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análisis

Los secretos de las causas en San Juan contra el tarifazo

Nada indica que la resolución de Rago Gallo en los dos expedientes que tiene llegue antes de que se expida la Corte. Los motivos, los argumentos y las posturas en un tema que se maneja con pinzas. Por Sebastián Saharrea

Por Redacción Tiempo de San Juan

Una máxima que suelen acuñar los magistrados para escaparle a los temas espinosos reza algo así como que la justicia no se haga cargo de solucionar lo que la política no puede arreglar. Parece ser éste el caso, el tarifazo eléctrico y gasífero que impulsó la Nación y provocó una lluvia de apelaciones judiciales en todo el país, San Juan incluido.

No estaría mal que los colegas magistrados recapaciten en torno a esa máxima que ya parece olvidada, entre tanto juez estelar fanático de las grandes portadas y las luminarias de procedimientos televisados con intereses políticos. Hasta sería un alivio. Seguro, ninguno de ellos estaría gustoso de meter las narices en un asunto tan delicado como la resolución judicial de un tema con tantos intereses en el medio, generado por una decisión política: si van contra el tarifazo será pasible de ser interpretado como un gesto de adversidad hacia el Poder Ejecutivo, si van por el lado de avalarlo se corre el riesgo de quedar a demasiada distancia del ciudadano medio que no puede pagar el nuevo cuadro tarifario.

Para cualquier lado que falle habrá un dilema, he ahí la naturaleza del compromiso lanzado desde los escritorios políticos al de los magistrados. Pero alguien tendrá que decidir, tal parece ser el caso de los jueces, en este caso en que el margen del funcionariado nacional para retroceder sobre sus pasos no alcanza para abarcar este grueso error de cálculo.

Será seguro trabajo para la Corte Suprema, en su condición de principal tribunal del país que corregirá cualquier pronunciamiento previo. Si se avecina como parece un avocamiento de sus máximas señorías, ¿por qué habrá de resolver otro juez de rango inferior, como es el caso de San Juan?

En la provincia hay dos causas presentadas, ambas con flashes incluidos y declaraciones altisonantes contra la destemplada resolución de Aranguren. Cayeron al despacho de Leopoldo Rago Gallo, a quien parece haberle sentado como una bendición para no encastrarse en ese barrizal la velocidad con la que avanza por el otro carril la acción aterrizando en la Corte. Lo dicho: nada indica que habrá una resolución previa en San Juan, que por otro lado sólo sería una declaración de principios y sujeta a corrección por la Corte.

Lo primero que hizo el juez sanjuanino fue solicitar los informes correspondientes a cada uno de los organismos involucrados y a las empresas calzadas por el tarifazo. Está aún en término porque no rigen plazos perentorios, no le responden aún ante la lógica catarata de pedidos similares que esas empresas y antes públicos tendrán desde todos los juzgados del país. Ni siquiera es seguro que le respondan antes que se conozca la resolución de fondo de la Corte. Que a todas luces deberá ser en agosto, una vez que la Cámara Federal de La Plata le habilite el recurso extraordinario. Con cierto criterio de razonabilidad, para ahorrar tiempo y esfuerzo es probable que los involucrados remitan sus informes directamente a la Corte Suprema.  Igual, hay mucho material para cortar en esas presentaciones sanjuaninas.

Las dos causas presentadas en los tribunales federales locales son de las amas de casa y los gremios de la CGT. Difieren en algunos puntos menores: la de los gremios apunta a la primera resolución del Ministerio de Energía, la que dispuso los aumentos, y la de las mujeres encabezadas por Nélida Parra directamente fue contra la resolución que corrigió el incremento del gas a un tope del 400%. Pero ambas cuestionan la falta de audiencia pública, requisito establecido por el marco regulatorio para cualquier revisión. Y en las dos se nota la pluma de abogados avezados en estos pleitos, incluso de algunos de planteles reconocidos.

El gobierno provincial decidió claramente no convertirse en actor de estos pleitos, con el razonable argumento de no forzar a ningún magistrado a pronunciarse en favor o en contra de la Nación en perjuicio de una provincia o viceversa. Otros motivos hay, por caso la intención de preservar el vínculo político y no aparecer en esta compulsa liderando ninguna rebelión.

Tampoco el Ejecutivo local permitió que la Fiscalía de Estado ingresara como litigante. Si bien se trata del organismo público encargado de defender el patrimonio y los intereses de la provincia y dispone hasta de cierta autarquía, sería muy fina la línea. Pero el gobernador Uñac dijo claramente que apoyará a cualquier particular que presente su reclamo ante el incremento de las tarifas, y ese clima se hizo sentir en las presentaciones.

Así fue que las dos presentaciones aterrizaron en el despacho de Rago Gallo para que éste defina si corresponde o no. Eran los tiempos en los que aún no se conocía la cercanía de que se abocara la Corte, y por lo tanto la resolución del juez federal sanjuanino era determinante para lo que sucediera en San Juan porque había varios distritos en los que se había suspendido el aumento y otras no. La nuestra entre éstas últimas.

Hasta que cayó el fallo de la cámara platense que no sólo suspendió el tarifazo en todo el país por considerar nulas a las resoluciones que lo inspiran sino que determinó que la apelación automática que incorporó el gobierno nacional no tenía efectos suspensivos, es decir que corresponde no aplicarlo hasta que se expida la Corte. Pocos se hicieron la pregunta: ¿es jurídicamente sostenible que una cámara federal disponga una medida que afecte a San Juan como ésta de la suspensión del tarifazo, o se trata de un exceso de jurisdicción?

Todos los juristas consultados para esta nota están más por el lado de considerarlo fuera de jurisdicción, y por lo tanto incorrecta. Más aún, si con el mismo argumento en San Juan se sostiene que el juez Casanello no tiene jurisdicción para investigar el derrame de cianuro en Jáchal, cosa que ratificó la Corte, del mismo modo no se sostiene que un tribunal platense actúe sobre los efectos de una medida nacional en San Juan.

Pero ésta seguramente será menos discutida porque sintoniza con un reclamo popular. Mala manera de hacerlo, con una medida al menos dudosa. Pero la cuestión es que todas las causas, incluida la de San Juan, serán remitidas a la capital bonaerense.

En los tribunales locales lo que predomina es aquella idea de que se trata de temas que son demasiado espinosos como para someterlos a consideración judicial. Lo puso en el papel el juez Rago Gallo esta semana en otro fallo que firmó: es el de la EMA, que reclamó ante una medida energética de la Nación y el magistrado le dio la derecha diciendo que "debe quedar claro que no debemos juzgar ni revisar los criterios políticos, pero hay que valorar los efectos que éstos producen”.

Será lo que deberá hacer ahora la Corte, seguramente a desgano por estar sometida a aquella comentada doble espada, y el poco margen para medidas intermedias, salomónicas, como las que acostumbra a tomar cuando debe utilizar la muñeca.

 

 

 

 

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