.

Otro punto que investigará el fiscal federal Maldonado es si Santiago Mazzei está o no habilitado por el Foro de Abogados para ejercer como abogados.

Si bien Mazzei aparece en la Guía de Profesionales del Foro de Abogados con la matrícula N° 3678, no aparece en el ítem Lista de Habilitados.

Eso puede ser por una falta menor, como es el atraso del pago de tres cuotas al Foro (a partir de ahí los abogados son sacados de la Lista de Habilitados). O puede ser por algún otro motivo más grave, con lo cual habría cometido otra irregularidad si tramitaba causas sin tener la matrícula habilitada por el Foro de Abogados.

 

CONDENADO POR EL CASO SALAS

Mazzei, 21 años después, de nuevo en la mira de la justicia

Lo denunció la Comisión Médica que depende de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo por supuestas irregularidades con trabajadores. Por Gustavo Martínez Puga.

Marcela Salas.

Mazzei, 21 años después, de nuevo en la mira de la justicia

Comisión Médica 26, la entidad del gobierno nacional que denunció.

En el ocaso de un domingo del ´95 el nombre de Santiago Abel Mazzei Mattar era noticia nacional: la chica con la que salía, una menor de 17 años, moría en un hotel alojamiento de una manera por demás extraña y en circunstancias que nunca fueron totalmente esclarecidas. En septiembre del ´98, el ex rugbier y entonces futbolista de Sportivo Desamparados era condenado por ese crimen a 3 años de prisión (justo en el límite para no meterlo preso), culpable de un homicidio culposo: los entonces jueces de la Sala Primera de la Cámara Penal resolvieron que había matado sin intención a Marcela Salas, una bella y humilde chimbera que sufrió un reflejo vagal por una relación sexual no consentida. O tal vez sí. Eso quedó en la conciencia del ahora abogado Mazzei.

Aquel caso saltó rápidamente del límite provincial. Es que se demoró más de cinco días en saber de qué había muerto la menor. Y el paso de los días dejó en evidencia que la supuesta agonía en la que había caído Mazzei en ese momento había sido una mentira montada para tenerlo en una cama del hospital para evitar una posible detención preventiva y la exposición pública. A la escena del crimen llegaron primero el dueño del hotel alojamiento Weekend, el hermano de Mazzei y, por último, la Policía. 

LA DENUNCIA

A 21 años de aquel escándalo que siempre significó una espina clavada en los sanjuaninos, Santiago Mazzei vuelve a estar en la mira de la justicia.

Ahora es el fuero federal el que lo tiene entre ceja y ceja. La denuncia la realizó la Comisión Médica N° 26 (Sucursal San Juan) de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo por presuntas irregularidades con trabajadores que podrían llevar a una estafa al Estado Nacional con el pago de pólizas de seguros médicos por problemas médicos laborales que no habrían existido.

El caso se tramitó en la Secretaría Penal N° 5 del Juzgado Federal N° 2 y fue remitido por el juez federal Leopoldo Rago Gallo al Fiscal Federal General, Francisco Maldonado.

Ahora el fiscal federal Maldonado evaluará la denuncia para decidir si abre o no una investigación. Si lo hace, se podría citar a los supuestos trabajadores damnificados por Mazzei, quien fue denunciado junto a una mujer también a quien también identifican como abogada, Carolina Vargas. Sin embargo, ésta última no aparece como matriculada en el Foro de Abogados de San Juan, mientras que Mazzei sí.

La denuncia la hizo la Comisión Médica, una entidad de la Superintendencia de Riegos de Trabajo, el organismo nacional que supervisa a las ART (Administradoras de Riesgos de Trabajo).

Esa Comisión Médica habría detectado irregularidades en el reclamo de pago de seguros médicos de trabajadores que asistía legalmente Mazzei y Vargas.

Los trabajadores fueron citados por la Comisión Médica y allí dijeron que los abogados les habían falsificado sus firmas en gestiones que ellos no habrían autorizado.

Esos trabajadores también habrían dicho a la Comisión Médica que fueron "captados” por esos abogados, quienes les habrían prometido un cobro seguro de los supuestos problemas médicos.
La denuncia de la Comisión Médica dice que los abogados les aseguraron a los trabajadores tener "contactos en los juzgados” que les iba a garantizar el cobro de una póliza.

Ahora en la Justicia Federal analizarán si hay o no comisión de delitos por parte de los abogados. Según fuentes judiciales, a simple vista no habría perjuicio económico en contra del Estado Nacional porque no se habría producido un pago, pero  sí podría haber una falsificación de firmas y una usurpación de títulos o cargos, ya que los abogados podrían haber mentido en su beneficio económico y en perjuicio de sus clientes  con la supuesta llegada a organismos y a personas.

EL ANTECEDENTE

En octubre de 2014 el juez federal Rago Gallo procesó por asociación ilícita a cuatro abogados, tres médicos y un obrero calero porque habían montado una fábrica de sordos para cobrar seguros del Estado Nacional a través de las pólizas de la ART.

Esa investigación había arrancado en el 2008. Hoy en día la causa aún está en apelación ante la Cámara Federal de Mendoza.
 

 
Repasá la nota de Tiempo de San Juan sobre el antecedente:
 
LA PRESUNTA ESTAFA ARRANCA EN $422.112

Abogados apuntados por estafa "fabricando sordos"

El fallo es del juez federal Rago Gallo. Dijo que cuatro abogados, tres médicos y un obrero calero formaron una asociación ilícita para saquear al Estado nacional. Un gremialista de AOMA, sobreseído. Por Gustavo Martínez Puga

Abogados apuntados por estafa  

Juan Manuel Azcona, Ernesto Daniel Clavijo, Agustín Zumel, Waldino Fabián Acosta Gómez.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó sin privarlos de la libertad a cuatro abogados sanjuaninos, a tres médicos (un sanjuanino, un cordobés y un tucumano) y a un obrero calero de Sarmiento, por armar una asociación ilícita para inventar casos de sordera en obreros mineros y estafar al Estado nacional, saqueando un fondo especial de las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).
Pueden sumarse más nombres y profesionales porque éste fallo cerró la investigación judicial de una determinada cantidad de personas y hechos denunciados, pero fuentes del caso aseguran que habrá más gente involucrada.
En las empresas ni siquiera sabían de la presunta maniobra ilegal que habían armado un grupo de abogados, quienes habrían reclutado a obreros mineros como clientes, haciéndolos pasar por sordos, con la venia de médicos que certificaban ese problema médico inexistente.
Así consta en el auto de procesamiento que dictó el juez Rago Gallo, tras una minuciosa investigación judicial que arrancó el 10 de marzo de 2008, como consecuencia de la denuncia que radicó el empresario Joaquín Ares, propietario de la empresa minera El Volcán.
Según la investigación judicial, el negocio ilícito se armó para vaciar el "Fondo de Fines Específicos” que era común a todas las ART, el cual iba a pasar a manos del Estado nacional, el cual lo creó por el decreto N°590/97, con el que se atendía el pago de enfermedades de hipoacusia.
Esto se creó porque antiguamente la nomenclatura en la que se basaban las ART no figuraba la cobertura para ese problema de salud. Ese fondo debía ser controlado por la Superintendencia de Seguros y la superintendencia de Riesgos de Trabajo dependientes del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Otra prueba fundamental fue que las empresas que hicieron estudios médicos particulares al personal detectó que existen personal que fue indemnizado que no tenía dichas hipoacusias o que las poseían en un grado ínfimo, lo cual no justificaba legalmente ni las incapacidades dadas por los médicos oficiales ni las indemnizaciones pagadas por la ART.
El caso se destapó cuando la empresa La Segunda ART le llamó desde Córdoba al empresario minero Joaquín Ares para informarle que le iban a aumentar un 300 por ciento la póliza de seguro, debido a que su empresa se había transformado de golpe en una "generadora de importantes reclamos indemnizatorios”, sobre todo desde fines de 2006 y durante 2007.
En ese periodo, la ART La Segunda pagó reclamos administrativos por sordera a 16 de 23 casos y tenía otros siete reclamos judiciales por ese cuadro médico, todos obreros mineros de El Volcán.
Esa ART pagó por esos reclamos 422.112 pesos. Por lo que la estafa al Estado nacional arranca en ese piso. Pero, según fuentes judiciales, es muy superior.
 
ABOGADOS
Los cuatro abogados sanjuaninos procesados en la Justicia Federal son Juan Manuel Azcona Beltrán (34), Agustín Rodolfo Zumel Leaniz (34), Ernesto Daniel Clavijo Martín (41) y Waldino Fabián Acosta Gómez (47), sobrino del ex vicegobernador Waldino Acosta y primo del dirigente político Waldino Acosta Zapata.
En el caso de Azcona y Zumel, los procesaron por delitos contra la propiedad, contra la fe pública y contra el orden público y falsificación de documentos públicos. En total les imputan 33 hechos delictivos, todos en concurso con el de integrantes de una asociación ilícita.
Mientras que a Clavijo y a Acosta Gómez les imputan delitos contra la fe pública y contra el orden público, en un total de 22 hechos delictivos.
 
MÉDICOS
Los tres médicos procesados son: Roberto Andrés Moya Ruiz (41), quien vive en Rivadavia y es nacido en Buenos Aires; Carlos Manuel Delera Soldevila (57), oriundo de Carlos Paz, Córdoba, y Gustavo Adolfo García Larsen (49), oriundo de Yerba Buena, Tucumán.
Al sanjuanino Moya, quien figura como "médico actuante”, le imputan cuatro hechos delictivos, tres contra la fe pública y uno contra la seguridad pública; además de integrante de la asociación ilícita.
Al  cordobés Delera, quien figura como "médico actuante”, le imputan 19 hechos delictivos contra la fe pública; 12 hechos delictivos contra la propiedad y como partícipe de 6 hechos delictivos, además de integrante de la asociación ilícita.
Mientras que al tucumano García, quien figura como "el médico actuante”, le imputan seis hechos delictivos contra la fe pública y cinco hechos como partícipe necesario de delitos contra propiedad, además de integrante de la asociación ilícita.
 
EMPLEADO
El único obrero minero procesado por el juez federal es Orlando Cipriano Bruna (56), quien vive en Sarmiento y es empleado de la empresa calera Calera Massut. Le imputan 17 hechos de delitos contra la fe pública; 7 hechos contra la propiedad; partícipe necesario en 7 hechos y coautor en 42 hechos de delitos contra la propiedad.
 
 
Un gremialista de AOMA, sobreseido
En la investigación por estafar al Estado nacional con casos de obreros con sorderas truchas, el juez federal Leopoldo Rago Gallo sobreseyó a tres empleados mineros. Uno de ellos es Iván Marcelo Malla (36), empleado de la empresa El Volcán y dirigente del gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina).
Actualmente Malla tiene el cargo de Segundo Vocal titular en el gremio que dirige Héctor Oscar Laplace como Secretario General.
Malla es la máxima autoridad del gremio en San Juan. En el 2010, cuando Martín Ángel fue removido a nivel nacional, él asumió la Comisión Normalizadora nacional. Después de dos años, el gremio AOMA llamó a elecciones y Malla quedó en la lista que ganó la elección en las urnas. 
El juez Rago Gallo también sobreseyó a un hermano de Malla, Raúl Edgardo Malla (40), empleado minero, y a Carlos Washington Díaz (54), empleado metalúrgico de El Volcán.


Delitos y penas
Estos son los delitos y las penas del Código Penal que el juez federal imputó.
Artículo 292: El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.
Artículo 296: El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.
Artículo: 174, inciso 5 (sufrirá prisión de dos a seis años, el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública), en función del artículo 172 (será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño).
Además de los artículos anteriores, a los médicos también les imputó el artículo 295: Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.
Artículo 210: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

 
 
Repasá la nota sobre el caso de Marcela Salas: 
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Marcela Salas.

 
LA HISTORIA DE MARCELA SALAS

Cinco días de verguenza - Por Omar Garade

El encubrimiento es una de las particularidades de los últimos grandes casos policiales en San Juan. La muerte de una bella joven chimbera en 1995 fue una clara muestra de cómo "la máquina de tapar” se puso en funcionamiento. Si se siguiera el mismo procedimiento que se lleva en la actualidad con el caso María Marta García Belsunce, esta conducta sería llevada a juicio.


Se tardó exactamente cinco días en saber cuál fue la causa de la muerte de Marcela Salas, una joven de 17 años que falleció un lunes a la madrugada en la cama de una hotel de alojamiento en la zona del Acceso Este de Capital. Durante esas jornadas los servicios de policía, judicial y de salud de la provincia realizaron unos de los papelones más memorables en la historia más reciente.

La primera noticia que se tuvo del caso es que Marcela apareció muerta en la habitación Nro. 7 del hotel alojamiento Week End. Su novio, Santiago Mazzei, que por esos días tenía 19 años, fue encontrado desvanecido en el baño del lugar y según se dijo, "agonizante". 
Siguiendo con esta primera versión que dio la policía sanjuanina, también se dijo que quien dio la voz de alerta fue el dueño del establecimiento, Arturo Bretillot, luego de entrar a la habitación para ver porqué se demoraban en salir después de terminado su turno. También en esas mismas horas se dijo que lo único extraño en la escena del crimen fue un envase de gaseosa y un fuerte olor nauseabundo, cuya procedencia no se pudo determinar.

Esta primera versión, que se dio a conocer el lunes por la mañana, apenas pocas horas después de haber ocurrido el hecho, fue coronada con la hipótesis de los investigadores de que se trataba de "un pacto de amor" entre los novios para quitarse la vida, ya que sus familias no aprobaban la relación. El muchacho provenía de una familia bien posicionada política y socialmente de Rivadavia y la chica, de una humilde familia del barrio Los Tamarindos de Chimbas. Esas diferencias sociales habrían sido las razones que sus parientes utilizaban para prohibirles que se vean, situación que los habría llevado a querer suicidarse juntos. No lo lograron, ya que la única víctima fatal fue Marcela, porque Santiago, a pesar de su grave estado seguía vivo en una cama del Hospital Rawson. Mientras tanto, en ese primer día los médicos de la morgue local, aseguraban que por más que revisaban y revisaban el cuerpo de la joven, no podían encontrar la causa de la muerte.

El martes la idea del pacto de amor comenzó a desvanecerse. Sobre todo por las declaraciones de la familia de Marcela, que aseguraba que no había ningún problema en la pareja de su hija con Mazzei, que eran unos novios normales y que se querían mucho. Por su parte, la familia del "agonizante" Santiago evitaba cualquier contacto con la prensa, al tiempo que en el hospital ya corría el rumor de que el ex rugbier y novato jugador de fútbol no estaba tan grave como se decía.

A estas alturas, la hipótesis del pacto de amor suicida había perdido entidad por completo. La policía seguía con sus investigaciones e hizo analizar el envase de gaseosa, buscando en la posible presencia de algún veneno asesino, una segunda hipótesis que fuera más creíble que la primera. Los resultados fueron negativos: no había nada tóxico en el líquido sobrante. El pacto de amor se derrumbaba definitivamente y para peor aún, se supo que el hermano del novio sobreviviente había llegado a la habitación del hotel antes que el dueño del lugar y la policía misma.

Desde la Morgue ubicada a un costado del Hospital Marcial Quiroga, se insistía que a pesar de los "esfuerzos", las causas de la muerte seguían sin conocerse.

El miércoles la investigación viró hacia el olor nauseabundo y la posible intoxicación con gases. Se buscó en todas las cañerías de la habitación algún rastro de un posible asesino invisible. El "ingenio" de los investigadores llegó hasta el punto de experimentar encerrando unas ratas dentro de la habitación durante una noche, para ver si al otro día estaban vivas o si morían intoxicadas.

El rumor de que la salud de Santiago Mazzei no era todo lo preocupante que se decía cobraba cada vez más fuerza. El traslado a una clínica privada, el Instituto Médico San Juan, desde el Hospital Rawson parecía confirmar que la familia buscaba construir un cerco de privacidad alrededor del joven, aunque aseguraban que lo que querían era una mejor atención médica.  Aparentemente un diputado provincial, candidato a intendente y pariente de los Mazzei,  el médico Salvador Lo Cascio, era el que llevaba adelante esta estrategia.

En medio de estos rumores, la familia de la víctima (sobre todo su hermana melliza, Analía) se impacientaba cada vez más por la falta de precisiones por la causa de la muerte de Marcela. Las autoridades policiales todavía aseguraban no saber nada.

El jueves, al abrir la puerta de la habitación del hotel alojamiento, las ratas del experimento de comprobación de gases tóxicos, salieron vivitas y coleando del lugar. Otra pista que se caía y obligaba  los investigadores a empezar de cero otra vez. Descartaron el pacto de  amor, la intoxicación con una bebida y la intoxicación con gases. A cuatro días de la muerte de Marcela Salas, la policía, el fiscal y el juez seguían con las manos vacías, y ahora no solo la familia de la joven se impacientaba, sino también toda la opinión pública.

Ese   mismo día, hacia el final de la tarde, un periodista y un fotógrafo lograban retratar a Santiago Mazzei en la cama de una clínica céntrica, quien con cara de sorprendido ante el flash daba cuenta de su muy buena salud en ese momento. Algo totalmente distinto al cuadro de agonía en el que se afirmaba que se encontraba, apenas tres días antes.

El viernes cambió toda la historia.  Las explicaciones que se conocieron arrojaron luz sobre la razón real de la muerte, pero ensombrecieron aún más la investigación de un caso que ya tenía tres hipótesis fallidas. Un reconocido médico forense de Córdoba llegó a la provincia para dar otra opinión sobre las razones de la muerte de una de las mellizas Salas. Lo primero que comentó el profesional cordobés fue que estaba sorprendido de que los especialistas locales no hubieran detectado de inmediato las señales en el cuerpo de la joven, que indicaban claramente lo que le había sucedido.

El doctor Héctor Cámara aseguró que el cadáver presentaba una dilatación del ano mayor al del puño de una mano de un adulto y muy similar a la base de un envase de gaseosa de vidrio. Explicó que esa dilatación producida en forma sorpresiva causó un reflejo vagal que detuvo el funcionamiento del corazón, lo que finalmente causó la muerte.

Su consideración más importante tenía que ver con que la víctima no se esperaba semejante dolor y fue eso lo que le produjo el reflejo vagal. Es decir, no hubo consentimiento de la víctima para un acto que poco tenía que ver con una relación sexual habitual para una pareja de novios. La violencia ejercida en ese acto estaba más cercana a un hecho criminal que a un simple accidente.

Al conocerse algunas precisiones de lo que había sucedido esa madrugada de lunes en una habitación del Week End, gran cantidad de preguntas que se hacía la familia, el periodismo y la opinión pública se transformaron en fuertes sospechas. ¿En qué estado real de salud estaba Mazzei cuando murió su novia? ¿Estaba el novio en sus cabales o intoxicado con algún tipo de sustancia? ¿Cómo pudo realizar una llamada telefónica para avisarle a su hermano lo que le sucedió, si estaba agonizando? La policía y las autoridades de salud ¿hicieron algún examen toxicológico a Mazzei, al momento de encontrarlo junto a un cadáver? ¿Por qué llegaron al hotel alojamiento, antes que la policía, el hermano de Mazzei, Bretillot y la ambulancia? ¿Cuánto tiempo estas personas estuvieron junto al cadáver, antes que llegaran los peritos policiales? ¿Qué evidencias y rastros importantes se pudieron ocultar en ese tiempo que estuvieron solos? ¿Para qué la familia Mazzei ocultó a su hijo, primero en una habitación del Rawson y luego en una clínica del centro? ¿Qué papel cumplió el entonces diputado provincial y ex funcionario del gobierno bloquista, Salvador Lo Cascio, en el cerco de protección que se montó alrededor de Mazzei, con su internación forzada?

Increíblemente, todas estas preguntas fueron púbicas. Los distintos medios de comunicación se hicieron eco de ellas y las repitieron hasta el cansancio. Entonces, la pregunta más importante de todas es porqué las autoridades judiciales de San Juan, además de juzgar a Santiago Mazzei por la muerte de su novia, no investigaron ni judicializaron a todas las otras personas que de una u otra manera, entorpecieron y desviaron la investigación en lo que puede llamarse los cinco días más vergonzosos de sistema de seguridad, justicia y salud de la provincia de San Juan.

Esos mismos policías, fiscales, jueces, políticos, médicos y forenses continuaron y continúan todavía hoy ejerciendo sus cargos y profesiones sobre la dignidad de Marcela Salas, el misterio de su muerte y la increíble suerte de un Santiago Mazzei, que sólo fue condenado por un homicidio culposo. Lo que significa que Marcela sólo fue un accidente en su vida. 



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