areja de la primera ministra de Serbia dio a luz el miércoles a un bebé, lo que el Gobierno calificó como un hecho inédito en la política mundial, en un país que no reconoce las uniones civiles ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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SUSCRIBITEareja de la primera ministra de Serbia dio a luz el miércoles a un bebé, lo que el Gobierno calificó como un hecho inédito en la política mundial, en un país que no reconoce las uniones civiles ni el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La primera ministra junto a su pareja.
Brnabic, de 43 años, se convirtió en 2017 en la primera jefa de Gobierno de Serbia abiertamente homosexual, una elección que fue recibida con optimismo porque dio visibilidad a una comunidad discriminada.
Brnabic es la primera jefa de Gobierno de Serbia desde 2017.
Aunque la primera ministra y Djurdjic viven juntas, no existe ningún reconocimiento oficial de que sean pareja ni tampoco de que tengan un hijo en común y el bebé recién nacido es hijo exclusivamente de su madre biológica en términos legales.
No existe ningún reconocimiento oficial de que las mujeres sean pareja.
Los medios serbios informaron que la pareja de Brnabic recurrió el año pasado a la fecundación artificial y dieron a conocer que el niño se llamará Igor.
Milica Djurdjic, médica y madre de Igor.
La europeísta Brnabic fue elegida primera ministra el 30 de junio de 2017 y es también la primera mujer al frente del Ejecutivo serbio.
La constitución del país balcánico define explícitamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y las uniones civiles de personas del mismo sexo tampoco son reconocidas.
Las parejas del mismo sexo tienen prohibido adoptar hijos, aunque los solteros pueden hacerlo independientemente de su orientación sexual.
Serbia mejoró su legislación para combatir la discriminación, la desigualdad y la incitación al odio, pero organizaciones a favor de los derechos LGTBI argumentan que no se aplican estas normativas y que queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de derechos.
Algunos activistas también critican a la primera ministra por no defender con mayor firmeza la necesidad de cambiar la legislación para aumentar los derechos de esta minoría.
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