a 16 años de su desaparición

María Rosa: las causas penales, en prescripción; la civil, en espera

16 años después, el motivo de la desaparición y el asesinato de la psicóloga del Ministerio de Educación y de un ex centro de adictos, sigue siendo un misterio camino al silencio eterno. Por Gustavo Martínez.
sábado, 2 de junio de 2012 · 14:46

Por Gustavo Martínez
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com

En el Primer Juzgado de Instrucción, la causa contra la veintena de testigos –entre ellos 8 policías-que habrían dado un falso testimonio en el juicio, está prácticamente prescripta. La misma situación ocurre con la investigación por el homicidio en el Tercer Juzgado de Instrucción. Así lo admitieron a Tiempo de San Juan altas fuentes judiciales de ambos despachos, quienes coincidieron en afirmar que sólo falta que los jueces Leopoldo Zavalla Pringles y Guillermo Adárvez, respectivamente, resuelvan formalmente la clausura de ambos expedientes por el tiempo que transcurrió sin que haya movimientos judiciales. Así, la única causa judicial por la desaparición y el homicidio de María Rosa Pacheco de Balmaceda que aún tiene signos vitales es la demanda civil contra el Estado provincial por 1,8 millones de pesos y una placa reivindicatoria del bueno nombre y honor de la profesional, la cual está a resolución de la Corte de Justicia desde marzo último.
Esta es la situación judicial actual de uno de los casos que más impacto provocó en los sanjuaninos, a 16 años de aquella fría madrugada del 2 de junio de 1996, cuando la psicóloga se despidió de su madre enferma en una habitación del Sanatorio Almirante Brown y nunca más se supo de ella.
Hasta ese momento, María Rosa Pacheco de Balmaceda trabajaba en dos lugares: como asesora en el Programa de Inversión en el Sector Educativo (PRISE), que dependía del Ministerio de Educación, y desde el cual se ejecutaban cifras millonarias para la construcción de escuelas. Y en la rehabilitación de adictos, en el desaparecido Centro Caminos, una institución privada que había formado junto a otras colegas.
Veinte días después de la desaparición, su auto Renault 19 color rojo apareció quemado en el camino a Las Tapias, en Ullum. Meses después, en el Villicum, aparecieron restos fósiles, de cabello, hojas quemadas y restos de un tapado que eran de María Rosa. En un primer momento, la familia negó que esos huesos fueran de la psicóloga. Y nunca confiaron en el 93,2 por ciento de positivo que dio el ADN realizado al cuchillo secuestrado al cuñado de la psicóloga, Jorge Balmaceda.
Pero tiempo después, el propio marido, Juan José Balmaceda, llevó el cráneo encontrado a un peritaje privado y el ADN arrojó en un 99,9 por ciento que era de María Rosa. Casi en secreto, tras llorarla como un niño, en una reunión íntima en la que participaron sus dos hijos, hermanos, cuñadas y sus abogados de confianza, el ingeniero Balmaceda le dio sepultura a ese cráneo en un cementerio parquizado de Albardón.
Trágico, pero real: para la familia era una tranquilidad saber que, al menos, María Rosa estaba muerta. Pero aún hay una gran herida abierta: quién y por qué la mataron, quemaron sus restos y su auto.
Esa herida promete no cerrar. Es que tras el juicio que se realizó en 1999, los jueces Héctor Fili, José Domínguez –votaron a favor- y Alfredo Conte Grand –votó en contra- resolvieron que no había pruebas para condenar a los hermanos Juan José y Jorge Balmaceda, a quien la investigación policial y judicial de primera instancia había señalado como responsables del homicidio por una supuesta infidelidad de la psicóloga. Además, el tribunal resolvió que esa hipótesis no era certera y también que había una veintena de testigos que durante el juicio habrían dado falso testimonio.
Por ese motivo, los camaristas resolvieron devolver la causa al Segundo Juzgado de Instrucción –donde se había hecho la investigación- para que investigaran de nuevo quién mató a María Rosa. Pero el entonces juez de ese juzgado se inhibió y la causa pasó al Tercero de Instrucción, donde ahora informan que, técnicamente, está prescripta.
Además, el tribunal de la Sala III de la Cámara en lo Penal y Correccional le pidió al juzgado de turno en ese momento, el Primero de Instrucción, que investigara por falso testimonio a una veintena de testigos. Entre ellos había 8 policías y algunas personas que en ese momento eran funcionarios. También esa causa careció de movimiento y ya se cumplieron los tiempos que el Código Penal impone para que prescriban. Si bien esto aún no ocurrió legalmente, en ese juzgado informaron que sólo falta darle ese cierre.
Pero los tres años que los hermanos Balmaceda estuvieron presos en vano, y la hipótesis improbada de la supuesta infidelidad, llevaron a la familia de María Rosa a demandar civilmente al Estado provincial por un resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados durante la investigación judicial que fracasó. Juan José lo hizo por 1 millón de pesos. Su hermano Jorge por 800.000 pesos. Aunque esas cifras son simbólicas, ya que el juez civil puede ampliar o disminuir esos valores. Además, la familia pide en la demanda que el Estado haga una placa reivindicatoria del buen nombre y honor de María Rosa a exhibirse en un espacio público.
Igual, esa causa civil fue de apelación en apelación desde el 2002 hasta llegar a la Corte de Justicia en marzo último. Y allí espera la revisión del máximo organismo judicial provincial. Pero tampoco esto tendría una resolución pronta, más allá de lo que resuelva la Corte: es que si da lugar al planteo de los abogados de la familia Balmaceda, la Fiscalía de Estado podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y, si la Corte resuelve en contra del planteo de la querella, ésta iría ante la Nación.

Momentos
*El 2 de junio de 1996, María Rosa desaparece del Sanatorio Almirante Brown.
*En 1999, la Sala III resuelve que a María Rosa la mataron y ordenó investigar quién y por qué.
*En una ceremonia íntima, la familia le da sepultura al cráneo hallado en el Villicum, reconociendo que es María Rosa.
*En 2002 la familia demanda civilmente al Estado por daños y perjuicios.
*2012. En la justicia admiten que las causas derivadas de la investigación están técnicamente prescriptas.

 

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