Los trapos sucios de Tribunales - Por Sebastián Saharrea

Los ingresos siguen siendo escandalosos. Los jueces dicen: Si todos violan la ley, porqué nosotros no. En el medio se cocinan internas y disputas por el poder.
viernes, 23 de diciembre de 2011 · 19:01

Por Sebastián Saharrea
ssaharrea@tiempodesanjuan.com

Deben existir pocos sillones más tranquilos que los de un cortista de San Juan. Pocos asuntos espinosos de esos que los ponen en la tapa de los diarios, ninguna hipótesis de conflicto que los haga peligrar en sus cargos, nadie reclamándoles que cumplan con un retiro para el que la totalidad -5 de 5- ya cumplió la edad. Una vida apacible dedicada a la escritura, mientras el servicio cruje.

Si uno tomara el caso de cualquier empresa, resulta que a ningún dueño debe gustarle que sus empleados no se jubilen habiendo reunido las condiciones, a excepción de que se trate de alguna luminaria o de una pieza irremplazable. Nadie sabe si será éste un caso para el Guiness: cinco baluartes juntos.

 Más bien parece el secreto de la perdurabilidad de los máximos magistrados de la provincia una cuestión política: es probable que ni aún impulsando a cinco abogados de su íntima confianza Gioja conseguiría un tribunal con mayores garantías que el actual, en el que –oportuno es consignar- el actual gobernador no ha ocupado ninguno de los cinco asientos con jueces propuestos por él. Ha ofrecido la actual composición de la Corte pruebas sobradas de respaldo al desempeño del Ejecutivo, entonces ¿porqué reemplazarlos?

Una respuesta posible es: porque ha llegado el tiempo vegetativo de su retiro. Y entonces, la pregunta debería ser formulada de la siguiente manera: ¿es responsable el máximo tribunal de justicia del estado general del servicio? Rotundamente, la respuesta es sí.

Depende a quién uno le pregunte, la situación de la justicia provincial oscila desde el pésimo que pronuncian incluso muchos funcionarios judiciales hasta el más indulgente regular. Cuesta encontrar un aceptable, y un bueno ya resulta una quimera. Las razones de este resultado van mucho allá de las cuestiones operativas que les gusta enarbolar a los magistrados como justificación: falta de juzgados, ausencia de mecanismos simplificadores y demás etcéteras. Hay además de todo eso –que es verdad- cierta quietud en buscar soluciones a los problemas habituales en una organización gigante como la de Tribunales, típico de quien se encuentra en retirada.

Y encima, vuelve a aparecer el caso de los ingresantes. Un asunto en el que el servicio de justicia acaba de volver a mostrar su flaqueza y, lo más asombroso, su vocación por gambetear ni más ni menos que a la ley que los magistrados deben honrar en el palacio de Tribunales. Parece asombroso que tropiece dos y hasta tres veces con la misma piedra. A esa altura ya empieza a parecer que hay ganas de tropezar.

No se trata de tema anecdótico como puede resultar de la lectura llana de una acordada firmada por los cinco cortistas para ocupar 25 puestos en la maestranza del edificio: ¿quién se va a detener con tanto empeño en la designación de los hombres de la limpieza? El asunto es que se trata de una manera velada de esquivar lo que prescribe la propia constitución para la ocupación de los cargos en los juzgados, tremendamente apetecidos por los altos salarios que pagan y por la estabilidad que ofrecen.

Ocurrirá si estos 25 son jerarquizados mediante otro pronunciamiento del tribunal para ocupar cargos de planta, como ya ocurrió una vez. Y para estos espacios la Carta Magna provincial establece el mecanismo de concurso, que estaría siendo vulnerado si en lugar de ese concurso los cargos se ocupan por ascensos de “porteros” que habían sido designados con el dedo, como ocurrió ahora con la acordada.

Lo que pretende la ley es evitar lo que en apariencia sigue ocurriendo. Que se generen dinastías de acomodados, generalmente por descendencia familiar pero también por amiguismo o por cupos. Así , el ingreso a estos empleos terminaron hace años convirtiéndose en propiedad privada de cerrados círculos judiciales que premiaron fidelidades, promovieron a sus descendientes y tuvieron influencia decisiva en casi todo nuevo empleado.

Esa sensación de privilegio instalada desde hace mucho tiempo nunca pudo ser disipada. Por el contrario, primero se las ingeniaron para trampear en el concurso sin que hubiera sanciones a los responsables y después directamente lo gambetearon como sucedió en una ocasión y ahora parecen dispuestos a repetir. Se conservan de ese modo las parcelas, dos para vos y dos para mí, moneda cambio entre los propios magistrados. De criterios cristalinos, bien gracias.

Habrá que pensar que la transparencia es ni más ni menos que un bien ganancial para la credibilidad del sistema judicial. Y si bien el ingreso de empleados no es el fondo del asunto, no hay manera de evitar que su ausencia en un tema lateral termine derramando al corazón del sistema como es el avance de las causas.

Todas las corporaciones son malas y la judicial no es la excepción. Por eso resulta difícil encontrar el modo de que sea la justicia la que se autodepure,  y si no … ¿adónde se podrá encontrar un lugar para reclamar que no sea la propia justicia? Esto es lo que quedó en claro hace ya seis años, cuando se produjo una estafa mayúscula con los concursos de ingreso y la investigación quedó sin  sancionados.

El apuntado en aquella oportunidad fue Luis Recio, el secretario de la Corte, sospechado de haber anticipado las respuestas a una concursante para que rindiera bien. Hasta ella misma admitió la operación, pero el alto funcionario no fue siquiera llamado al orden. Se trata de un auxiliar de los cortistas y se entiende que hubiera favores cruzados a cambios de secretos callados.

Parece que desde ese momento decidieron prescindir de los concursos para evitar escándalos como el de los resultados cantados con antelación. Y encontraron el atajo de los ordenanzas, una manera de esquivar la ley designando a sus preferidos como porteros para luego ascenderlos. En setiembre de 2009 se realizaron 39 designaciones mediante una acordada de la Corte y resultó que muchos de los nuevos “porteros” del edificio eran yernos, nueras, hijos y sobrinos de magistrados, cortistas o fiscales. Una beca extendida hacia su descendencia en formato de un cargo de por vida y la posibilidad de hacer carrera en la Justicia. Posibilidad, claro, negada a la mayoría de quienes no resultaran familiares.

Luego vino la jerarquización a los “porteros” mediante algún cursito berreta, y todo listo para bautizarlos como nuevos empleados de planta. Una operación que fue denunciada por violación al artículo 45 de la Constitución Provincial, que establece que todos los cargos públicos vacantes deben ser cubiertos por concurso.

Esta semana, un juez de la Corte se quejó por la resonancia de la acordada preguntándose si acaso el Ejecutivo no hace lo mismo y nadie dice nada. Uno, cuesta encontrar casos aún en oficinas del gobierno donde el ingreso de personal se haya convertido en coto privado como lo es en Tribunales. Dos, parece increíble escuchar a un juez con el siguiente razonamiento: si todos violan la ley, ¿por qué no nosotros?

La transparencia es una manera de empezar a limpiar los trapos sucios de Tribunales. Esos que se lavan en las internas entre los cortistas y el fiscal general Eduardo Quattropani con sus fuertes intercambios de criterios. Una limpieza para la que harán falta muchos “porteros”, qué paradoja.

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