Investigan si un juez federal armó una causa para vengarse

Es Luis Armella, acusado de haber imputado sin pruebas a cinco personas por un secuestro extorsivo cometido en 2008. Uno de ellos era un ex policía al que el magistrado había denunciado por amenazas.
domingo, 18 de octubre de 2015 · 20:13

En la Policía de la Provincia de Buenos Aires existen internas sangrientas. A algunos les terminan costando la carrera y a otros –los "perejiles”, usados como fusibles de estas batallas–, la libertad. No es novedad. Lo que sí es más inusual es que un sólo caso muestre con claridad todo lo que se esconde detrás de una causa "armada”. Y esto es lo que ocurre en el caso que tiene entre sus protagonistas al juez federal de Quilmes, Luis Armella, acusado de haber imputado sin pruebas a cinco personas.

Abierto hace dos años para investigar a los funcionarios judiciales y policiales que en el verano 2008/2009 intervinieron en la instrucción del secuestro del empresario Leonardo Bergara, el expediente 3770/13 –radicado en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata– está en condiciones de provocarle un dolor de cabeza a más de uno. También de remover detalles de una disputa que nunca salió a la luz y enfrentó en la zona sur del Conurbano a los policías del área de Investigaciones con los de Seguridad.

Según fuentes del caso, los primeros intentaron responsabilizar a los segundos del secuestro de Bergara como parte de un tire y afloje por el control de los operativos antinarco. En medio de esa disputa, Armella le habría apuntado directamente a un ex agente al que tiempo atrás había denunciado por amenazas.

Bergara fue secuestrado en Ranelagh el 22 de diciembre de 2008 y permaneció 33 días cautivo. Por él se pagó un rescate de 179.000 dólares y 107.000 pesos, dinero que se entregó en pleno enero en un parador de Pinamar. Al empresario, según él mismo lo contó en la Justicia, siempre le pareció que sus captores eran policías.

El extraño caso volvió a salir a la luz en septiembre de este año, cuando se reactivó la causa contra Armella y cuatro jefes policiales, tres de ellos en actividad. El primero en caer fue el juez, quien intervino en el expediente por el secuestro. Hace unos días, su colega Ernesto Kreplak lo citó a declaración indagatoria por los delitos de prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley) y privación ilegítima de la libertad por abuso de funciones.

Para la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que dictaminó contra el juez y los agentes, la investigación del caso Bergara fue un escándalo que tuvo al magistrado como protagonista. Para Armella, toda la acusación en su contra no es más que una maniobra política para darle impulso a un pedido de jury que está stand by en la Magistratura.

Armella fue denunciado primero por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Plata, que en 2013 absolvió a los cinco acusados que llegaron a juicio por el secuestro de Bergara.

Aunque durante la investigación del secuestro –incluso con Bergara aún cautivo– se detuvo a varios agentes del área de Seguridad, éstos fueron recuperando la libertad paulatinamente. A juicio oral sólo llegó un ex policía, José Luis Pardini (exonerado de la Bonaerense en 1991) quien anteriormente había estado involucrado en una causa por amenazas contra Armella.

A Pardini lo relacionaba al secuestro de Bergara una extraña escucha telefónica. Era un mensaje de voz, dejado en una línea celular que estaba a su nombre, en el que se hacía referencia a la necesidad de alimentar al secuestrado. El ex policía nunca reconoció ese teléfono como propio y para los jueces resultó evidente que alguien más había puesto esa línea a su nombre para incriminarlo.

El resto de los acusados que llegaron a juicio –tres hombres y una mujer– fueron absueltos y considerados "perejiles” por el tribunal y el fiscal, que no los acusó. También habían sido conectados al caso por sus teléfonos. "Les vacunaron los celulares”, explicó una fuente del caso a Clarín. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de un viejo y simple método para incriminar gente: se hace una llamada perdida desde el teléfono de los secuestradores hacia la persona a involucrar, que así queda conectada al caso.

Todas estas irregularidades –que en su momento fueron convalidadas por la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo– quedaron en evidencia durante el juicio oral: "Ha quedado establecido que los secuestradores estaban acompañados recibiendo apoyo de un móvil policial. Los secuestradores se comunicaban telefónicamente con los investigadores. Bergara fue dejado en la casa de un policía que aparentemente nada tenía que ver con el hecho, pero que aparece como un claro mensaje mafioso”, dijeron los jueces del TOF 1 de La Plata en su fallo.

En la misma resolución ordenaron investigar a Armella y los jefes de la DDI de Quilmes en la época del secuestro, principalmente al comisionado Carlos Greco. Ese fue el origen de la causa 3770/13, que estuvo dormida dos años. Según confirmó Clarín, durante ese tiempo poco se avanzó en el expediente judicial y en un sumario abierto en Asuntos Internos de la Bonaerense.

En Internos aseguran que la investigación contra Greco y otros tres jefes no avanzó porque la Justicia nunca les aportó ningún dato. También sostienen no estar al tanto del dictamen de la PROCUVIN. Tal vez por eso, Greco logró ascender a comisario general y seguir a en la fuerza hasta fines de 2014. Por entonces, como máximo jefe de la zona Conurbano Oeste, lo retiraron luego de que un informe periodístico lo vinculara al alquiler de patrulleros para brindar seguridad privada.

 

 

(Fuente: Clarín) 

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