Es difícil decirle "no" a un proyecto de ley que benefician a unos dos millones y medio de jubilados (que entre otras medidas incluye cancelar las deudas con los jubilados y reajustar sus haberes un 45 por ciento). Pero la duda está en los números, en el cómo se concretará esa iniciativa.
Para empezar, el martes próximo el proyecto de ley del Poder Ejecutivo ingresará llegará al Congreso y como era de esperarse, el oficialismo le dará prioridad y celeridad. Esto significa que la labor para tratamiento arrancará la próxima semana en las comisiones correspondientes y en principio, la oposición no pondrá obstáculos en el debate legislativo, aunque tampoco le dará cheques en blanco al Gobierno: según fuentes oficiales, se trata de un monto que oscilará entre $ 47.000 millones y $ 55.000 millones para el pago de retroactivos, $ 75.000 millones anuales para las nuevas jubilaciones en caso de que se incorporen al programa los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y $ 2000 millones anuales para la actualización de los haberes de quienes se jubilen a partir de ahora.
El ex titular de Anses y diputado nacional, Diego Bossio, se mostró a favor de las iniciativas pero rechazó el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un instrumento que fue creado con la estatización de las AFJP para afrontar el pago de las sentencias y los reajustes previsionales
"Hay que cuidar el FGS porque la Argentina se encuentra en una transición demográfica de población joven hacia la tercera edad. Hacer cambios estructurales en el FGS sería un retroceso", advirtió.
Héctor Recalde, titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, señaló que "hacer justicia con nuestros jubilados actuales va de la mano con la necesidad de consolidar el FGS. De lo contrario, estaríamos trasladando incertidumbre y vulnerabilidad a futuro".
En tanto que el diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador, explicó que "la clave es el financiamiento, por eso es fundamental acceder al detalle de la iniciativa primero".
Fuente: La Nación