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El juez y los fiscales errantes

Fueron designados y juraron en el cargo, pero andan dando vueltas por Tribunales sin poder trabajar. Son 7. Por Gustavo Martínez Puga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Hasta los abogados litigantes sienten una especie de vergüenza ajena cuando los saludan y les confirman que no están trabajando porque no tienen espacio físico ni personal. Lo que más llama la atención es que se trata de siete funcionarios judiciales: un juez, dos fiscales, dos defensores oficiales y dos asesores de Menores.

Fueron designados el 28 de diciembre por la Cámara de Diputados. En ese momento se especuló con que el apuro de la designación podría deberse a que desde el primer minuto del 2017 los nuevos funcionarios judiciales pagarán el Impuesto a la Ganancia. En cambio así asumían en el 2016. Luego la Justicia se paralizó por la feria de enero, por lo que oficialmente había una excusa para que no se los viera por Tribunales. A partir de febrero se reinició la actividad en el Poder Judicial, pero como no habían jurado no se notó su ausencia. Pero el jueves 9 de febrero último la Corte de Justicia les tomó juramento, siendo el último paso formal para que asuman el cargo. Ahí ya no hubo más remedio que tener que ir físicamente.

Sin embargo, a pesar de que están designados desde el 28 de diciembre, aún no trabajan en los cargos para los que concursaron. Y está previsto que recién lo hagan a partir del 1 de marzo, cuando se ponga en funcionamiento el Régimen Penal Juvenil.

Cabe aclarar que no es responsabilidad de esos siete funcionarios judiciales que no puedan ejercer el cargo, sino de la Corte de Justicia, porque no les terminó de acondicionar un espacio físico ni de nombrar el personal que necesitan para que puedan trabajar.

El nombramiento de un juez en lo Civil, Comercial y Minería era lo que faltaba para terminar de implementar el Régimen Penal Juvenil. Y para ello fue necesario nombrar fiscales, defensores oficiales y asesores de menores.

Con ese nuevo cargo de juez, en el que se designó a Esteban de la Torre, se iba a poder poner en funcionamiento el Tercer Juzgado de Familia. Y a partir de ese momento los dos juzgados de Menores que hay sólo quedarían para las causas de menores involucrados en causas penales, es decir, ya no tramitarán cuestiones de familia, adopciones o civiles.

En el caso del Tercer Juzgado de Familia, el espacio que tiene asignado es en las oficinas que el Poder Judicial alquila en la coqueta esquina de Rivadavia y Tucumán.

Pero parte de las instalaciones habían sido ocupadas por la Mesa de Entradas de la Cámara de Paz Letrada. Ya fueron devueltas. Ahora están acondicionando el lugar para que el Tercer Juzgado de Familia tenga el lugar que originalmente le dieron para trabajar.

Hoy en día allí hay algunas oficinas donde el designado juez De la Torre puede ir y estar físicamente, aunque no puede ejercer. Aún el juez no tiene a disposición el personal que tendrá a su cargo. Se trata de 9 empleados que están siendo capacitados.

Ante esa situación, la Corte resolvió mediante una acordada suspender las funciones del Tercer Juzgado de Familia y que a partir del 1 de marzo recién pueda empezar a recibir causas. Por ahora, la asignación de causas sigue siendo para el Primer y el Segundo Juzgado de Familia.

Además, una vez que empiece a funcionar el Tercer Juzgado de Familia, lo hará únicamente con causas de filiación y de divorcio. La idea de la Corte es que el nuevo juez y los nuevos empleados se pongan en ritmo con ese tipo de casos, lo que además permitirá descomprimir a los otros dos juzgados de Familia.

Otro factor que influyó para que los siete nuevos funcionarios no puedan ejercer es la falta de la licencia del programa informático Lex-Doctor, esencial para el Poder Judicial. Aún no tienen autorizadas las licencias.

MINISTERIO PÚBLICO

La situación es peor para los dos fiscales, los dos defensores oficiales y los dos asesores de Menores: ellos ni siquiera tienen una oficina dónde ir.

Para que no estén en vano, el Fiscal General de la Corte puso a esos funcionarios judiciales a que acompañen a sus pares en las audiencias judiciales, para que por lo menos se vayan empapando del trabajo judicial.

Si bien el Fiscal General de la Corte tiene la superintendencia en la administración del personal, es la Corte de Justicia quien tiene que buscar un inmueble, acondicionarlo y nombrarle el grupo de empleados que el Ministerio Público Fiscal necesita para que trabajen esos seis nuevos funcionarios judiciales.

Trascendió que esos fiscales, defensores y asesores trabajarán en un inmueble que la Corte aún está condicionando en Mendoza antes de San Luis. ¿Llegan al 1 de marzo?

 

 

 


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