El otro hecho ocurrió en Rawson en febrero
de 2012. La celadora María Eugenia Fernández fotografió y corrompió sexualmente
a ocho niños de un hogar estatal. Acordaron 19 años de prisión y es
prácticamente un hecho que ésa será la condena final.
Ambos casos coinciden en que se evitó el
juicio tradicional mediante el sistema de juicio abreviado, que es cuando el
acusado (mediante su abogado defensor) negocia con el fiscal (representante del
ministerio público) una condena.
La situación deja en evidencia que, más
allá de que son hechos distintos, ante una misma problemática y con un mismo
procedimiento, a uno le dieron casi el mínimo castigo de la ley y a la otra
casi el máximo.
Escudero estaba acusado de "delito contra
la integridad sexual con acceso carnal” y le imputaron el artículo 119, párrafo
tercero, del Código Penal Argentino, donde la pena estipulada es de 6 a 15 años
de prisión.
María Eugenia Fernández está acusada del
delito de "corrupción de menores agravada reiterada por su condición de
guardadora (ocho hecho) y exhibiciones obscenas reiteradas (ocho hechos)”. Le
imputaron el artículo 125, tercer párrafo (de 10 a 15 años de prisión), y 128
(de 6 meses a 4 años de prisión), respectivamente.
El juicio abreviado fue negociado entre el
fiscal de cámara Gustavo Manini y el defensor oficial Mario Vega. La jueza
Silvia Peña es quien dirá el 10 de diciembre próximo en una sentencia si acepta
o no los 19 años de prisión acordados. Todo indica que es casi seguro que así
sea.
¿Por qué a uno le dieron 6 años y medio y a
la otra 19?
En Tribunales pusieron la lupa sobre el
caso de Caucete más que el de la celadora de Rawson, donde la pena negociada es
alta y no despertó malestar.
Todo lo contrario ocurrió con el caso del
niño violado en Caucete. Y en Tribunales pusieron la lupa en dos puntos: en que
la investigación judicial venía "media floja de papeles”, apelando a una frase
popular para describir una situación irregular. Y también hubo voces de la
investigación que dijeron estar "muy enojadas” con el fiscal por la negociación
que concretó.
El fiscal Carlos Rodríguez fue quien
negoció el caso del niño violado, acordando una pena de 6 años y medio de
prisión para Escudero (24), defendido
por los abogados Ricardo Moine, Sandra Leveque y Martín Torcivia.
"El acusado no tenía antecedentes ni
condena. Generalmente en un juicio por un delito de ese tipo y a una persona así,
las condenas son de 7 años de prisión. Como representante del ministerio
público, rebajar la pena en medio año no es nada y tenemos una condena cerrando
el caso”, informó el fiscal Rodríguez.
El fiscal Rodríguez no quiso hablar sobre
si la instrucción del caso estuvo o no bien hecha, tal como advirtieron en
Tribunales como motivo para aceptar la negociación.
Pero hubo un dato que trascendió en ese
sentido: el informe oficial de la Cámara Gesell no estaba incorporado al
expediente, ya que sólo habían adjuntado la desgravación de la entrevista al
menor víctima.
"Si íbamos a juicio habían cosas que podían
perjudicar el proceso en esa instancia o en la casación ante la Corte de
Justicia, a donde seguramente los defensores iban a acudir”, precisó el fiscal
Rodríguez.
Al haber hecho un juicio abreviado entre
los abogados defensores y el fiscal, en el proceso quedó afuera la Asesora de
Menores, quien podría haber tenido otra mirada sobre el caso.
Si bien el tribunal no está obligado a
aceptar la negociación a la que llegan mediante el juicio abreviado el fiscal y
los defensores, respetar el acuerdo es como una especie de pacto que no se toca
en Tribunales. Es porque se respeta que el fiscal es quien tiene la acción
pública y, si él está de acuerdo con la pena, se entiende que el interés social
está cubierto.
El titular de la fiscalía de la Sala III de
la Cámara Penal es Eduardo Mallea. Pero en ese caso lo subrogó Rodríguez, quien
es fiscal de primera instancia.
Otro dato no menor a tener en cuenta es que
en esa Sala III, al momento del juicio, había un solo juez titular: Eugenio
Barbera, ya que se jubilaron Eduardo Gil y Ricardo Conte Grand. Éste último fue
reemplazado recientemente.
Por lo tanto, para hacer el juicio por el
niño violado, para integrar tribunal junto al camarista Barbera debieron citar
como subrogante el juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción.
La falta de jueces no es un dato menor, ya
que en esa sala están a contrarreloj haciendo juicios y resolviendo apelaciones
porque las prescripciones corren y
posibles delincuentes pueden zafar por falta de respuesta de la Justicia en los
tiempos legales máximos previstos.
Sin ir más lejos, el sujeto preso por el
caso del niño violado en Caucete estaba a punto de cumplir su tercer año de
detención el próximo viernes 11 de diciembre.
Si no había condena hasta ese día, debían
ponerlo en libertad porque se le vencían los 3 años de prisión preventiva, el
máximo tiempo legal permitido para que una persona esté presa sin una condena.
Cómo fueron los casos
El niño de Caucete, con violencia extrema
El médico legista constató "desgarro anal
de reciente data”, además de hematomas en esa zona del cuerpo, lo que le
produjo una incapacidad de ocho días. El niño también tenía escoriaciones en la
rodilla izquierda, en el muslo de ese lado del cuerpo, en sus muñecas y en un
brazo. Ese parte médico no dejó lugar a dudas de que el niño de 6 años había
sufrido un abuso sexual con acceso carnal.
Ocurrió en momentos que toda la familia se
bañaba en un canal y él jugaba con sus hermanitos tirando piedras con una honda
a los pájaros. En un descuido, el sujeto que vivía a metros de su casa, Franco
Daniel Escudero, lo introdujo en el galpón en el que vivía y lo abusó.
En la causa figuran detalles escabrosos
sobre la violencia sexual que sufrió el pequeño.
La pesadilla de 8 niños en un hogar estatal
En febrero de 2012, María Eugenia Fernández
(28) fue designada como Encargada Provisoria del Hogar Hualilán, ubicado en
Rawson. En enero de 2013, cuando pidió un permiso para faltar, saltó el
escándalo cuando la nueva celadora le descubrió las fotos en una computadora.
Aparecían los niños del hogar desnudos, mientras se bañaban, dormían; los
varones con el pene afuera del pantalón y dos niñas abrazadas tocándose los
senos.
Había llamado la atención que Fernández
había pedido un préstamo de dinero siendo que habían dicho que quería renunciar
al cargo. Y también llamó la atención que se había llevado a la casa de un
vecino una PC que había en el hogar y que era del Estado. Allí, y en su
celular, tenía las fotos aberrantes.