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SUSCRIBITE Con la publicación este jueves en el Boletín oficial de la Resolución 382/16 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se oficializó un aumento de casi 6% para los precios de la materia prima de la infusión preferida de los argentinos. Los productores de ese cultivo en Misiones y Corrientes pasarán a cobrar de aquí a marzo próximo 5,10 pesos de hoja verde, desde los 4,80 pesos vigentes hasta fin de mes pasado.
Por una Ley sancionada en 2002, el incremento de precios al productor debe ser definido cada semestre por el INYM, que reúne a todos los eslabones de la cadena yerbatera. Si no hay un acuerdo unánime, entonces se requiere un laudo de las autoridades del Ministerio de Agroindustria. Lo llamativo es que esta ha sido una de las pocas veces que no se llegó a esa situación. "La realidad del mercado indica que no se podía estirar mucho más el precio”, indicó el presidente del Instituto, Alberto Re, al celebrar el pacto dentro del sector.
Así, la propia cadena limitó sus pretensiones y puso un coto a los aumentos de precios que reclamaban los productores y los secaderos. Estos establecimientos son los que realizan el primer proceso industrial a la yerba mate. El producto del secado es la denominada "yerba canchada", que pasó de valer 18.031 pesos por tonelada a 19.200 pesos entre este mes y abril de 2017.
Re, que asumió la conducción del INYM en junio pasado, reconoció que los precios acordados para la hoja verde y la canchada están por debajo de las pretensiones que tenían los productores y secaderos e incluso por debajo de los estudios de costos del propio instituto. Pero una importante sobreoferta en la disponibilidad de materia prima hacía difícil un incremento mayor al 6% que se definió. Según la mirada del INYM, hay un elevado stock en depósitos porque en los dos últimos años la cosecha fue buena, mientras que las ventas al mercado interno se mantienen estancadas y las exportaciones cayeron en torno al 33%.
Esta abundancia de yerba provoca que muchas veces los colonos misioneros cobren incluso por debajo de los valores oficiales, aunque deberían ser de cumplimiento obligatorio, o se vean sometidos a condiciones dignas de la usura, especialmente en los plazos de pago. En su último laudo, en marzo pasado, el gobierno nacional había prometido tomar medidas al respecto. Pero por ahora no hay novedades.