Hasta los abogados litigantes sienten una
especie de vergüenza ajena cuando los saludan y les confirman que no están
trabajando porque no tienen espacio físico ni personal. Lo que más llama la
atención es que se trata de siete funcionarios judiciales: un juez, dos
fiscales, dos defensores oficiales y dos asesores de Menores.
Fueron designados el 28 de diciembre por la
Cámara de Diputados. En ese momento se especuló con que el apuro de la
designación podría deberse a que desde el primer minuto del 2017 los nuevos
funcionarios judiciales pagarán el Impuesto a la Ganancia. En cambio así
asumían en el 2016. Luego la Justicia se paralizó por la feria de enero, por lo
que oficialmente había una excusa para que no se los viera por Tribunales. A
partir de febrero se reinició la actividad en el Poder Judicial, pero como no
habían jurado no se notó su ausencia. Pero el jueves 9 de febrero último la
Corte de Justicia les tomó juramento, siendo el último paso formal para que
asuman el cargo. Ahí ya no hubo más remedio que tener que ir físicamente.
Sin embargo, a pesar de que están
designados desde el 28 de diciembre, aún no trabajan en los cargos para los que
concursaron. Y está previsto que recién lo hagan a partir del 1 de marzo,
cuando se ponga en funcionamiento el Régimen Penal Juvenil.
Cabe aclarar que no es responsabilidad de
esos siete funcionarios judiciales que no puedan ejercer el cargo, sino de la
Corte de Justicia, porque no les terminó de acondicionar un espacio físico ni
de nombrar el personal que necesitan para que puedan trabajar.
El nombramiento de un juez en lo Civil,
Comercial y Minería era lo que faltaba para terminar de implementar el Régimen
Penal Juvenil. Y para ello fue necesario nombrar fiscales, defensores oficiales
y asesores de menores.
Con ese nuevo cargo de juez, en el que se
designó a Esteban de la Torre, se iba a poder poner en funcionamiento el Tercer
Juzgado de Familia. Y a partir de ese momento los dos juzgados de Menores que
hay sólo quedarían para las causas de menores involucrados en causas penales,
es decir, ya no tramitarán cuestiones de familia, adopciones o civiles.
En el caso del Tercer Juzgado de Familia,
el espacio que tiene asignado es en las oficinas que el Poder Judicial alquila
en la coqueta esquina de Rivadavia y Tucumán.
Pero parte de las instalaciones habían sido
ocupadas por la Mesa de Entradas de la Cámara de Paz Letrada. Ya fueron devueltas.
Ahora están acondicionando el lugar para que el Tercer Juzgado de Familia tenga
el lugar que originalmente le dieron para trabajar.
Hoy en día allí hay algunas oficinas donde
el designado juez De la Torre puede ir y estar físicamente, aunque no puede
ejercer. Aún el juez no tiene a disposición el personal que tendrá a su cargo.
Se trata de 9 empleados que están siendo capacitados.
Ante esa situación, la Corte resolvió
mediante una acordada suspender las funciones del Tercer Juzgado de Familia y que
a partir del 1 de marzo recién pueda empezar a recibir causas. Por ahora, la
asignación de causas sigue siendo para el Primer y el Segundo Juzgado de
Familia.
Además, una vez que empiece a funcionar el
Tercer Juzgado de Familia, lo hará únicamente con causas de filiación y de
divorcio. La idea de la Corte es que el nuevo juez y los nuevos empleados se
pongan en ritmo con ese tipo de casos, lo que además permitirá descomprimir a
los otros dos juzgados de Familia.
Otro factor que influyó para que los siete
nuevos funcionarios no puedan ejercer es la falta de la licencia del programa
informático Lex-Doctor, esencial para el Poder Judicial. Aún no tienen
autorizadas las licencias.
MINISTERIO PÚBLICO
La situación es peor para los dos fiscales,
los dos defensores oficiales y los dos asesores de Menores: ellos ni siquiera
tienen una oficina dónde ir.
Para que no estén en vano, el Fiscal
General de la Corte puso a esos funcionarios judiciales a que acompañen a sus
pares en las audiencias judiciales, para que por lo menos se vayan empapando
del trabajo judicial.
Si bien el Fiscal General de la Corte tiene
la superintendencia en la administración del personal, es la Corte de Justicia
quien tiene que buscar un inmueble, acondicionarlo y nombrarle el grupo de
empleados que el Ministerio Público Fiscal necesita para que trabajen esos seis
nuevos funcionarios judiciales.
Trascendió que esos fiscales, defensores y
asesores trabajarán en un inmueble que la Corte aún está condicionando en
Mendoza antes de San Luis. ¿Llegan al 1 de marzo?