Un caso de presunto fraude en el manejo de becas de la Municipalidad de Calingasta explotó este martes. Los datos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales indicaron que hubo un allanamiento al Palacio municipal durante el fin de semana en busca de documentación sobre el pago del estipendio luego de la denuncia de un sujeto de apellido Linares.
De acuerdo al fiscal a cargo, Adrián Riveros, se habla a prima facie de un caso de presunta falsificación de un instrumento público en manos del secretario privado del intendente Jorge Castañeda, Jorge Cortéz. El jefe comunal dio su versión de los hechos y la reacción que tuvo el acusado. "Nos pusimos a disposición. No entendemos qué pasó", dijo a este diario.
El intendente saliente -el 10 de diciembre asumirá Sebastián Carbajal- contó que se enteró por la radio que "la denuncia era contra un funcionario mío". Inmediatamente, el secretario "me presentó una licencia sin goce de haberes, lo que me pareció un muy buen gesto".
Aparentemente, según el denunciante Jesús Linares, su nombre está registrado como beneficiario en el sistema municipal de becas. Se presentó en la Municipalidad a pedir explicaciones y, si bien figuraba en el listado, no habría cobrado un solo centavo. Ergo, alguien -el señalado- estaría recaudando ese dinero de manera ilegal.
El fiscal Riveros explicó: "En función de ello, él hizo otros trámites y desde el municipio le dijeron que ellos tenían registrado que había percibido determinado importe, a lo cual él manifiesta que nunca había cobrado nada y es por ello entonces que realiza la denuncia".
Al respecto, Castañeda remarcó que "no tenía conocimiento" y que "tenemos control sobre todo". Aunque, todo indica, que no es un monitoreo estricto. El comunero señaló una problemática respecto a la lejanía de algunas zonas. "A veces tenemos que pagar becas en Villa Nueva, ¿Cómo lo hacemos?", preguntó en voz alta.
El intendente dijo que "a veces pagamos en efectivo, otras con cheques y otras con transferencia" según el tipo de beneficiario y la proximidad geográfica. Incluso contó que, cuando se aproximan las fiestas, el personal administrativo del municipio adelanta parte de las becas y pide la firma de los becados para llevar un control.
Asimismo, Castañeda comentó que la familia Linares "tiene un vínculo de hace mucho tiempo con el municipio", pues "facturaban por obras de construcción y servicios", principalmente en la contención de aluviones y en las reparaciones posteriores. "No sé cuál de los Linares radicó la denuncia", dijo.
Al ser consultado sobre posibles motivaciones de índole política de Linares, Castañeda apuntó que "esas especulaciones" todavía no las hizo. Pero, "voy a hablar de eso después de la decisión de la Justicia".
Qué destapó la investigación
Riveros dijo que, según la denuncia, Linares "se había presentado en el municipio con el objeto de inscribirse como proveedor para prestar algún servicio, básicamente en lo que son obras, y no pudo inscribirse en función de que estaba siendo beneficiado con un sistema de becas que tiene el municipio y que le otorga a la gente que cumple determinadas características y él manifestaba de que nunca había tenido o había percibido un plan social o una beca".
Qué encontraron en el allanamiento
Sobre el procedimiento, Riveros precisó que viajó con su equipo a Calingasta, y que "el viernes trabajamos hasta las altas horas de la noche buscando todo lo que es posible. Los registros contables, también tomamos algunas declaraciones testimoniales o documentos de medida. Después fuimos hasta Barreal y en la mañana fuimos al Concejo Deliberante para también tomar algunas declaraciones y algunos registros contables que estaban en poder del Concejo en función de fiscalizar, de auditar todos esos procedimientos. También tomamos declaraciones testimoniales durante el día sábado".
Adelantó que va a evaluar en esta semana o en la semana próxima si corresponde formalizar la investigación penal preparatoria contra Cortéz.