La salud en el Penal

El sistema sanitario de los presos genera polémica

La jueza de Ejecución Penal envió hace más de un año al ministerio de Gobierno un escrito para pedirle mejoras que garanticen el derecho a la salud de los internos. Nunca le respondieron. El director del Penal coincide con algunas necesidades, pero hay otras dice que “no son competencia de la jueza”.
sábado, 22 de octubre de 2011 · 11:29

El puntazo que recibió en un pulmón el preso Maximiliano Montivero (35) encendió la luz amarilla. Y provocó que la jueza de Ejecución Penal, Margarita Camus, desempolvara un reclamo que hizo al ministerio de Gobierno hace más de un año, del cual nunca tuvo respuestas oficiales, según le confirmó a Tiempo de San Juan.

Consultado sobre ese escrito, el ministro de Gobierno Emilio Fernández derivó a Tiempo de San Juan al secretario de Seguridad, Dante Marinero. Este funcionario no sabía de qué se trataba y pidió rastrear la respuesta a ese expediente. Pero después no volvió a responder la requisitoria periodística.

Quien sí atendió la consulta fue el director del Penal, Enríque Gil Pérez. El funcionario coincidió con algunos de los reclamos de la jueza Camus. Y a otros puntos los descalificó diciendo que “la jueza no tiene atribuciones para hacer esos pedidos”.

Ese reclamo se basó en un monitoreo que la jueza Camus hizo el 6 de septiembre de 2010 a la División Sanidad del Servicio Penitenciario Provincial. De allí surgieron las recomendaciones, según consta en el escrito de cinco carillas que fue recibida en la mesa de entradas del ministerio de Gobierno el 16 de septiembre de 2010 por María Alejandra Reyes, secretaria privada del ministro.

La jueza también puso en conocimiento de esa situación al por entonces presidente de la Corte de Justicia, José Abel Soria Vega, a quien lo notificó de ese pedido al poder Ejecutivo el 22 de septiembre de 2010.

Estas son las 12 recomendaciones de la jueza Camus:

1-Que la división Sanidad del Servicio Penitenciario Provincial se constituya como centro de atención primaria de la salud.

2-Dotar del número mínimo de profesionales y auxiliares de los servicios médicos que permitan la atención de las necesidades de la población penitenciaria.

3-Dotar de ambulancia para realizar los traslados al medio hospitalario público.

4-Fortalecer las estrategias de acceso al diagnóstico, el tratamiento y la continuidad del mismo.
5-Fortalecer y profundizar la estrategia de prevención en materia de tuberculosis y de VIH/Sida y de ETS, teniendo como destinatarios y actores a los propios internos.

6-Implementar un tratamiento de adicciones, ya sea con la conformación de una comunidad terapéutica y/o articulando con instituciones públicas destinados a ello.

7-Generar una política en salud mental específica para la asistencia y el tratamiento en el ámbito penitenciario.

8-Implementar programas de Salud Sexual y Procreación Responsable.

9-Al momento de ingreso a la institución penitenciaria abrir una Historia Clínica, realizar un screening de laboratorio –sangre y orina- y una placa de rayos X de tórax.

10-Implementar protocolos para contingencias (motines, epidemias, catástrofes naturales)

11-Crear un registro de lesiones.

12-Implementar programas de prevención con participación activa de los internos. En particular estimular la práctica de deportes, actividad física y recreativa.

En ese documento, la jueza Camus explica que, para hacer esas recomendaciones, se basó en el “manual de monitoreo de lugares de detención” elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles y el ministerio de la Defensa Pública de la provincia de Chubut, el cual la magistrada califica como “un instrumento idóneo que operacionaliza las previsiones normativas”.

Si bien Montiveros ya fue dado de alta del hospital Rawson y ahora está en el sector denominado Unidad Hospitalaria del Penal de Chimbas, su caso alertó a la jueza Camus porque su estado de salud fue delicado y el interno debió ser llevado al hospital en un furgón de traslado de presos sin condiciones mínimas de salubridad. Y la primera atención que recibió tras la pelea se la dio un enfermero, quien dijo que sólo tenía un corte en la frente. Luego descubrieron que tenía perforado un pulmón.

El director del Penal, Enrique Gil Pérez dijo desconocer totalmente ese documento. Pero admitió que “el instituto penal no está dotado de un hospital interno para la demanda de la población existente. Ante cualquier necesidad, recurrimos a los hospitales públicos”. También dijo que “sirve tener un hospital en el Penal. Pero habría que construir el edificio y dotarlo de equipamiento. Lo único que tenemos acá son celdas para que los internos se vayan recuperando”.

La jueza informa en el escrito que “no existe en la Unidad 1 –donde se están los enfermos- lugares adecuados para que el interno requiera atención médica”. Gil Pérez admite esa realidad y dice que allí sólo hay celdas.

Este funcionario también admitió de la necesidad de tener una ambulancia para los traslados. Pero dice que “en su momento solicitamos una a Salud Pública. Pero nos dijeron que le iban a dar prioridad a los centros de salud de los departamentos. Y que no se justifica que tengamos una. Si tenemos alguna necesidad, nos dijeron que debíamos recurrir al sistema público de ambulancias”.

También admitió que “los médicos que hay en el Penal no cuentan con los elementos para dar una prevención mínima. Ellos nos informan si los internos deben o no ser derivados a los hospitales públicos”.

Actualmente en el Penal de Chimbas hay cuatro médicos y la población carcelaria es de 840 internos. El mismo director admite que no alcanzan. Y Gil Pérez dice que pidió a sus superiores la designación de cinco médicos (1 siquiatra, 1 cardiólogo, 1 ginecólogo y 2 clínicos), pero todavía no tiene respuesta.

Pero en ese punto empiezan las diferencias entre el director del Penal y la jueza Camus. “El pedido de más médicos lo hizo la fiscalía antes que la jueza.”, dijo. Y se mostró ofuscado respecto del pedido de un plan de contingencia que le hizo Camus: “Eso no le compete a ella. La parte administrativa es competencia del Ejecutivo, no del Judicial. Y eso está. No se puede informar por razones de seguridad”.

También se mostró en desacuerdo con los programas de salud sexual: “Hace un año vinieron de Salud Pública y dieron charlas y suministraron profilácticos y la pastilla del día después. También trajeron los trailers sanitarios”, explicó Gil Pérez. Pero admitió que “eso fue el año pasado. Este año todavía no vienen”.

Al final, la jueza Camus dice que “garantizar la salud es garantizar la inclusión social y un acto de estricta justicia. El acceso a la salud es una política de estado y alcanza a las personas privadas de su libertad”.

 

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