Análisis

El acting de la justicia sanjuanina y la lista de buena fe

Dicen que hay feria, los pasillos desiertos de Tribunales lo desmienten. Operativo camuflaje, la última carta. Un repaso por los postulantes a cargos relevantes.
sábado, 18 de julio de 2020 · 10:53

Lo único que no tiene de feria judicial lo que ocurre desde el lunes en el edificio de Tribunales es que no fueron suspendidos los plazos procesales.

El resto, muy, muy parecido. Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, lo más probable es que sea un perro: Licencia a la mitad de su personal -al menos los empleados de planta porque entre magistrados parece ser que la liberación del compromiso de trabajar es mayor al 50%-, pasillos desiertos, ventanillas abiertas en los juzgados pero sólo en espacios restringidos, y una estimación –ante la falta de información oficial confiable- de nula actividad interna en la actualización de los procesos.

Que es con lo que la justicia siempre intenta desviar para justificar sus privilegios de licencias anuales sobre el resto de los mortales (un mes de feria en enero y 15 días en julio para todos los jueces y empleados), señalando que lo que hacen en realidad es actualizar los expedientes ante la notoria mora en los procesos. Tampoco parece ser el caso.

No montar una feria judicial en medio de la bomba que produjo la pandemia no es otra cosa que un mandato del sentido común, que no parece operar en el reino de las discrecionalidades que es el sistema judicial. Entonces hubo que buscar un atajo: decidirla igual, pero llamarla de otra manera.

Cualquier empresa o trabajador del sector privado intenta en estos días de salida de la cuaretena, como en San Juan por el momento (tampoco es seguro que se mantenga porque depende del estado sanitario) recuperar el tiempo perdido. También la administración pública, que justamente en este mes amplió el horario de atención al público de 6 a 10 horas en el centro cívico.

Pero la justicia vive en su propia burbuja. Como si no tuviera que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a la opinión pública que la sostiene y que padece su acalambrante ritmo paquidérmico, en casos al extremo de la denegación de justicia como ocurre con la cantidad de casos penales graves que prescriben por el vencimiento de los plazos procesales. Optó entonces por la vía del engaño: decidir una virtual feria con todos sus padecimientos y el agravante del momento inoportuno, pero no llamarla como tal.

Se vio esta semana su consecuencia: un servicio literalmente paralizado, ralentizado dirán los más optimistas, igualmente sin poder encontrar aún en ésta última visión un argumento que lo justifique, más que la predilección en el sistema en general (con excepciones lógico, magistrados y personal extremadamente dedicados) por el escaso trabajo.

Ésta –llamémosla- dispensa, va contra toda lógica y toda oportunidad: tantos días paralizado el servicio demanda mayor intensidad para recuperar, no menos. Todo el servicio (se remarca esta condición) de justicia provincial estuvo paralizado por el Covid 19 entre el 21 de marzo hasta el 26 de mayo. Ese día comenzaron a funcionar algunos fueros y a correr los plazos, excepto en la justicia penal, que demoró algunas semanas más en ser restaurada.

Son, de mínimas, más de dos meses de puertas absolutamente cerradas, tres meses en el caso de la justicia penal. Con el agravante para esta última que venía de otro episodio polémico que ya había paralizado el fuero.

Fue el 25 de febrero, el día que se produjo una estampida de jueces rumbo a una urgente jubilación para no perder los beneficios de los privilegios previsionales de los que disfrutaban, antes de la reforma que se venía en el Congreso. Ante eso, 9 jueces y un fiscal tramitaron urgente el expediente de salida para pasar a retiro con el 82% de haber jubilatorio (inalcanzable para el grueso de los ciudadanos), antes que lo anularan. Entre ellos, 5 camaristas penales, con el extremo de dejar a una sala (la segunda) sin ninguno de sus integrantes. Dos fiscales de cámara y un juez penal completaron la nómina.

Dejaron al sistema penal paralizado hasta que pudieron instrumentar las subrogancias y las convocatorias, a muchos de esos mismos jubilados exprés. Y trascartón, 20 días después, el latigazo del cierre por la pandemia. Con lo que se puede sostener que el sistema penal viene entre paralizado totalmente y ralentizado desde mediados de febrero.

Difícil entonces, imposible en realidad, presentarle a la sociedad un feria como tal. Entonces, se disfrazó. Se comunicó que la feria prevista entre el 13 y el 27 de este mes “se diferirá a otro mes”. Y se agrega que el horario de atención al público pasará a ser de 8 a 12 (a 13 en el caso de la Mesa de Entradas Virtual). Fue el resultado de la decisión administrativa de licenciar a la mitad del personal y de los magistrados por semana, una para cada uno. Y los que estaban a la tarde mudarlos una semana a la mañana.

Consecuencia: en la mañana de la primera semana la actividad quedó seriamente resentida, y en la tarde fue de cierre total. Si, cierre total en un servicio público que se ufanó de haber activado esa frecuencia horaria como una concesión republicana y no como una carga para el funcionamiento. ¿El motivo? Será más descanso, nadie en Tribunales lo quiso explicar.

Ese estampido inédito de magistrados en busca de preservar sus privilegios provocó otro hecho inédito: un concurso para ocupar vacantes sin antecedentes en la historia tribunalicia local, con toda una sala penal por designar, entre otros jueces de suma importancia para el sistema.

Se conocieron la semana pasada los nombres de aspirantes a la gran familia judicial. Muchos de ellos son de integrantes de larga data de esa familia, que ya van por la enésima generación sentándose a la mesa por medio de un sistema de selección de prioriza las preferencias, el amiguismo y los intereses.

Aguarda en gateras otro proceso gigante de designaciones para el que acaba de abrirse la inscripción: tres camaristas civiles, un juez civil, otro laboral y otro de familia, entre ellos. Mucho para distribuir.

Si uno se concentra en los cargos de mayor jerarquía en las ternas conocidas, que son los camaristas penales y el fiscal de cámara que se renueva, surgen los nombres de abogados litigantes de largo recorrido: Fernando “Peluco” Echegaray, Miguel Dávila Saffe o Juan Bautista Bueno. También aparece Diego Sanz, pero postulando para el cargo de juez de instrucción, que aunque es un cargo de rango inferior al de camarista, es muy importante en el sistema penal.

Aparecen luego muchos integrantes de la gran familia, en busca de ascender. Y no pasa desapercibida la fuerte presencia de actuales integrantes de Ministerio Público en casi todas esas ternas de jerarquía: para la sala primera, aparece Juan Pablo Ortega, secretario relator; para la primera terna de la sala segunda, Silvina Gerarduzzi; para la segunda terna de la misma sala hay dos, Juan Manuel Gálvez y Daniel Guillén; para la tercera no hay ninguno; para la sala tercera está Claudia Salica; y para fiscal de cámara hay tres fiscales de instrucción, Analía Larrea, Fabricio Médici (hoy en Flagrancia) y Carlos Rodríguez.

Si se diera el caso de que todo ellos resulten designados se produciría una migración importante de fiscales a condición de camaristas –podrían ser dos- y otro que asciende y dejaría vacante su cargo. Es decir que quedaría un hueco relevante en ese organismo clave, sumado a los cargos que debe instrumentar de cero por la aplicación del nuevo Código Procesal.

Es que el Ministerio Público será en poco tiempo más el centro de toda la atención, judicial y política, porque concentrará las investigaciones penales y relegarán a los jueces a condición de magistrados de garantías sólo para conducir los procesos. Eso hará que se deban crear nuevas fiscalías, para las circunscripciones que funcionarán en comisarías, para que a gente haga las denuncias y lleven adelante la investigación. Un cambio de paradigma que invertirá la relación de fuerza y el peso político de cada uno en Tribunales. Continuará.

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