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Tras la fuga de represores

Marca personal para presos domiciliarios por lesa humanidad

El hecho se da tras la fuga de Olivera y De Marchi, lo ordenó el juez federal Leopoldo Rago Gallo. Destinaron 34 efectivos a la vigilancia de 10 detenidos. Por Gustavo Martínez Puga

gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com
La inexplicable evasión del hospital militar central de Palermo, Capital Federal, de los represores condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi tuvo una repercusión directa en San Juan: Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N°2, ordenó al Ministerio de Gobierno poner una marca personal a los 10 presos por causas de lesa humanidad que están privados de su libertad en sus domicilios particulares.

Por otro lado, la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado intensificó los controles rutinarios que hacía en los domicilios de esos detenidos, mediante los cuales el gobierno supervisa personalmente que se encuentren en sus casas.
En general, la fuga de Olivera y De Marchi generó mucho malestar entre la decena de detenidos domiciliarios que hay en San Juan por delitos de lesa humanidad. Es que algunos de ellos habían tramitado permisos para irse a Buenos Aires, de donde son oriundos, y otros se ofuscaron por la presencia diaria de un policía en la puerta de sus casas, según confirmaron fuentes oficiales.

De las diez personas que están presas en sus hogares por delitos de lesa humanidad, cuatro están condenadas y seis están detenidas.
Las cuatro condenadas son Alejandro Lazo y Horacio Nieto, condenados por el Tribunal Oral Federal en el primer juicio a represores del último golpe militar; Alberto Tejada y su esposa, Rafaela Quinteros, condenados por el primer caso de apropiación de un niño.
Los seis detenidos en sus domicilios por delitos de lesa humanidad son Nicolás Manríque, José Rodríguez, Cruz Olmos, Dervin Mejías, Alberto Nievas y Oscar Amedín. Todos ellos están a disposición del juez Rago Gallo.

La prisión o la detención domiciliaria otorgada por la justicia federal es un beneficio legal que tienen estas personas, quienes los obtuvieron tras presentar recursos de habeas corpus.
Para custodiar esos 10 detenidos durante las 24 horas del día la Policía de San Juan tiene que afectar a 34 de sus efectivos. A eso se agrega que un móvil policial patrulla y supervisa que el policía haya ido a cumplir esa función y, además, a corroborar si está todo en orden.
Esta medida judicial no cayó bien en la fuerza de seguridad pública, debido al trabajo extra y a la cantidad de policías que le sacan para otras tareas. Igual, no hubo ninguna queja formal ante el Juzgado Federal, pero sí se plantea que esa custodia podría haber estado bajo la órbita de la Gendarmería Nacional o de la delegación local de la Policía Federal.

Para la Dirección del Preso Liberado y Excarcelado también implica una labor extra. Es que además de controlar a la decena de presos domiciliarios por delitos de lesa humanidad, a quienes visitan y les hacen firmar una planilla para dejar sentado que los controlaron, la quincena de personas que trabajan en esa dirección también tiene que controlas a los otros 13 presos que tienen en esa misma condición, pero que dependen de la justicia provincial.
Inversamente proporcional a lo que ocurre con los de lesa humanidad, los 13 presos domiciliarios de la justicia provincial son en su mayoría mujeres que tienen hijos menores de 5 años o que padecen problemas de salud. A ellos no los controla la policía.

Diferencias
Los 23 detenidos con prisión o detención domiciliario son el mínimo en el universo de presos fuera del Penal de Chimbas que tiene que controlar la Dirección del Preso Liberado y Excarcelado, a cargo de Mariano Teja. Por ejemplo, 120 internos son los que gozan de libertad condicional o libertad asistida.

La libertad condicional es cuando el gobierno los supervisa que estén en el domicilio y ellos también deben presentarse personalmente ante la Dirección.
Otro universo que tiene que controlar la Dirección del Preso Liberado es el de personas que fueron condenadas mediante la suspensión del juicio a prueba y aceptaron como condena cumplir tareas comunitarias.
En total, en esa dirección reciben 450 pedidos mensuales de supervisiones.

 

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