El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja aceptó y remitió a la Cámara Federal de la provincia el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional ante el amparo dictado contra el incremento del servicio de gas natural para las pequeñas y medianas empresas, y lo hizo con "efecto suspensivo" de la medida, por lo cual se mantienen los incrementos vigentes desde el 1 de abril con tope del 500 por ciento.
Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron esta tarde la decisión del titular del Juzgado Federal 3 de la provincia de Córdoba de remitir el recurso de apelación a la instancia superior "con efecto suspensivo”, ante el pedido de amparo solicitado a comienzos de la semana pasada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).
Tal como lo había solicitado el Gobierno nacional en su presentación de mediados de la semana pasada a través de la Procuración del Tesoro, Vaca Narvaja aceptó el pedido de "efecto suspensivo” de la apelación, por lo cual siguen vigentes los cuadros tarifarios para los usuarios comerciales aplicados el 1 de abril.
También sigue firme el tope del 500 por ciento dispuesto por el Ministerio de Energía mediante la Resolución 129, con la que el Gobierno intentó morigerar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de servicios y entidades de bien público.
Mientras la causa sigue el curso judicial, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dará a conocer en los próximos días el nuevo cuadro tarifario que aplicará el Gobierno tras la audiencia pública realizada entre el 16 y el 18 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires.
Tras haber escuchado durante las tres jornadas de exposiciones de los distintos sectores vinculados al tema, el ministro había anticipado que a la propuesta tarifaria para el sector residencial se podría incluir un nuevo tope al incremento para los usuarios comerciales en torno al 250 por ciento.
Esa consideración a los reclamos de los sectores pymes se daría a conocer entre fines de esta semana y comienzos de la próxima, según anticiparon fuentes gubernamentales.
El pedido de amparo presentado por Apyme, al igual que lo hicieron otras entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios, se produjo luego del fallo del 18 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales.
