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SUSCRIBITE El aniversario de la muerte de un joven indígena mapuche en un polémico operativo policial lideraba el jueves los llamados a una nueva jornada de protestas en Chile, sacudido desde hace casi un mes por diversos reclamos sociales.
La conmemoración llega en momentos en que las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes, con un saldo de 22 muertos y jornadas de extrema violencia, saqueos e incendios, a lo que en esta jornada se sumó un paro de recolectores de basura.
Hace un año, el joven Camilo Catrillanca murió baleado durante un operativo de fuerzas policiales dentro de una comunidad mapuche. Se descubrió luego que los agentes acusados dieron testimonios falsos y destruyeron pruebas, lo que llevó incluso a la salida del jefe del organismo.
“Lo que nosotros priorizamos es la vida y por eso es que yo tengo que decirle a la gente que pueda manifestarse con tranquilidad y siempre resguardándose”, dijo Marcelo Catrillanca, padre del fallecido a la radio local Cooperativa. “No quisiéramos mañana lamentar la muerte de cualquier muchacho de donde venga, sea mapuche o no mapuche, porque para nosotros sería nuevamente revivir el dolor”, agregó.
Camilo Catrillanca
Por redes sociales se convocaron más de una docena de concentraciones y vigilias a lo largo del país para conmemorar la muerte de Catrillanca.
"Nos quitarán la vista pero no la memoria", decía uno de los afiches de convocatoria para hacer referencia a las personas que han perdido la visión por causa de balines de goma lanzados por la policía para disolver las protestas, que han dejado más de 20 muertos y miles de detenidos.
“No es solamente por Catrillanca hoy día, ahora es por todos”, dijo Kattya Barrera, una estudiante de 19 años. El juicio sobre la muerte de Catrillanca tiene previsto iniciarse a finales de noviembre y se extendería por unos dos meses. La etnia Mapuche tiene un histórico conflicto con el Estado chileno por el reclamo de tierras ancestrales.
En este escenario de máxima tensión, la fuerzas políticas apuran en el Congreso un acuerdo sobre una nueva Constitución que permita destrabar la crisis, la mayor desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La oposición logró un acuerdo en torno a una propuesta de Asamblea Constituyente, propuesta que el oficialismo rechaza. Sin embargo, ante la prolongación de la crisis social, el gobierno aceptó cambiar la carta magna a través de una “Convención Constituyente”, que incluya a ciudadanos y parlamentarios. Un cambio constitucional requiere altísimo quorum para ser aprobado, 2/3 de ambas cámaras, que en este caso no logran ni la izquierda ni los partidos de gobierno, por lo que están obligados a negociar.
“Cualquier salida a la crisis, pasa por respetar la institucionalidad. Nadie tiene los 2/3, entonces estamos obligados a negociar con la derecha”, dijo este jueves el senador del Partido por la Democracia (PPD), Felipe Harboe.