Bachelet contra el "cartél" del papel higiénico

Una investigación halló que las maximas proveedoras chilenas acordaron precios de productos por 11 años. La mandataria impulsa una ley para penalizar fuertemente este tipo de conductas monopólicas.
domingo, 01 de noviembre de 2015 · 22:24
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó su indignación ante la denuncia de un pacto entre dos empresas privadas para formar un cartel y controlar los precios del papel higiénico por once años. Se trata de las firmas CMPC y Pisa, que acaparan el 90% del mercado chileno en el rubro papelero y que, con sus maniobras delictivas, afectaron los bolsillos de millones de personas. El caso salió a la luz tras una investigación de la Fiscalía Nacional Económica de Chile que hizo la presentación respectiva.

"Me parece un hecho de la máxima gravedad", aseguró Bachelet, quien recordó anteriores episodios de pacto de precios o cartelización que hubo en el país, como ocurrió con las farmacias y las empresas faenadoras de pollos. "Todos estos casos perjudican a las personas fijando un precio más caro y así atentan contra la libre competencia, afectando sin duda el bolsillo de las familias chilenas", agregó.

Según consignó Tiempo Argentino, Bachelet dijo que impulsará el trámite legislativo del proyecto de ley presentado por su gobierno, que ya fue aprobado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que fija penas de cárcel, entre otras medidas, para quienes estén involucrados en hechos de cartelización. 

CMPC y Pisa producen papeles higiénicos, absorbentes, pañales de bebés y adultos, pañuelos y toallas faciales, entre otros productos. Según determinó la Fiscalía Nacional Económica, ambas empresas acordaron precios entre 2000 y 2011, con lo que obtuvieron ganancias por 23 millones de dólares. Además, pactaron reducir su producción entre 2010 y 2011. Las oscuras maniobras provocaron que las compañías sean conocidas en Chile como "el cartel del papel". Los precios triplicaron los existentes en España, por ejemplo, para los mismos productos, pero la diferencia es de siete veces con Estados Unidos y Australia.

La Fiscalía reveló que los directivos de las empresas utilizaban celulares y luego se deshacían de ellos para eliminar conversaciones, creaban correos electrónicos con nombres falsos y lanzaban computadoras a un arroyo para no dejar huellas. Uno de los implicados es un ex ministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle, ex dueño de PISA.

Pese a los detalles de la investigación, el caso probablemente quedará impune. La Fiscalía explicó que CMPC no será castigada ni siquiera con una multa, ya que se auto-denunció en marzo pasado para acogerse a la famosa delación premiada. Lo mismo, aunque con un poco más de demora, hizo Pisa, pero en su caso sí habría una baja multa monetaria. Ambas firmas tomaron esa decisión después de que el gobierno enviara al Congreso el mencionado proyecto.

Los máximos líderes empresariales chilenos también manifestaron su preocupación por el hecho. Hermann von Mulenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, calificó como "incómodo" y "doloroso" el caso. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, dijo que "son hechos que condenamos absolutamente" y no descartó pedir la desafiliación de las compañías por sus conductas.

Antecedentes golpistas
Las maniobras realizadas por las empresas chilenas CMPC y PISA no son nuevas. Para peor, recuerdan el uso del desabastecimiento como una forma de generar convulsión social ante la falta de productos en los comercios masivos.

Es lo que le ocurrió, por ejemplo, al gobierno del presidente socialista Salvador Allende, derrocado por un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Antes del golpe militar, la avanzada golpista propulsó un boicot económico que incluyó cierre de empresas y huelgas generales, como así también la destrucción y el ocultamiento de productos básicos para generar desabastecimiento.

Más acá en el tiempo, uno de los gobiernos de la región más golpeados por esa forma de desestabilización es el venezolano. Lo sufrió en carne y hueso el propio Hugo Chávez en abril de 2002, cuando era presidente y la oposición intentaba derrocarlo con un golpe de Estado. Más de 13 años después, algo similar le ocurre a Nicolás Maduro. El actual presidente denunció en reiteradas ocasiones a las patronales de su país por una "guerra económica” contra su gobierno. El desabastecimiento generó un clima de descontento por la falta de productos básicos, como arroz, pollo o píldoras anticonceptivas. Por eso, Maduro decidió crear mercados comunales que tendrán el objetivo de abastecer a la población con productos controlados por el gobierno.

Fuente: Infonews

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