Opinión

Semana 12: Las dos empresas sanjuaninas en el ojo del huracán Vicentín

Del palo vitivinícola y energético, y amplia influencia. Vuelve el debate sobre empresas y estado, saludable si no es con verdades a medias. Por Sebastián Saharrea
sábado, 13 de junio de 2020 · 10:32

Se puede estar yendo camino a Venezuela como camino a Noruega, en materia de participación del Estado en la rueda económica. Una, al borde del despotismo; otro, el país de mejor calidad de vida del mundo, éste último con la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa con posición estatal mayoritaria.

O yendo a Chile, con la principal empresa de su principal actividad económica en manos del Estado en un 100%, desde que Salvador Allende estatizó Codelco y ningún gobierno posterior –ni siquiera los Chicago boys que coparon la administración económica de Pinochet- se atrevió a desandar.

Ha vuelto con fuerza el debate sobre el rol del estado en la economía. Medular y necesario, lógicamente ideológico como acaba de descubrir algún editorialista estos días y descuidó que también lo era la decisión política del endeudamiento infinito que algún día explota. En un país, o en una empresa.

A fuerza de ser honestos, conviene despojarse de arranque de la premisa de que una administración privada es eficiente por definición, o que no genera costo fiscal, ese que pagamos todos con los impuestos, como está de moda ahora sostener. Sencillamente, porque es falsa de modo retundo. Y no hace falta más que repasar la actuación de las últimas administraciones empresarias en compañías de interés estratégico.

En Aerolíneas, la gestión privada derivó en la peor relación de vuelos, a San Juan quedaron apenas 3 por semana, con el argumento de la rentabilidad, dejando a zonas importantes del país virtualmente aisladas de conexiones. Y siguió siendo una aspiradora de fondos por la vía de los subsidios al transporte. Es decir, ineficientes y caras para el Estado, las dos cosas a la vez.

En YPF, la gestión Repsol y la posterior del empresariado nacional derivaron en la caída en picada de la exploración de nuevos yacimientos y desvío de la rentabilidad para apalancar la compra. La aspiradora de fondos públicos debió ser encendida para compensar con importaciones de crudo la caída de reservas nacionales. También, inoperante y costosa para el Estado. Cierto también es que la gestión Galuccio, definida por el Estado, fue hasta casi peor que la privada.

Nace desde allí una gama de empresas con interés público: o servicios o áreas estratégicas, como el cobre en Chile o el petróleo en Noruega, todas en manos estatales. El transporte por excelencia, la sabia del árbol que es un país, desmantelado por administraciones privadas.

Caso ferrocarriles, que en el propio Reino Unido es estatal, en Argentina clausurado o entregado a los amigos. Los colectivos en San Juan y en todo el país funcionan a puro subsidio público, cero riesgo empresario. Las empresas de servicio, lógico: todas las instancias del servicio eléctrico nacional en manos privadas de allegados a las administraciones que les otorgaron aumentos del 3.000%: ya no subsidios, sino endosadas al lomo del usuario por gestiones políticas.

En San Juan, la empresa que entrega la energía en cada casa, recibió un crédito por $ 1.900 millones en fondos públicos para tapar su deuda de años con el mayorista. Gestión privada aspirando fondos públicos, para desterrar la idea de que las empresas manejadas por compañías son más eficientes o comprometen menos presupuesto.

Incluidos los bancos privados, verdaderas aspiradoras de fondos públicos vía Leliqs, el negocio usurario que les permitió un fenomenal negocio de especulación, anuló el crédito productivo y fundió al país aún antes de la pandemia. Sano es entonces aprovechar el revoleo de Vicentín para alentar un debate sin prejuicios y sin muletillas que no se sostienen en la realidad: así con una empresa no es mejor ni más barata sólo por ser privada, una gestión estatal en Argentina también es lo más lejano a la eficiencia y el gasto cristalino.

Revisando el mundo, no parece el modelo de gestión estatal el problema porque lo ejercen las principales economías de mercado –toda Europa, por supuesto China y hasta EEUU gestionando Enron luego de su estrepitoso quebranto, Chile o Brasil con Petrobras-, sino la propia argentinidad y esa dosis especial de oportunismo turbio. Lo mismo que con los negocios privados que demandan fondos públicos, acá y en la China.

El caso Vicentín disparó aquellos debates que siempre sobrevuelan y a veces se barren debajo de la alfombra. O generan referencias selectivas: esa de poner rumbo a Venezuela o las pseudodictaduras populistas y no a los países escandinavos de fuerte control estatal y nivel de vida óptimo.

El vendaval ha dejado al descubierto lo que ocurre o podrá ocurrir en dos empresas y toda su área de influencia. La primera es Enav, mostera de Vicentín en Chimbas que lógicamente tendrá su futuro atado a lo que ocurra con la expropiación.

Si ésta se consumara –para lo que debe pasar mucha agua debajo del puente aún-, aparecerá una compañía estatal testigo en el mercado vitivinícola. Como era la Cavic, caída bajo las armas de la desregulación y desguasada y que en sus años mozos supo intervenir en la fijación del precio de la uva. Pero desacreditada por un manejo político discrecional y corrupto.

Herramienta repentina e impensada, de alcance potencial: hasta ahora, el Estado no dispone de una empresa en el mercado vitivinícola para manejar precios, y los precios vienen siendo en las últimas cosechas de pésimos para abajo. Pero los viñateros no parecen ver esa potencialidad que aparece con posibilidades de beneficiarlos, prefieren pronunciar Venezuela o expresar preocupación por la intervención estatal. Como si la autorización del ingreso de vino de Chile dispuesta por Macri para la anterior elaboración no lo fuera.

Entre las derivaciones también aparece el destino de la otra pata de este asunto, la poderosa Glencore que funge como socia de Vicentín en la planta Renova, y hasta se cuenta que tuvo intenciones de quedarse con toda la empresa en quiebra antes del anuncio de la intervención. Podría seguirlo estando si la expropiación fracasa. Pero resulta que ahora Glencore aparece alcanzada por la investigación de la UIF, que se presentó como querellante en la causa por el presunto vaciamiento de Vicentín y la señala como posible vía de fuga de su socia.

Glencore no es cualquiera empresa, se trata de una de las 15 más importantes del mundo y la dueña de estratégicos yacimientos mineros en San Juan: Pachón, la primera promesa de la gran minería nacional del cobre, todavía sigue siendo nada más que un promisorio proyecto, y la intención de la administración provincial es que se active la producción de una vez por todas o que cambie de manos a otros interesados en hacerlo, como Fortescue.

Hay rumores surtidos en el mercado sanjuanino sobre lo que hará Glencore ante ese dilema de invertir o dejar paso a otro. El más fuerte señala que estaría dispuesta finalmente a poner en producción el proyecto y que incluso ya encargó estudios de factibilidad para hacerlo. Incluso van más allá: señalan que todos los proyectos para avanzar que ya recibió aconsejan instrumental la explotación por el lado chileno.

Una alternativa difícil de presentar en San Juan porque dejaría buena parte de los beneficios de la explotación del otro lado de la frontera. Pero que por ahora y sin información oficial es ciencia ficción. Habrá que ver la actitud que toma Glencore con sus intereses en la Argentina si se consuma la expropiación decidida por Alberto Fernández sobre su principal socio en el país, la cerealera Vicentín.

La otra empresa es Energía San Juan, la proveedora domiciliaria de la electricidad en la provincia cuyos dueños son mayoritariamente españoles desde que la catalana Gas Fenosa le compró el paquete a la chilena CGE, en medio de otros negocios energéticos. Lógicamente, su pretensión es girar utilidades al exterior si es que sus dueños son extranjeros, pero la sorpresa que se encontró es que el EPRE salió a jugar tan duro como no lo había hecho nunca hasta ahora en el período de la concesión.

El organismo de control encabezado por Jorge Rivera le prohibió la salida de esos fondos del país mientras dure el período de la pandemia, sin especificar –tampoco la empresa- si está alcanzada por las disposiciones del ATP, el sistema del salario a cargo del estado que prohíbe como condición a sus beneficiarios la liquidación de utilidades o la operación con dólares liqui.

Fue más allá aún y extendió la veda al cumplimiento del primer pago de aquel crédito otorgado por la provincia a ESJ para que pueda cumplir con el pago a CAMMESA que había puesto en riesgo el abastecimiento de flujo eléctrico a San Juan, que nació de un largo impago de la compañía en tiempos del gobierno de Macri. El vencimiento operó el mes pasado y, según se cuenta informalmente, ESJ pidió refinanciar ya en su primera cuota.

El criterio de Rivera es que si no tiene para abonar el crédito, tampoco debería tener para liquidar dividendos, por eso le trabó los envíos. Aunque algunos ven un poco más allá y se preguntan si no será un paso adelante para eliminar la gestión privada de la concesión.

Cuando estalló el caso del crédito el año pasado, el titular del gremio del sector Juan José Chica se cansó de contar los tiempos en que los empleados del ex SES eran muchos más, mejores pagos y hasta la empresa solía ser prestamista al estado provincial para pagar sueldos de la administración.

En on, Chica militó por la expropiación. Y Chica no es precisamente el Che Guevara, pero sí es secretario adjunto de la CGT, líder de las 62, diputado provincial y hombre cercano al gobierno. Si el río suena, ¿agua trae?

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