DESAPARICIÓN FORZOSA

Caso Tellechea: confirmaron la libertad a los 6 procesados

Lo hizo la Cámara Federal de Mendoza, refirmando así lo resuelto por el juez Leopoldo Rago Gallo en el auto de procesamiento por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea. Por Gustavo Martínez Puga.
viernes, 01 de enero de 2016 · 18:40
Por Gustavo Martínez Puga

Un tribunal superior de la Justicia Federal confirmó que seguirán en libertad los seis procesados por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea, ocurrida hace 11 años. Así, la exención de prisión que les había otorgado el juez federal Leopoldo Rago Gallo quedó firme.

La decisión la tomó la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, el tribunal que revisa los fallos de la primera instancia de la Justicia Federal en la región Cuyo.

La resolución confirmando la libertad de los siete procesados está firmada por los camaristas Hugo C. Echegaray, Roberto J. Naciff y Raúl Alberto Fourcade, con la secretaría de Graciela Liliana Terzi.

De esa manera, quienes seguirán en libertad hasta el momento del juicio son Rubén Eduardo Oro, Luis Héctor Moyano, Luis Ángel Alonso, Miguel Alejandro Castillo (ex directivos de la mutual de la UNSJ);  Alberto Vicente Flores (ex policía que prestaba servicios de seguridad y vigilancia en la mutual) y Sebastián Cortez Páez (supuesto "arrepentido”, quien hace 10 años le dijo a un hijo de Tellechea que lo habían secuestrado. Luego dijo que mintió para conseguir dinero de la recompensa).

También quedó firme la falta de mérito dictado por el juez de primera instancia a Juan Marcelo Cachi, el empleado universitario que sigue vinculado a la investigación.

Los fundamentos que argumentó la Sala B de la Cámara Federal se sostienen prácticamente en los mismos argumentos que tuvo el juez de primera instancia para dejar en libertad a los procesados hasta el juicio.

Básicamente, esos argumentos son: que no hay riesgo procesal; que los imputados acudieron a la Justicia Federal cada vez que se les requirió; que no hay riesgo de fuga; que los siete tienen domicilios fijos en San Juan y que se les fijó una fianza real de 1 millón de pesos a cada uno, la cual rindieron debidamente.

En el punto uno de la resolución de la Sala B de la Cámara Federal se determinó "no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Fiscal General Subrogante”. Luego, el punto dos dice que se "confirma la resolución en cuanto concede el beneficio de la exención de prisión” a cada uno de los siete procesados.

El fiscal federal general Francisco Maldonado, subrogando en la primera instancia, había apelado ante la Cámara Federal los argumentos del juez Rago Gallo porque entendía que los siete procesados por la desaparición forzada del ingeniero Tellechea no debían seguir en libertad hasta que se les haga el juicio oral y público para determinar sus responsabilidades penales.

Incluso, ese auto de procesamiento del juez Rago Gallo había desatado un planteo masivo de la Defensoría Oficial Pública del Juzgado Federal, donde se habían respaldado en esos argumentos para pedir "igualdad de trato ante la ley” en los detenidos por delitos no excarcelables.

Esos planteos fueron siendo rechazados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el Juzgado Federal y algunos ya fueron rechazados en la misma Cámara Federal.

El delito de desaparición forzosa tiene una pena que va desde los 10 a los 25 años de prisión.

Raúl Tellechea trabajaba en la mutual de la Universidad Nacional de San Juan y desapareció misteriosamente de su departamento el 28 de septiembre de 2004. Nunca más fue visto ni su cuerpo fue encontrado. Dejó en su habitación sus documentos hasta la insulina que usaba para la diabetes.

Diez años después, el fiscal federal general Maldonado imputó a siete personas como las responsables de haber hecho desaparecer al ingeniero con el que trabajaban en la mutual. La principal hipótesis es que Tellechea habría visto manejos irregulares de los fondos millonarios de la mutual de los empleados de la universidad pública.

Hubo una fuerte discusión entre los directivos y Tellechea. Luego el ingeniero desapareció. Y posteriormente, el 30 de septiembre de 2004, las ex autoridades de la mutual (hoy procesados) lo denunciaron por fraude, diciendo que se había quedado con dinero de la mutual.

El fiscal Maldonado entendió que esa denuncia fue una coartad y que las ex autoridades se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. 

El delito y la pena

El artículo 142 ter dice que "se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de una persona”.

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