Expropiaciones

En febrero explota Tribunales: detenidos, jury y algo más

En un mes, la jueza penal pedirá la captura de los 12 o 13 imputados por el escándalo, y varios podrán quedar un tiempo detenidos. Será una movida inédita, a la que se sumará la presentación del jury contra Macchi y una ampliación de denuncia con un ex camarista como protagonista. Por Sebastián Saharrea.
sábado, 5 de enero de 2013 · 08:57

Por Sebastián Saharrea

Si no hay cambios de último momento, la jueza María Inés Rosselot pedirá en la primera quincena del mes próximo la captura de todos los sospechosos por el escándalo de las expropiaciones. Una vez que estén todos detenidos, les irá tomando indagatoria uno por uno e irá resolviendo su situación: si los procesa o no, por qué delito, y si los libera o no. Será una bomba en el palacio de Tribunales en el primer mes de normalidad después de la feria: entre los posibles detenidos no sólo figuran abogados reconocidos, sino la ex jueza Marún de Sobelvio y el ex fiscal de Estado Mario Díaz.

Desde noviembre, la magistrada que investiga la megacausa por el escándalo más importante de la historia provincial reciente con el precio inflado de las propiedades que expropió, tiene sobre su escritorio el pedido del fiscal para indagar a los sospechosos que hasta ahora viene acumulando la investigación. El fiscal Carlos Rodríguez le pidió la indagatoria de 12 personas y la jueza Rosselot viene demorando desde ese momento la medida, que concretará en febrero.

Ellos son: los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, el ex fiscal de estado Mario Díaz, un ex funcionario de la Secretaría de Recursos Energéticos llamado Néstor Adán Ruiz, la perito de Fiscalía Ana María Melvin, todos los integrantes del Tribunal de Tasaciones, y la ya ex jueza Rosalba Marún de Sobelvio. Para ésta última se había pedido un jury porque cuando el fiscal la pidió como sospechosa tenía fueros como jueza, pero renunció a partir del 1 de enero y ya puede ser indagada. Y eventualmente detenida. Y existe la posibilidad de la lista de indagados se engrose a 13, si es que deciden convocar también a Héctor Carelli, funcionario del Tribunal de Tasaciones.

Puede la jueza ir llamando de a uno a los sospechosos y resolver caso por caso, o puede detenerlos a todos y comenzar a indagarlos. Fuentes de Tribunales dijeron que hasta ahora la jueza se inclina por la segunda alternativa, una vez que determine que están las condiciones para hacerlo todo en el mismo momento. Y, una vez que eso ocurra, ir tomando de uno las indagatorias y resolviendo si los mantiene en prisión, y si los procesa o los desvincula.

Si bien inicialmente el fiscal Rodríguez los había requerido por delitos excarcelables como el fraude y la falta de cumplimiento de deberes de funcionario, luego le abrió la puerta a la jueza para que los indague por una presunta asociación ilícita. Este delito, en algunos puntos, no es excarcelable. Aunque a la detención inicial  la puede ordenar para evitar fugas y para mantener el control del procedimiento, que es lo que ocurrirá en febrero.

Es decir que, por algunos días, todos los sospechosos podrán estar detenidos al mismo tiempo y para eso la justicia deberá establecer los mecanismos y los sitios adecuados de detención. Todos los integrantes de este grupo son abogados, ex jueces o ex altos funcionarios, y por lo tanto la jueza debería tomar todos los recaudos. Pero sería sólo por unos días, porque a medida que presten declaración podrán ir recuperando la libertad, al menos algunos de ellos.

¿Quiénes son los más comprometidos y que podrían pasar más tiempo en prisión? Hasta aquí, los que aparecen más complicados son los dos abogados: Santiago Graffigna y Horacio Alday. Y un tercero es el ex fiscal de Estado Mario Díaz, quien parece quedar más involucrado cada día pasa. Sobre el resto, lo más probable es que puedan ir de a poco recuperando la libertad, si es que caen detenidos.

Abriendo el paraguas, ya hay varios imputados que pidieron la eximición de prisión para evitar caer detenidos. Hasta ahora, ellos son el abogado Horacio Alday y los integrantes del Tribunal de Tasaciones Joaquín Fernández y Bassani. Pero la jueza Rosselot no se la concedió hasta el momento a ninguno de ellos, y no se sabe si lo hará antes de febrero, cuando decida la detención masiva. Santiago Graffigna tiene concedido en esta causa un pedido de eximición de prisión, pero que opera solamente para la acusación de fraude: si la jueza decide convertir la acusación en asociación ilícita, perdería ese beneficio y también iría preso.

Ese trámite de ingagatorias podría durar hasta un par de meses, cuando la jueza deberá resolver la situación de cada uno en este escándalo y dejar la causa encaminada. Recién después, podrá pasar a retiro, un beneficio que ya solicitó a la Anses y que tiene a punto de ser concedido. A la fecha, el trámite jubilatorio de Rosselot está a punto de salir. Fuentes de Tribunales calcularon que en 3 o 4 meses, la jueza recibirá el beneficio y quedará a su criterio si se retira o no. Otras fuentes dijeron que Rosselot pretende irse –para lo que debe presentar la renuncia a la Corte-, y justo quedará en condiciones de hacerlo cuando defina las detenciones y procesamientos por la megacausa.

Por camino separado a la resolución de los imputados de la megacausa, caminan otros dos asuntos vinculados que también en febrero tendrán actividad. Uno de ellos es la presentación del jury contra el titular del Quinto Civil, Carlos Macchi, que se concretará en el primer mes después de la feria, como anticipó Tiempo de San Juan.

Esa presentación viene demorada desde el año pasado y este mes le darán los últimos retoques, para presentarlo el mes próximo con toda la información que acumuló la querella contra el juez al que acusan de haber sido una pieza de este mecanismo delictivo en las expropiaciones. El último ajuste se lo dará el propio fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, quien acompañará la presentación con toda la documentación de la actuación del juez en los casos más escandalosos: Parque de Mayo, Canal Benavídez y  Ruiz Guillermo. En estos casos, los fallos del juez están bajo la lupa por la manera en que se sacaron de encima la tasación del Tribunal, por las concesiones en los pagos de intereses, por una bonificación de título y por el cálculo de muros y veredas. La querella piensa que hay una conducta delictiva del juez y buscará quitarle los fueros para sumarlo a la lista de imputados. Y aquí se abre una larga lista de supuestos (ver aparte).

El otro elemento que hará ruido en febrero será otra ampliación de denuncia que prepara para presentar la querella en el juzgado de Rosselot. Ya hubo una en la que quedó involucrada la jueza Marún de Sobelvio –y por esa razón le pidieron el jury-: se trató de un expediente de Cuesta del Viento que estaba dividido en tres juzgados y que fue unificado en el de Marún sin que nadie lo ordenada, según la denuncia, y que terminó fallando todo a favor de los intereses de Graffigna.
Esta segunda ampliación de denuncia tendrá como eje a otro protagonista de estos expedientes: el ex camarista Moisés Moya, quien ya está jubilado, pero que ahora será señalado en la investigación. ¿De qué lo acusan? De tener estrechos vínculos con el abogado Santiago Graffigna, con quien nunca disimuló la relación pero sin embargo hubo intervenciones suyas que fueron polémicas.

Por ejemplo, una cesión de honorarios de Graffigna a Pablo Moya, hijo de Moisés, en el expediente Sinforoso Illanes, que había pasado también por la Sala III de la Cámara Civil, donde votaba Moya. Pablo Moya también figura en como dueño de una propiedad que era de Graffigna en una denuncia que le hizo a éste una clienta suya, que lo acusó de insolventarse de manera fraudulenta.

En la misma ampliación de denuncia también figurará el caso Suraty y el acuerdo entre Graffigna y la Sociedad San Vicente de Paul en que el abogado pagó $3 millones para compensar a los dueños de los terrenos a los que supuestamente engañó, según dicen en la entidad. Cartón lleno.


Los imputados, uno por uno
-Santiago Grafiggna: Es el abogado que llevaba adelante la gran mayoría de los casos investigados como fraudulentos. Como abogado, o como dueño de la acción. Es el que cobró casi todos los desembolsos millonarios.
-Horacio Alday: Fue socio de Graffigna en casos de expropiaciones. Disolvió la sociedad, pero en su estudio encontraron un expediente original desaparecido en el jugado de Marún de Sobelvio, que la jueza tuvo que reconstruir.
-Rosalba Marún de Sobelvio: Ex jueza del Primero Civil. Quedó sospechada por concentrar en su juzgado dos expedientes perdidos en otros juzgados. La querella la acusa de fallar “de acuerdo a los intereses de Graffigna”.
-Mario Díaz: Es el ex fiscal de Estado, el abogado de la provincia, que debió defender al Estado en este escándalo. Lo acusan de ser el máximo responsable de un organismo en el que hubo graves irregularidades en estos trámites.
-Néstor Adán Ruiz: Tuvo un rol importante en la toma de posesión de los terrenos de Cuesta del Viento, en el que se descubrieron posibles irregularidades. En esa oficina era compañero de Baistrocchi, ex abogado de Fiscalía involucrado y ya fallecido.
-Tribunal de Tasaciones: Sus seis miembros (Bassani, Moreno, Cravero, Olivera, Joaquín y José Fernández) están acusados de presuntas irregularidades en la participación del organismo en la tasación de los terrenos expropiados.
-Héctor Carelli: Jefe de la sección Inmuebles de la Fiscalía de Estado, no figura en el pedido del fiscal Rodríguez pero podría ser incluido como derivado de la investigación penal.


Los rumores sobre Macchi: ¿Renuncia, o se aparta la jueza?
Circula en los pasillos de Tribunales la versión de que el juez Carlos Macchi, titular del Quinto Juzgado Civil, podría presentar su renuncia para no tener que enfrentar el jury en su contra. Aún el involucrado no ha dicho nada, cerrado en el bajo perfil luego de la entrevista con Tiempo de San Juan en la que dijo que “la cadena de pagos se cortó en algún lado”.

Pero si se concreta, el suyo no será un caso parecido a la otra jueza involucrada, Rosalba Marún, quien se apartó para recibir la jubilación: Macchi no tiene la edad para pasar a retiro, y si renuncia quedaría automáticamente al alcance de la investigación penal, que hoy no lo involucra porque es juez.

De cualquier manera, si renuncia o si resulta destituido por un jury, más tarde o más temprano parece inevitable que el magistrado quede involucrado en la investigación. La pregunta es si quien lo investigue será su actual colega María Inés Rosselot, con quien lo une una relación personal.

En aquella entrevista con Tiempo de San Juan, Macchi admitió que comenzó su carrera en Tribunales junto con Rosselot, pero afirmó que no es amigo suyo. En cambio, cerca de la jueza admiten que la relación es sólida y que en el caso que en tenga que investigarlo, ella se inhibiría de hacerlo.

El punto es determinar cuándo ocurriría. Porque si Macchi renuncia y queda al alcance de la investigación antes de que Rosselot reciba la jubilación y presente su renuncia, entonces ella se apartaría y la causa debería cambiar de juzgado: pasaría en ese supuesto al Primero de Instrucción, cuyo flamante titular es Benito Ortiz.

Pero si Rosselot renuncia antes de que renuncie o destituyan a Macchi –en el caso en que alguna de estas dos alternativas se produzca-, entonces la causa podría seguir en el mismo juzgado. Lo que es seguro es que cambiaría de juez, y en este caso tocaría al reemplazante de Rosselot. Si eso ocurre, surge una pregunta inevitable: ¿cuántos aspirantes se presentarían para un juzgado que tiene en sus manos la brasa más caliente de la historia en Tribunales? Habrá que ver.

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