Una máxima que suelen acuñar los magistrados para escaparle
a los temas espinosos reza algo así como que la justicia no se haga cargo de
solucionar lo que la política no puede arreglar. Parece ser éste el caso, el
tarifazo eléctrico y gasífero que impulsó la Nación y provocó una lluvia de
apelaciones judiciales en todo el país, San Juan incluido.
No estaría mal que los colegas magistrados recapaciten en
torno a esa máxima que ya parece olvidada, entre tanto juez estelar fanático de
las grandes portadas y las luminarias de procedimientos televisados con
intereses políticos. Hasta sería un alivio. Seguro, ninguno de ellos estaría
gustoso de meter las narices en un asunto tan delicado como la resolución
judicial de un tema con tantos intereses en el medio, generado por una decisión
política: si van contra el tarifazo será pasible de ser interpretado como un
gesto de adversidad hacia el Poder Ejecutivo, si van por el lado de avalarlo se
corre el riesgo de quedar a demasiada distancia del ciudadano medio que no
puede pagar el nuevo cuadro tarifario.
Para cualquier lado que falle habrá un dilema, he ahí la
naturaleza del compromiso lanzado desde los escritorios políticos al de los
magistrados. Pero alguien tendrá que decidir, tal parece ser el caso de los
jueces, en este caso en que el margen del funcionariado nacional para
retroceder sobre sus pasos no alcanza para abarcar este grueso error de
cálculo.
Será seguro trabajo para la Corte Suprema, en su condición
de principal tribunal del país que corregirá cualquier pronunciamiento previo.
Si se avecina como parece un avocamiento de sus máximas señorías, ¿por qué
habrá de resolver otro juez de rango inferior, como es el caso de San Juan?
En la provincia hay dos causas presentadas, ambas con
flashes incluidos y declaraciones altisonantes contra la destemplada resolución
de Aranguren. Cayeron al despacho de Leopoldo Rago Gallo, a quien parece
haberle sentado como una bendición para no encastrarse en ese barrizal la
velocidad con la que avanza por el otro carril la acción aterrizando en la
Corte. Lo dicho: nada indica que habrá una resolución previa en San Juan, que
por otro lado sólo sería una declaración de principios y sujeta a corrección
por la Corte.
Lo primero que hizo el juez sanjuanino fue solicitar los
informes correspondientes a cada uno de los organismos involucrados y a las
empresas calzadas por el tarifazo. Está aún en término porque no rigen plazos
perentorios, no le responden aún ante la lógica catarata de pedidos similares
que esas empresas y antes públicos tendrán desde todos los juzgados del país.
Ni siquiera es seguro que le respondan antes que se conozca la resolución de
fondo de la Corte. Que a todas luces deberá ser en agosto, una vez que la
Cámara Federal de La Plata le habilite el recurso extraordinario. Con cierto
criterio de razonabilidad, para ahorrar tiempo y esfuerzo es probable que los
involucrados remitan sus informes directamente a la Corte Suprema. Igual, hay mucho material para cortar en esas
presentaciones sanjuaninas.
Las dos causas presentadas en los tribunales federales
locales son de las amas de casa y los gremios de la CGT. Difieren en algunos
puntos menores: la de los gremios apunta a la primera resolución del Ministerio
de Energía, la que dispuso los aumentos, y la de las mujeres encabezadas por
Nélida Parra directamente fue contra la resolución que corrigió el incremento
del gas a un tope del 400%. Pero ambas cuestionan la falta de audiencia
pública, requisito establecido por el marco regulatorio para cualquier
revisión. Y en las dos se nota la pluma de abogados avezados en estos pleitos,
incluso de algunos de planteles reconocidos.
El gobierno provincial decidió claramente no convertirse en
actor de estos pleitos, con el razonable argumento de no forzar a ningún
magistrado a pronunciarse en favor o en contra de la Nación en perjuicio de una
provincia o viceversa. Otros motivos hay, por caso la intención de preservar el
vínculo político y no aparecer en esta compulsa liderando ninguna rebelión.
Tampoco el Ejecutivo local permitió que la Fiscalía de
Estado ingresara como litigante. Si bien se trata del organismo público
encargado de defender el patrimonio y los intereses de la provincia y dispone
hasta de cierta autarquía, sería muy fina la línea. Pero el gobernador Uñac
dijo claramente que apoyará a cualquier particular que presente su reclamo ante
el incremento de las tarifas, y ese clima se hizo sentir en las presentaciones.
Así fue que las dos presentaciones aterrizaron en el
despacho de Rago Gallo para que éste defina si corresponde o no. Eran los
tiempos en los que aún no se conocía la cercanía de que se abocara la Corte, y
por lo tanto la resolución del juez federal sanjuanino era determinante para lo
que sucediera en San Juan porque había varios distritos en los que se había
suspendido el aumento y otras no. La nuestra entre éstas últimas.
Hasta que cayó el fallo de la cámara platense que no sólo
suspendió el tarifazo en todo el país por considerar nulas a las resoluciones
que lo inspiran sino que determinó que la apelación automática que incorporó el
gobierno nacional no tenía efectos suspensivos, es decir que corresponde no
aplicarlo hasta que se expida la Corte. Pocos se hicieron la pregunta: ¿es
jurídicamente sostenible que una cámara federal disponga una medida que afecte
a San Juan como ésta de la suspensión del tarifazo, o se trata de un exceso de
jurisdicción?
Todos los juristas consultados para esta nota están más por
el lado de considerarlo fuera de jurisdicción, y por lo tanto incorrecta. Más
aún, si con el mismo argumento en San Juan se sostiene que el juez Casanello no
tiene jurisdicción para investigar el derrame de cianuro en Jáchal, cosa que
ratificó la Corte, del mismo modo no se sostiene que un tribunal platense actúe
sobre los efectos de una medida nacional en San Juan.
Pero ésta seguramente será menos discutida porque sintoniza
con un reclamo popular. Mala manera de hacerlo, con una medida al menos dudosa.
Pero la cuestión es que todas las causas, incluida la de San Juan, serán
remitidas a la capital bonaerense.
En los tribunales locales lo que predomina es aquella idea
de que se trata de temas que son demasiado espinosos como para someterlos a
consideración judicial. Lo puso en el papel el juez Rago Gallo esta semana en
otro fallo que firmó: es el de la EMA, que reclamó ante una medida energética
de la Nación y el magistrado le dio la derecha diciendo que "debe quedar claro
que no debemos juzgar ni revisar los criterios políticos, pero hay que valorar
los efectos que éstos producen”.
Será lo que deberá hacer ahora la Corte, seguramente a
desgano por estar sometida a aquella comentada doble espada, y el poco margen
para medidas intermedias, salomónicas, como las que acostumbra a tomar cuando
debe utilizar la muñeca.