Nuevamente Santa Cruz es sede de allanamientos múltiples, en
esta oportunidad no vinculados a Lázaro Báez, sino sobre propiedades de Los
Sauces S. A., la empresa dedicada al rubro inmobiliario, propiedad de Cristina
Kirchner, cuyos dos únicos clientes son el empresario K y Cristóbal López. La
orden la libró el juez Claudio Bonadio y los procedimientos que son cerca de
diez, comenzaron en simultáneo en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén.
Desde las 9, los efectivos federales de la delegación
santacruceña, se reunieron para distribuir las tareas. Las órdenes provenientes
del Juzgado de Bonadio alcanzan propiedades de la empresa de la ex Presidenta
denunciada por la diputada Margarita Stolbizer.
Los Sauces fue una de las primera de las sociedades
constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Lo hicieron en 2006, con
domicilio fiscal en la calle Alcorta 76 en la ciudad de Río Gallegos y un
capital social de $ 100.000. "Esto es parte de las irregularidades, en
dicha sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma, se
trata de un domicilio ficticio", especifica la denuncia de la diputada
nacional por el GEN, que llegaría a Tribunales este mediodía.
El juez Bonadío allanó hace poco las oficinas de las
empresas de Cristóbal López que tenían contrato de alquiler con las oficinas de
Puerto Madero propiedad de Los Sauces SA.
Esta firma dedicada en su objeto social al rubro
inmobiliario, lleva adelante la gestión del hotel boutique con el mismo nombre,
propiedad de la ex Presidenta. Pero hasta 2015 la sociedad anónima no actualizó
su directorio "ni presentó sus estados contables”, consta en la presentación
judicial.
Con el correr de los años, Los Sauces S.A. fue presentando
diferentes movimientos que fortalecieron los vínculos con Cristóbal López y Lázaro
Báez, ambos apuntados por la Justicia: se convirtieron en los únicos inquilinos
de las propiedades de esta empresa, garantizando ingresos millonarios a los
Kirchner.
La empresa es propietaria de ocho inmuebles distribuidos en
Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Buenos Aires: 2 lotes de terreno en el
Calafate; 2 lotes de terreno en Rio Gallegos; 1 lote en el Chalten; 2
departamentos con cochera en Puerto Madero y 1 casa en Rio Gallegos. Todos los
bienes son alquilados a Valle Mitre, Loscalzos y Del Curto y Kank y Costilla,
propiedad de Báez; y a firmas de Cristóbal López, Alcalis de la Patagonia e
Inversora M &S.
Báez y López, dos empresarios K apuntados por la Justicia,
son los principales inquilinos de Los Sauces y quienes garantizan las ganancias
declaradas año tras año.
Néstor Kirchner en 2009 declaró que le adeudaba unos tres
millones de pesos a la empresa que continuó ampliando sus propiedades. Compró
así un complejo en Puerto Madero, en el edificio Madero Center, por más de dos
millones de dólares, cuyo único inquilino fue Cristóbal López a través de sus
empresas Alcalis de la Patagonia (donde Sanfelice figura como empleado) e
Inversora M & S (donde trabaja Romina Mercado, presidenta de Hotesur).
Pagaban $ 2,8 millones y $ 220.825 respectivamente.
Esta firma, hoy bajo la lupa de la Justicia, no sólo vincula
a los Báez y Cristina por los alquileres de inmuebles, sino también por las
deudas. En 2009, la ex mandataria declaró $ 2,9 millones que adeudaba Los
Sauces S. A. a Los Calzos y Del Curto, constructora del empresario K. La
empresa, foco de una nueva denuncia, también declaró deudas con Osvaldo
Sanfelice, socio de Máximo por $ 922.834.
Entre las irregularidades que podría constituir
falsificación de documentación, la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez,
explicó a Clarín que la residencia de Cristina Kirchner en Río Gallegos, en el
Barrio Jardín, fue declarada inicialmente como una propiedad adquirida por
Negocios Patagónicos (firma de Sanfelice) por $ 200.000. Sin embargo, "después
consta que Los Sauces S.A. la compró por $ 250.000”.
En ese domicilio, permanece estos días sin exposición
pública la ex Presidenta.
Todas estas propiedades están bajo la lupa de la Justicia y
algunas están incluidas en la orden de allanamiento que fue enviada al sur.
La denuncia apunta contra la "falsificación de
documentación” y diferencias en las declaraciones de los inmuebles.