El juez Maximiliano Blejman tenía todo listo para que este próximo miércoles 26 de agosto se empezara a tomar declaraciones indagatorias a Rubén Castro, ex presidente, y Roberto Bazán, ex tesorero de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, principales sospechosos de la presunta usura y administración fraudulenta que generó una deuda de 5 millones de pesos a los afiliados.
Usura en la mutual: iban a indagar a ex directivos y pusieron freno
Estaba previsto que el miércoles a las 10.30 indagaran al ex presidente y al ex tesorero. Pero sus defensores apelaron la fianza de 50.000 pesos y trabaron todo. Por Gustavo Martínez Puga
Sin embargo, los defensores pusieron un freno y la medida no se concretará ese día. Y, por ahora, no se sabe cuándo se realizará.
Sucede que la defensa de uno de los imputados apeló la caución real de 50.000 pesos que el juez Blejman le fijó a cada uno de ellos para otorgarles el beneficio de la eximición de prisión, es decir, garantizarles que no quedarán presos tras ser indagados.
Para que se destrabe la situación, el juez Blejman deberá resolver esa apelación. La intención es tratar de llegar a un acuerdo por la fianza de 50.000 pesos, ver qué posibilidades ofrecen los imputados para poder hacerla real, tal como resolvió el juez para otorgarles la eximición de prisión anticipada.
Una vez que se resuelva ese punto, recién ahí se fijaría una nueva fecha para indagar a los ex directivos.
Castro y Bazán son dos de los imputados que tiene el escándalo que involucra a la mutual de la UNSJ. En noviembre del año pasado, cuando asumieron las nuevas autoridades se hizo una denuncia penal porque en los meses anteriores se había incrementado notablemente la deuda de la mutual después de las elecciones que provocó el recambio de autoridades.
Así, las nuevas autoridades reconocen como legal a 2,5 millones de pesos. Mientras que otros 5 millones de pesos son considerados "ilegales”, porque quienes pretenden cobrar ese monto de dinero no pueden justificar en carácter de qué servicio la mutual les debe ese dinero.
Se presume que las autoridades salientes acudieron al circuito de dinero ilegal para tapar deudas, donde les cobraron intereses usurarios.
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