EXPEDIENTE EXPROPIACIONES - EXCLUSIVO

La sospecha que faltaba: Forum shopping

Es lo que señala una ampliación de denuncia por las expropiaciones. Sostiene que un expediente fue reconstruido en un juzgado de manera “insólita” y denuncia que el procedimiento estuvo lleno de irregularidades. Por Sebastián Saharrea
martes, 12 de junio de 2012 · 15:13

¿Qué es el fórum shopping? Una manera de seleccionar a un juez para una causa que de antemano se conoce que fallará según los intereses de quien lo selecciona. Esa sospecha se desprende de la ampliación de denuncia que será presentada la semana entrante en Tribunales ante el fiscal Daniel Guillén por el escándalo de las expropiaciones. Y denuncia la misteriosa reconstrucción de una causa de un terreno en Cuesta del Viento que se había “extraviado” y que habría sido armado de acuerdo a los intereses de quienes reclamaron –y obtuvieron dos fallos a favor- sumas millonarias.
El expediente en cuestión es el caratulado “Provincia de San Juan C/Carbajal Juan Luis S/Expropiación” y fue motivo de una historia controvertida y llena de sospechas. Resulta que el señor Carbajal tenía unos terrenitos cerca de lo que hoy es la usina en Cuesta del Viento, que lógicamente hubo que expropiarle para avanzar con la obra. Cuando Recursos Hídricos hizo el plano, lo subdividió en tres fracciones: A, B y C. Y esas fracciones fueron a su vez subdivididas: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
De todas ellas, las fracciones que se expropiaron para el dique fueron finalmente tres. La A2, en 1988 (después de que el decreto de 1985 incluyera también a la A1) y luego las B2 y C2 en 1990 mediante una ley. Para ese entonces, estas dos últimas estaban en poder de Heriberto Montaño (poseedor de C2) y José Agustín Montaño (B2). Por ese motivo, la provincia inició tres procesos diferentes, que cayeron en los juzgados Primero (A2), Séptimo (C2) y Cuarto (B2), todos civiles.
Hasta acá, todo bonito. Pero resulta que los tres expedientes en los tres juzgados, se perdieron, se extraviaron, desaparecieron, huyeron. Y aquí se inicia la maniobra que denunciará esta semana la Fiscalía de Estado ante la jueza penal María Inés Rosellot, que investiga la megaestafa por todas las expropiaciones en la provincia –la mayoría en Cuesta del Viento- y que sumará este nuevo expediente.
Porque de manera “insólita” para la nueva denuncia, todos estos expedientes extraviados aparecen reconstruidos en un mismo juzgado, el Primero Civil, a cargo de la jueza Rosalba Marún de Sobelvio. Esta magistrada unificó las causas sin alguna resolución que lo justifique, dice la denuncia, y luego dictó sentencia de pago por los tres terrenos en una suma cercana a los $ 10 millones.
De acuerdo a los representantes del Estado, la maniobra está llena de sospechas. La primera es por qué la jueza se hace cargo de todos los expedientes relacionados si en su juzgado sólo estaba la expropiación de la fracción A2. En el caso de reconstruir el expediente, ¿por qué agregó los otros dos sin alguna resolución que lo justificara? Incluso, hay fuentes en Tribunales que aseguran que el original extraviado de la fracción A2 “reapareció”. Y luego, ¿por qué dictó una sentencia de pago por las tres facciones? “Construyeron y reconstruyeron un expediente a su antojo”, señala el borrador de la denuncia.
Pero además de este presunto caso de fórum shopping en búsqueda de un fallo favorable que insinúa la ampliación de la demanda, el documento también agrega una amplia lista de posibles irregularidades en las que señala a los actores que vienen siendo sospechados en la causa madre.
Entra en juego el abogado Santiago Graffigna, el apoderado en la mayoría de los expedientes bajo sospecha en la megacausa, representante también de los dueños de estos terrenos. Porque es él quien contestó la demanda en el año 2001 en nombre de los dueños de los derechos de Carbajal, muchos años después del inicio de la expropiación. Con otro condimento extraño: esos terrenos habían estado a nombre de Alfonso Mini, quien había obtenido la titularidad por posesión veinteañal después del decreto de expropiación. ¿Cómo se expropia algo a alguien que no tiene título? Y si no lo tiene, ¿el terreno no es del Estado?
Allí se inicia la secuencia plagada de sospechas que denuncia la ampliación de demanda. Luego de que Santiago Graffigna contestara la demanda en 2001, el expediente “se perdió”. Entonces, el abogado solicitó que se “reconstruya” el expediente extraviado en el Primer Juzgado Civil y la jueza Marún de Sovelbio solicitó a todas las partes que aporten copias de los elementos en su poder.
¿Cómo es que Marún de Sovelbio termina haciéndose cargo de los otros dos expedientes, tramitados en el Cuarto y el Séptimo, también “extraviados”, y sin tener competencia sobre esas causas? Es que en ese trámite de aportar copias para la reconstrucción de la expropiación de la fracción A2 a cargo del Primer Juzgado, alguien ingresó las copias de los otros “extraviados”, el B2 y el C2.  
Y alguna presunta distracción de la jueza y también del abogado de la Fiscalía de Estado –que era Norberto Baistrocchi, también bajo sospecha en la causa y cesanteado del organismo por su actuación en las expropiaciones-, permitieron que la causa avanzara de esa manera hasta la sentencia.
Durante esa tramitación en el juzgado de Marún de Sobelvio, la denuncia agrega nuevas sospechas de irregularidades. A Graffigna y Baistrocchi los señala por “connivencia fraudulenta” por haber aportado a la causa de la fracción A2 a las otras fracciones, la B2 y la C2. Al entonces abogado de Fiscalía de Estado le cuestiona no haberse dado cuenta de la maniobra. Al Tribunal de Tasaciones también lo señala porque tasó un terreno de casi 9 hectáreas (es lo que suman las fracciones A2, B2 y C2), cuando lo que correspondía era que tasaran solamente la fracción A2 que eran sólo 2,9 hectáreas.
Pero las presuntas irregularidades en el Primer Juzgado Civil denunciadas en la ampliación de la denuncia no terminan allí. También pone la lupa en la suma que resultó de la sentencia de la jueza Marún de Solbelvio porque computa intereses desde el año 1985 para las tres fracciones, cuando estaba claro que la única fracción expropiada en ese momento por el decreto original de la “costosa” represa de Cuesta del Viento fue la A2, la única por otra parte en la que estaba involucrada la jueza. Las otras dos fracciones, adicionadas al juzgado de Marún de Sobelvio de manera por medio de este mecanismo que será denunciado, fueron expropiadas en 1990 y por lo tanto no correspondía computar intereses hasta el año 1985. La nueva denuncia recrimina a Marún haber sustanciado una causa con copias que no pertenecen a la causa para acomodarlo a la conveniencia de los representados por Graffigna.
El fallo de Marún de Sobelvio fue confirmado por la Sala III de la Cámara Civil, uno de cuyos integrantes es el renunciante Moisés Moya, señalado en esta ampliación de denuncia como vinculado a Norberto Baistrocchi, a quien tuvo como subalterno en la Fiscalía de Estado. La suma está en los $10 millones y está apelada ante la Corte. Todavía no se pagó. Por ahora.

 

La denuncia, paso a paso
-Tres expedientes por 3 expropiaciones distintas se “perdieron” en tres juzgados distintos.
-El abogado Santiago Graffigna pidió la reconstrucción de uno de ellos en el Primer Juzgado Civil.
-La jueza de ese juzgado recibió copias de los otros dos y los tramitó sin ninguna resolución de unificación.
-Dictó sentencia por los tres. Fue ratificado en Cámara y va por los tres millones.
-Computó intereses hasta el año 1985 en los 3 casos, cuando correspondía sólo en uno.


La megacausa, a punto de resolver
Esta semana, el juzgado de María Inés Rosellot terminó de tomar declaración a integrantes del Tribunal de Cuentas y entró en turno, por lo que no se espera en junio demasiados avances en la causa.
Pero cuando se termine el turno, la megacausa que investiga por el escándalo de expropiaciones ya quedará en las últimas medidas antes de comenzar a resolver. Le queda pedir la declaración de Guillermo Ruiz, el titular de los polémicos derechos de una vereda en Matías Zaballa y San José que se pagó en más de $25 millones. Y luego tendrá que definir si dispone tomar declaración indagatoria sobre alguno de los sospechosos.

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